50 AÑOS DESPUÉS; 2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA ****

VISOR SOCIAL

AMBROCIO MOJARDÍN HERÁLDEZ

No se necesita un análisis muy profundo para darse cuenta que, muy a pesar de la variedad de instituciones y programas preventivos existentes, muchos delitos no solo no ceden, sino que tienden a incrementarse cada día en nuestro estado. Tal es el caso de los delitos conocidos como sociofamiliares, entre los que destacan las violaciones sexuales y la violencia familiar, que comprende el maltrato infantil y la violencia de pareja.

 

DAmbrocio-Mojardin-Heraldeze acuerdo con el Semaforo Delictivo, aplicado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, durante los últimos años y especialmente en el primer cuatrimestre del 2014, los delitos en mención fueron a la alza. En violaciones sexuales, aunque aún se sigue por debajo de la media nacional, comparado con el año 2013, el incremento promedio fue de 20 porciento, con aumentos escandalosos en algunos municipios, que duplicaron la incidencia. En violencia familiar el incremento fue de 38 porciento, con municipios donde el incremento se acercó al 70 porciento.

Es importante decir que, de acuerdo con los datos presentados, alrededor del 70 porciento del total de estos delitos en el estado, se concentraron en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave. Curiosamente, los municipios que mayor actividad preventiva registran y que mayor cantidad de recursos reciben para tal propósito. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué se necesita para que los programas que se aplican den resultado?

Es plenamente conocido en ciencias del comportamiento que el origen de las conductas antisociales es complejo, que se consolidan con el tiempo y cambiarlas, o prevenirlas, es costoso y lento. También se sabe que la posibilidad de solución y prevención de esos comportamientos es nula, si las estrategias con que se quieren cambiar, no están fundadas en el conocimiento científico del problema y se dirigen puntualmente a las causas del mismo.

Prácticamente ninguna institución oficial, u organización no gubernamental, hace investigación de campo para sustentar sus programas de acción. En el mejor de los casos, operan a partir de conocimientos generales sobre los problemas que quieren prevenir o atacar, pero más frecuentemente deciden lo que van a hacer, a partir de lineamientos globales, definidos en el escritorio. Así, aún las mejores intenciones, están condenadas a tener bajos, o nulos resultados.
 
Una forma de superar tal condición es asegurar que en su operación cotidiana cuentan con los mecanismos para hacer investigación, directamente relacionada con sus propósitos. Sería deseable que tuvieran su propio departamento de investigación, pero eso puede considerarse oneroso. Al menos, debieran establecer alianzas con las instituciones de educación superior y los centros de investigación del estado para desarrollarla. Frecuentemente hay convocatorias que ofrecen financiar esta actividad y que pueden reducir, o resolver, las necesidades económicas que se derivan de ella. La inversión no sería mucha, pero el producto de ella haría la diferencia, a favor de la sociedad.

Muy en sintonía con lo anterior, la celebración del “Día internacional sin tabaco”, el 31 de mayo llegará en nuestro país, con cifras que deben preocuparnos. El reporte más reciente de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) indica que, en relación al consumo de tabaco, México presenta cifras que van en dirección opuesta a los propósitos de sus programas.

Lejos de disminuir, el número de personas que fuman se incrementó en alrededor del 10 porciento y la edad de inicio a fumar bajó hasta los 8 años. La población de mayor incremento en el fumar es la de las niñas entre 10 y 14 años; alrededor del 12 porciento de ellas fuman. Su promedio de consumo está en los 7.1 cigarrillos al día, una cifra superior a la de los adultos de entre 21 y 55 años, que es de 6.7 cigarrillos diarios.

La Secretaría de Salud estima que el costo de la atención a las enfermedades asociadas al fumar es de alrededor de 60 mil millones de pesos al año. Esto, sumado al costo de los programas preventivos para ello, hacen una cantidad que supera el presupuesto nacional del 2014 para investigación y desarrollo científico.

Los datos empíricos nos dicen que seguir operando programas sin sustento científico y evaluación contínua, seguirá siendo de mucho más costo que instituir la investigación como recurso permanente para la toma de decisiones. ¿O, usted que opina?

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