OSWALDO DEL CASTILLO

El mes julio significó para muchos mexicanos el mes de la intolerancia. De los medios de comunicación, de los empresarios mexicanos y de todos aquellos que por cualquier motivo se oponían a que el Presidente de México fuese al vecino país del Norte para agradecer la ayuda por los equipos sanitarios recibidos en apoyo a los enfermos del COVID-19 y del apoyo de ese país para que México no redujera en 250 mil barriles al día de su producción de crudo a petición de la OPEP por el mes de mayo. Fueron demasiados los opinadores que no aprobaban la visita de AMLO a Washington argumentando que el Presidente de México iría solamente a hacerle el caldo gordo a Donald Trump en su campaña política para su reelección al segundo periodo de su mandato, en cuyo caso las elecciones serán este noviembre que viene. Sabemos que hay mucho en juego con este asunto del juicio de Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, hoy detenido por vínculos con el Cartel de Sinaloa y por lavado de dinero, además por conspirar contra ese país del Norte. El mes de julio también ha significado el desbordamiento del virus SAR-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19 que en México la suma de fallecimientos llega, lamentablemente, a las 42 mil personas. La pandemia empieza a disminuir, pero nadie asegura que pronto estaremos a salvo de un repunte como lo ha demostrado China con el reciente repunte de contagios.

La llegada de Emilio Lozoya Austin a México por una petición personal de ser extraditado de España para acogerse al criterio de oportunidad que México les otorga a los delincuentes por aportaciones importantes en sus declaraciones que impliquen a otros culpables de los delitos que se le imputan al ya vinculado a proceso por las autoridades mexicanas. Nadie ha visto a Emilio Lozoya, al menos la prensa no ha obtenido imágenes de él ni cuando arribó a la Ciudad de México.

Lo cierto es que ya ha empezado a declarar, y con ello, a involucrar a personajes de la política mexicana y a empresarios vinculados en los procesos ilegales que en el gobierno de Peña Nieto se hicieron de manera generalizada. Desde el caso de la empresa Odebrecht con aportaciones de dineros para ser utilizados en campañas políticas y hablamos de un poco más de 10 millones de dólares, la venta a PEMEX de una planta de hidrogenados, hasta la compra misma de fertinal, plantas consideradas chatarra compradas por la paraestatal por cientos de millones de dólares. De igual manera se le inculpa de soborno a Emilio Lozoya, con cientos de millones de pesos, a los legisladores de aquél entonces por haber aprobado la Reforma Energética, bajo la figura del Pacto por México; acuerdo político económico y social para impulsar el desarrollo, y construir una sociedad de derechos, con el pretexto de disminuir la pobreza y la desigualdad social, dicho acuerdo que firmaron el PAN y el PRI y otros partidos. Se pensó, como se piensa siempre, que las cosas no irían más allá de una simple amenaza de detención, pero todo indica que los procesos para vincular a otros, va en serio. De lo anterior podemos desprender que los inculpados por corrupción serán muchos y muchos

habrán de responder a la justicia que ha llegado a México, al parecer, para quedarse.

Mientras transcurría la visita de Andrés Manuel López Obrador en el vecino país del norte, el ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, con al menos 11 órdenes de aprehensión pendientes en aquél estado, fue detenido en Miami, Florida. El abanderado del PRI enfrenta acusaciones de los delitos de peculado, desvío de recursos y corrupción. Se estima que César Duarte dejó una deuda pública por más de 48 mil millones de pesos al estado de Chihuahua. Se le han descubierto propiedades más grandes que la misma ciudad de donde gobernó, con ganado de altísimo valor comercial. El caso de César Duarte implica el desvío de recursos del erario estatal para uso de campañas políticas de donde se desprende la famosa “Operación Safiro”, donde se ven inmiscuidos nada menos que el mismísimo ex presidente Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Luis Videgaray y otros que irán saliendo conforme se les vaya llamando a declarar. La “Operación Safiro” fue un desvió de más de 650 millones de pesos a 7 estados de la república mexicana con 12 empresas fantasmas. Los sietes estados involucrados son: Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta. Todo bajo el acuerdo de las autoridades del SAT de aquel entonces, en que saliera a la luz pública por este organismo “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” quien lo diera a conocer el 21 de noviembre de 2018.

Sin duda que a la mazorca ya le faltan varios granos y se le irán cayendo conforme el proceso avance.

En el caso de Ayotzinapa, con la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el inculpado de la PGR de aquél entonces Tomás Zerón, que huyera de México a Canadá, ya es buscado por la Interpol. Seguramente una vez aprehendido dará nombres que nos sorprenderán a todos, y el sistema que los cobijó, desde aquél fatídico día 26 de septiembre de 2014, se derrumbará por completo.

Responsable

Dr. Oswaldo del Castillo Carranza