ARTURO SANTAMARIA

ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ

La pregunta que recorre México es: ¿cuándo liberarán el gasto público?

No deja de ser contradictorio que una de las críticas más constantes a Andrés Manuel López Obrador sea la de que es un furibundo populista, un echeverrista recalcitrante; es decir, un “mano suelta”, un gastador empedernido del gasto público. Pero resulta que no: que AMLO hace coincidir su muy personal espíritu austero con la astringencia presupuestal neoliberal. Hasta el momento, es el Presidente, claro son tan sólo siete meses de gobierno, que menos inversión pública ha realizado, al inicio de un sexenio, de Carlos Salinas de Gortari para acá. De manirroto, el hijo predilecto de Tabasco no tiene ni un pelo.

No obstante, la austeridad casi espartana del Gobierno Federal presidido por Morena está afectando seriamente el crecimiento de la economía nacional; y si hablamos de desarrollo, entendiendo este como el aumento del bienestar de la población, pues menos; ¿por qué? Porque los sectores más castigados del presupuesto público son los que se destinan a comunicaciones y transportes, salud y educación.

En comunicaciones y transportes se ha invertido 51.1 por ciento menos que en el mismo periodo de 2018, siendo que ese año se redujeron los recursos 16.4 por ciento en comparación a los 12 anteriores. En salud se ha recortado el gasto 22.7 por ciento, y en educación ¡81 por ciento!

¿A dónde se ha destinado más inversión pública? Al sector energético, particularmente a hidrocarburos, 3.6 por ciento, y electricidad, 8.0 por ciento.

Los críticos explican esta política económica astringente de AMLO porque destina el dinero principalmente al sector energético y a los programas de asistencia social. Según las cifras que aquí citamos, que tiene como fuente a la agencia de información Reforma, así es en el caso de los energéticos. El porcentaje destinado a los programas sociales lo desconozco, aunque en cifras redondas y en dólares se destinan alrededor de 8 mil millones de dólares anuales para los jóvenes y adultos mayores.

¿Ésta será la explicación del reducido gasto gubernamental en obra pública? Si no toda, al menos en parte, sí.

El nuevo Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, ha dicho que seguirá la misma política económica, la cual es dictada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la que se oponía Urzúa. Si esto se confirma, las inversiones en obras públicas seguirán siendo menores, al menos para la mayor parte del País, pero si finalmente se concretan los proyectos del Tren Maya, del Transístmico, del aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, el gasto aumentará sustancialmente.

La pregunta para Sinaloa es: ¿qué inversiones importantes habrá para la obra pública de Sinaloa?

Dos de las más relevantes que se anunciaron varios años antes del gobierno de la 4T, refrendadas por AMLO pero que no se han cumplido, son la terminación de la presa Santa María y el inicio del dragado para un puerto más profundo en Mazatlán. Otras obras prometidas por el Presidente López Obrador en su visita a Los Mochis el pasado mes de junio son: el inicio de la carretera Choix-Bahuichivo, terminar el dren de Bacurimí completar las obras de la presa Picachos, construir la carretera San Ignacio-Talyotita, y continuar la carretera que va de Badiraguato a Parral.

¿Habrá dinero para esas obras en 2019? Todo parece indicar que no, a menos que AMLO decida dar un giro radical en su política presupuestaria.


Posdata
La semana pasada escribí que López Obrador continuaba la tradición centralista del presidencialismo mexicano, aunque no era exactamente igual a la priista. La gran mayoría de sus críticos sistemáticos, como el periodista Raymundo Rivapalacio, han dicho insistentemente que es más centralista y autoritario que Peña Nieto o que los panistas Fox y Calderón. Bueno, pues en su artículo del jueves pasado, Rivapalacio ahora dice todo lo contrario: “El piloto del gobierno y del país, no gobierna ni guía. Reina el libre albedrío (en su gabinete) que produce un desbarajuste sistémico”. Y, además, le pide que actúe como un Presidente priista clásico, cuando escribe que “Yeidkol Polevsky y Bertha Luján (“dos miembros de su nomenklatura”) están peleándose a sartenazos sin que el Presidente ponga orden”.

Pregunto: ¿Por qué el Presidente debería poner orden en la lucha política interna de su partido, si los reglamentos no le conceden esa atribución? ¿No es acaso más democrático que no intervenga? Sin embargo, lo que sí parece cierto es que más que orden en el gabinete lo que falta es capacidad y experiencia, lo cual, finalmente, perjudica, al igual que el desorden, la marcha del gobierno y de la Nación.

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