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JESÚS ROJAS RIVERA

Además de la complicada crisis de salud por la que estamos atravesando, comienzan a sentirse algunos efectos colaterales en la economía de las familias. Al conocer sobre la presencia en México del extraño virus que venía de la lejana China, miles de consumidores realizaron compras de pánico, sobre todo de artículos de limpieza. Poco tiempo después, conforme se supo más sobre la enfermedad, los compradores que tuvieron la capacidad de hacerlo, optaron por llenas las alacenas y los refrigeradores.

Poco a poco se configuró un escenario propicio para la escalada de precios, se veía venir, pero las autoridades estaban más preocupadas por los efectos de la pandemia en la salud, que aquello que, de manera colateral causaría en los bolsillos de millones de familias en México.

En la primera y la segunda etapa en la contingencia se mantienen abiertos comercios, mercados, tiendas de conveniencia y centros de abastecimiento en general. De vez en cuando, en ciertas ciudades y zonas, se escasean algunos productos como el cloro, el papel higiénico y diversos desinfectantes. Cosa que en cuestión de días se regulariza, podríamos afirmar que hasta hoy, el problema no ha sido de “abasto”, ni distribución considerando que el precio de los combustibles disminuye por la caída internacional en los valores del petróleo.

Tampoco en el país se reportan afectación en la producción alimentaria; ni en la ganadería, pesca, agricultura u otras. La gran cadena de industrias que producen y procesan los alimentos de los mexicanos sigue fuerte, trabajando con una prometedora proyección de consumo en el futuro inmediato.

No obstante el precio en la canasta básica va en aumento. En varios puntos del País se reportan incrementos en los productos considerados indispensables para la alimentación de las y los mexicanos. No es un problema de producción y tampoco es un problema de abasto, es un problema de abuso contra los consumidores y de especulación de mercado interno. Un tema que la autoridad debe atender de manera inmediata antes de provocar una crisis de precios.

En 1976 nace la Procuraduría Federal del Consumidor con el fin de defender los derechos del consumidor y lograr relaciones justas con los proveedores, vendedores o prestadores de servicios. México fue uno de los primeros países de América en legislar sobre este tipo de derechos.

En Sinaloa por más de una semana se han denunciado aumentos en los precios de productos de la canasta básica, principalmente en las tortillas, carne de pollo y huevo. Este encarecimiento injustificado se repite y avanza ante la incompetencia de una autoridad que lejos de dar soluciones se empeña en “regañar” a los consumidores, por no seguir los procedimientos burocráticos que el encargado de la Profeco local exige para poder “actuar”.

Miguel Murillo Sánchez no gana mal, se lleva al mes poco más de $72,000 en sueldo, más viáticos, gasolina y facturas de alimentos pagadas. Le va muy bien en un estado donde el promedio mensual de ingreso es menor a los $10,000 pesos. 

Pero más allá de su sueldo, está la tarea incumplida. La renuncia a su obligación, por flojera o complicidad, de velar por los legítimos intereses de los consumidores y mantener los precios dentro de los parámetros que la Profeco está obligada a vigilar, con denuncia o sin ella.

Mientras el novato funcionario espera sentado las denuncias y los abusadores suben los precios de los productos en sus barbas, miles de familias en Sinaloa están siendo afectadas. Los expertos indican que en una crisis, cuando se incrementa el precio de los bienes de consumo básico, la escalada se vuelve imparable. ¿Qué será de nosotros ahora que el trabajo escasea y los productos se encarecen? Tan peligroso es el coronavirus, como el virus de la incompetencia. Luego le seguimos...

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