AMBROCIO MOJARDIN

VISOR SOCIAL 

AMBROCIO MOJARDÍN HERÁLDEZ

La Cámara federal de Diputados acordó las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para definir la naturaleza, composición y funcionamiento de la Guardia Nacional (GN). El acuerdo supone dar cuerpo a la primera y más importante respuesta policial de este gobierno a la inseguridad.

 

Hasta donde se sabe, esta medida no es- y no debiera ser, vista como la solución a lo que la población considera el mayor flagelo que enfrenta. No puede esperarse que solo con la creación de esta nueva institución las cosas cambien.

 

Lo que se entiende y suena lógico, es que con la GN se tendrá un organismo más sólido y más eficiente para atacar al delito del orden federal. Un recurso del Estado mexicano, cuya integridad profesional y ética, pueda reducir a su máxima expresión las deficiencias y las debilidades por todos conocidas en las corporaciones federales que hasta hoy se han tenido.

 

Hasta donde se sabe, la GN no se propone como “la medida” para acabar con la inseguridad. Más bien, se ofrece como una medida que forma parte de una estrategia más amplia, donde se incluye la operación de varios programas sociales, económicos y culturales (p.ej. el apoyo económico a jóvenes).

 

Ofrecer o aceptar a la GN como la solución a los graves problemas de violencia e inseguridad que aquejan al país entero sería un error. Una decisión así en nada se distanciaría de la concepción y modelos que nos tienen sumidos en la paranoia social y en la descomposición histórica de las expectativas de un gran número de nuestras y nuestros niños y jóvenes.

 

La lógica nacional y las estatales que hasta hoy se han estado aplicando, han sido las de aumentar la tropa y su capacidad de fuego para atacar a los delincuentes,

asumiendo que con ello se acaba el problema. Un sinsentido con el que se quiere validar el dicho “matando al perro, se acaba la rabia”.

 

Las consecuencias ya las conocemos. Más violencia, más inseguridad, mayor descomposición de los estilos de convivencia y presupuestos para seguridad pública, que terminan siendo insuficientes.

 

Junto a la creación de la GN, el gobierno ha dispuesto varias acciones de efecto directo sobre algunas de las causas más relevantes del problema. Vale mencionar los apoyos económicos para que las y los jóvenes emprendan carrera laboral o de estudios; los apoyos para madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad, que aminoran la tensión económica de muchos grupos sociales y que contribuyen a reducir el sentimiento de exclusión con que han vivido; o la apertura de las oportunidades educativas para que nadie quede sin estudiar.

 

Las discusiones “especializadas” que antecedieron al acuerdo sobre la GN, se concentraron en cuatro preguntas centrales. ¿A cargo de quién estará la GN; un mando militar o un mando civil? ¿Quiénes conformarán la GN y cómo se integrarán a ella? ¿Cuál será el ámbito de influencia de la GN y qué relación sostendrá con los cuerpos policialees de los estados y los municipios?¿Con qué marco jurídico va a operar; de naturaleza civil o militar?

 

Todo indica que, salvo los cambios que proponga el Senado de la República al acuerdo que tomó la Cámara de Diputados, las respuestas serían las siguientes. La GN tendrá carácter y dirección civil pues dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Las estrategias y decisiones de operación se tomarán en un cuerpo colegiado que incluirá a los jefes de la propia SSC, del Ejército y de la Marina.

 

La GN estará integrada por la Policía Federal y las policías Naval y Militar. Se planea que en los primeros tres años alcance un total de 50 mil efectivos, pero al final del sexenio el número llegue a los 100 mil. De arranque tendrá 35 mil para operar en 150 coordinaciones territoriales a lo largo y ancho del país y avanzar hasta conformar 260 coordinaciones territoriales y regionales. Su formación y capacitación serán bajo una doctrina policial, que les habilite para atender labores de seguridad pública y protección civil.

 

De acuerdo con el dictamen de la Cámara de Diputados, la GN tendrá como responsabilidad lo que compete a la federación y su actuación estará sujeta a los principios del federalismo para coordinarse con los estados y municipios, en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y uso legítimo de la fuerza. Además, su actuar estará sujeto a criterios estrictos de evaluación, rendición de cuentas, control y certificación que le imponga el Senado de la República.

 

El marco legal específico de la GN se definirá en leyes secundarias que aborden todos los aspectos relevantes. Entre ellos las estructuras internas, los mecanismos de control político y jurisdiccional de sus actividades, su presupuesto y las formas para evaluar su desempeño.

 

Sin duda una decisión relevante para el país, a la que acompañan inquietudes inevitables y para la que saltan dudas significativas, ojalá con pronta respuesta. Por un lado está la que genera confirmar la participación militar en seguridad pública y lo que esto supone en materia de protección a los derechos humanos. Por otro, lo relacionado con las dificultades para hacer efectiva y eficiente la colaboración entre cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno. Por otro más, lo que tiene que ver con la urgente reingeniería para fortalecer los cuerpos policiales de los estados y municipios. Sin faltar la inaplazable mejora cuali y cuantitativamente, del funcionamiento del sistema de procuración de justicia.

 

Ya veremos qué pasa en el Senado de la República, pero por ahora los acuerdos de la Cámara de Diputados nos ofrecen la creación de una nueva institución de seguridad pública, con la composición, estrategia y operación que prometen dar un golpe de timón a la inseguridad pública nacional. Esperemos que se concrete de la mejor forma, pero mientras hay que ir avanzando en lo que a cada uno nos toca, poner el ejemplo para tener una sociedad más sana y más justa. ¿O usted qué opina?

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