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JESÚS ROJAS RIVERA

Fue la noche del pasado lunes que el Congreso de Baja California comenzó un capítulo más en las negras páginas del autoritarismo mexicano. La sede de la infamia: el Recinto Parlamentario “Benito Juárez García” de la desértica ciudad de Mexicali. En una sesión extraordinaria, por acuerdo de 21 diputados se avaló la reforma al “octavo transitorio Constitucional” solicitada por Morena para ampliar el periodo de gobierno del recién electo Gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años.

Así, con la misma cara de sorpresa que usted lo está leyendo, yo lo leí. En Baja California, el órgano electoral convocó a una elección constitucional que marcaba los tiempos del encargo en dos años y para ello, los candidatos hicieron campaña, los ciudadanos votaron, se escrutaron los sufragios en las casillas, se computaron los votos de todos los municipios, el proceso se sancionó, se emitieron constancias de mayoría y Bonilla ganó.

No pasaron más de dos meses de las elecciones, cuando una “ingeniosa” propuesta se presenta en el Congreso local, argumentando que una elección en dos años sería un “gasto sustancial para el erario” y que por ende, con el fin de evitar ese gasto superlativo en “bien de la economía bajacaliforniana” se debía ampliar el periodo del gobernante electo tres años más.

Pero en esta abusiva aventura, los diputados de Morena no caminaron solos, también estuvieron de acuerdo los diputados de Acción Nacional y uno de Movimiento Ciudadano quienes fueron acusados de traidores por la Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul y el propio del “movimiento naranja”.

El dirigente estatal del PAN en Baja California, José Ovando Patrón, así como el dirigente nacional Marko Cortés, rechazaron la modificación al texto constitucional en Baja California y sostuvieron que irán a la Corte para revertir el mandato de cinco años y expulsar a los panistas que se “corrompieron” con Morena.

Resulta inadmisible el proceder del Congreso de Baja California, es un abuso evidente a sus facultades constitucionales, rompe todo principio, legalidad y certeza, abre peligrosamente la posibilidad para que otros gobernantes que consigan o coopten mayorías en el Congreso prolonguen sus periodos a capricho o a chaleco. Lo sucedido en Baja California muestra los alcances autoritarios de aquellos que estaban sedientos de poder y ahora instalados en las instituciones buscan a toda costa prolongar al máximo el fruto de sus triunfos electorales.

Además el ejemplo de Mexicali nos deja ver que los seductores aromas del poder no solo son capaces de provocar la tentación de los de casa, sino también de las oposiciones, en esa bien conocida figura del entreguismo que deja jugosas y millonarias ganancias en los bolsillos de los que se terminan “alineando”.

No dude usted amable lector, que muchos de los legisladores que en principios de semana votaron por ampliarle el periodo a Bonilla, terminarán en cargos públicos en la siguiente administración, como pago a sus servicios legislativos, como reconocimiento a la lealtad ciega que puso por delante la ambición sobre la ley.

Andrés Manuel minimiza el hecho porque para él lo mejor es que este tipo de prácticas sean constantes y en una de esas, algún legislador federal, de esos que tienen más lengua que cerebro -un Noroña por ejemplo-, pudiera tener la misma “gran” idea que los de Baja California y listo, un periodo más amplio por la ley de sus arrestos.

Será la Suprema Corte de Justicia la que termine de resolver este caso, dejando en ello un precedente importantísimo para el futuro del Estado. Hay dos caminos, dar marcha atrás a lo legislado con abuso, o permitir la imposición de un gobernante tres años más al periodo que fue electo. No cabe duda que la democracia mexicana y sus enclenques instituciones siguen bajo amenaza de aquellos que anteponen el interés sobre los altos valores de la Patria. Las prácticas más rancias de la política mexicana son de uso y costumbre para el PRI, para el PAN, para Morena y para todos. Luego le seguimos...

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