manuel cardenas fonseca

MANUEL CÁRDENAS FONSECA

Un evento reciente nos dice cómo actúan los diputados de Sinaloa en su conformación de mayorías para mantener viejas costumbres violatorias a la Ley y a los derechos inherentes a las personas reconocidas por la Constitución.

Me refiere a la Convocatoria recientemente publicada para designar al sustituto del Comisionado que cumplirá el mandato de sus funciones el próximo mes de septiembre en la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública (CEAIPES) que hoy en día es presidida por quién en su momento trabajó al lado de Juan Millán y se sacaron de la manga una ley para que no pasara nada y engañaron a los ciudadanos que realmente demandaban acceso a la información pública. De entonces al ahora, más de 14 años, apenas estamos en condiciones de decir que a estirones y empujones se ha corregido mucho del “gatopardismo” de la Ley inicial pero el camino aún es largo ya que, por un lado, siempre la primer respuesta es “no existe en archivos la documentación solicitada” y, por otro, la designación de Consejeros es violatoria pues conculcan derechos de personas a participar.

La Convocatoria comentada adolece de incumplimientos a la Ley y trasgresión a la misma habida cuenta que si bien está apegada a derecho y a lo que establece la ley local en sus actuales términos y no cambia  los requisitos, ya no es momento de impugnarla por la vía de acción de inconstitucionalidad porque fue publicada hace tres años pero existe la vía del amparo para lo que se tiene que acreditar interés jurídico (alguien que quisiera postularse) por violaciones a sus derechos humanos:

Se está violando el artículo 1 constitucional último párrafo, relativo a la discriminación por actos que tenga “por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

-se violaría el primer párrafo del artículo 5 constitucional- “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.”

Violenta el artículo 6 constitucional que establece que los comisionados deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la propia Carta Magna, fracciones I, II, IV, V y VI (requisitos para ser ministro de la SCJN) que señala:

I Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

En ningún momento se incluye entre los requisitos constitucionales para ocupar el cargo la no militancia partidista, sin embargo, la propia Ley Federal de Transparencia incorpora otros requisitos como el no haber ocupado cargos de administración en partidos políticos o haber sido postulado a cargo de elección popular en los cuatro años anteriores (fracción IV). Estos requisitos no están en la Constitución.

Se violenta el artículo 34 constitucional fracción VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;”. En este caso la constitución federal, la local y la ley federal en la materia no establecen esta restricción aunque la ley local sí.

El artículo 109 bis-B de la Constitución de Sinaloa no establece los requisitos para ser comisionado, ni tampoco hace referencia a que lo establecerá la ley, sólo señala que el procedimiento de elección lo establecerá la ley.

Sin embargo, en el quinto párrafo de este artículo se señala: “El organismo autónomo previsto en el párrafo anterior, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos que establezca la Ley General que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho, así como por lo que establezca la Ley Local en la materia. (Adic. Según Decreto 163, de fecha 31 de octubre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial “S” N. 145 de fecha 28 de noviembre de 2014).”

Pero la ley local no es espejo de la federal.

Lo curioso es que en el artículo 41 del Reglamento local en donde se establecen los requisitos para ocupar la Secretaría del Instituto, no se establece como limitación la militancia partidista.

También podría violentarse la fracción VIII del artículo 116 constitucional: “VIII.  Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. deesta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.”

La ley local se extralimita poniendo restricciones para acceder al cargo que no se encuentran ni en la Constitución Federal ni en la Ley federal en la materia.

Bajo el principio de supremacía constitucional establecido en la Constitución federal, los requisitos establecidos están dados en la propia constitución y la ley local los sobrepasa y violenta el art. 133 constitucional. 

Finalmente, la redacción de la fracción VIII del artículo 33 de la Ley de transparencia local, es bastante confusa y ambigua y da paso a la discrecionalidad en la interpretación, ya que estable que el candidato no debe tener “militancia activa o pública y notoria” en algún partido político en los últimos 5 años. Esto puede dar paso a que por el sólo hecho de asistir a un acto político de algún partido esto se pueda considerar militancia “pública y notoria” e inhabilitar a la persona para el cargo aunque no tenga afiliación al partido. De igual forma, tal pareciera por la redacción que la condición de la militancia es que sea notoria, así que alguien afiliado a un partido que no tenga apariciones públicas podría aspirar al cargo.

En todo caso, esta limitación afectó los derechos políticos de los ciudadanos, porque para aspirar a ciertos cargos no habría que participar políticamente durante largo tiempo (derecho a votar y ser votado, y a la libre expresión de las ideas, garantizados constitucionalmente).

Como vemos, sigue existiendo “culebra” en el agua y los ciudadanos que participen para las propuestas correspondientes debieran saber de estas anomalías y espero que exista un aspirante que haga valer por la vía del amparo estas irregularidades que se cobijan en la trampa legal.

¡Muchas gracias y sean felices!

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