ARTURO SANTAMARIA
ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ

La división de poderes nunca había existido en Sinaloa por lo menos desde la etapa posrevolucionaria. Y no había existido porque el PRI y sus antecesores PARM y PNR tuvieron la arrasadora hegemonía del poder durante 90 años.

Durante los seis años de Malova tampoco hubo una independencia del Legislativo ni del Judicial ante el Ejecutivo porque, a pesar de que formalmente el Gobernador no militaba en el PRI, en realidad el tricolor siguió gobernando a través de una fracción que voy a llamar no institucional, la cual tenía totalmente subordinados a sus aliados panistas y perredistas. El PRI no institucional comandado por Malova sometió sustancialmente a los otros dos poderes oficiales.

Precisamente una de las características del viejo régimen a nivel federal era el sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo; la obediencia de San Lázaro y Pino Suárez a Los Pinos. En 1997 el Legislativo empezó a cobrar independencia, y también en algunas decisiones no estratégicas lo hizo la Suprema Corte de Justicia durante el pasado gobierno de Peña Nieto; sin embargo, el equilibrio entre los tres  poderes en esa anterior etapa no era un hecho claramente establecido.

Con el arribo de AMLO a Palacio Nacional nuevamente se desdibuja la autonomía del Legislativo ante el Ejecutivo por el pleno dominio de Morena en San Lázaro, pero se conserva la del Judicial, en gran medida por la cercanía de la mayoría de sus integrantes con el PRI y el PAN.

Sin embargo, a nivel de los estados, y por lo menos en Sinaloa, mientras el PRI ocupó el Tercer Piso y tuviera el control del recinto del Boulevard Culiacán, no se experimentó la fórmula de equilibrio gubernamental que el barón de Montesquieu observara en Inglaterra en el Siglo 18 y lo elevara a una teoría y a la vez modelo político de equilibrio democrático.

En México los hechos dictan que para observar una real división de poderes tanto en el plano federal como en los estatales es necesario que un partido tenga la titularidad del Ejecutivo y otro u otros la del Legislativo.

Así pues, en Sinaloa, gracias a que Morena y sus aliados, en la coyuntura histórica que se abrió el 1 de julio de 2018, se hicieron de la mayoría en el Congreso del Estado, y a que el PRI tiene  en sus manos el Ejecutivo, se contempla el hecho inédito de una clara división de dos poderes. La reasignación del presupuesto que hizo la bancada de Morena y sus aliados a la propuesta del Gobernador tiene una connotación política de gran envergadura. Y también observamos que, inesperadamente, el Poder Judicial, por tradición ligado al PRI, también se opuso al Gobernador Quirino Ordaz Coppel al emitir una controversia constitucional en contra de él por haber modificado el presupuesto que el Poder Judicial calculó para el ejercicio fiscal de 2019.

Ambos hechos son verdaderos acontecimientos históricos, pero es evidente que la Suprema Corte de Justicia del estado de Sinaloa no se hubiese atrevido a asumir tal postura si el PRI mantuviera el control del Legislativo. Gracias a la mayoría de Morena y sus aliados se ha podido ver un acto inédito.

A escala municipal, aunque reduciendo la experiencia a Mazatlán, vemos también hechos políticos no vistos con anterioridad. Ahí la Síndica Procuradora Elsa Bojórquez está cumpliendo plenamente su papel, algo que antes nadie había hecho, al ventilar controversias legales al seno del mismo gobierno local y llevarlas a la opinión pública. La Síndica Procuradora ha expresado marcadas diferencias, particularmente con el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura; titular del Órgano Interno de Control, Octavio Padilla Díaz, porque éste no observó el caso de la empresa Nafta Lubricantes que tiene demandado al Ayuntamiento por la millonaria cantidad de 300 millones de pesos y que a la vez era vendedora de gasolina al mismo gobierno municipal durante las administraciones del priista Fernando Pucheta y el panista de Carlos Felton.

La figura de Síndico Procurador precisamente se creó para vigilar las acciones de un gobierno municipal y defender los intereses ciudadanos, y eso es justamente lo que ha entendido la Síndica mazatleca y lo está llevando a la práctica.

Si las transformaciones político gubernamentales que aquí se reseñan muy rápidamente se consolidan a largo plazo, estaremos viendo parte de la contribución sinaloense a la construcción de un nuevo régimen político en las escalas estatal y municipal.

Sin embargo, sin cambios profundos a nivel federal que se afiancen en una  nueva estructura será prácticamente imposible que a nivel estatal y local se avance decididamente hacia un nuevo régimen político.

 

Posdata

La matraquera que se vivió en todo Sinaloa, y más estruendosamente en Culiacán y Navolato, no fue una celebración de Año Nuevo sino una verdadera exhibición de poder ostentoso y, de paso, una descarada burla a las instituciones de gobierno.

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