alcaraz ernesto

COLUMNA VERTEBRAL

ERNESTO ALCARAZ VIEDAS

El camino más seguro y promisorio de todo gobernante es actuar bajo el mandato constitucional y regir sus decisiones bajo el imperio de la ley. Juramentó cumplirla y hacerla cumplir. Tales compromisos refieren experiencias propias y de otras naciones que han sido objeto de ingobernabilidad y de golpes de estado, entre otras expresiones. Por algo está inscrito en la Constitución a la que se compromete por igual, salvaguardar.

Pero Andrés Manuel López Obrador como candidato y ahora como Presidente caminan por un camino estrecho y cuestionable del Estado de Derecho.

No es que su visión sea estrecha, pero sí muy particular y contradictoria con respecto a las normas legales que rigen el ejercicio gubernamental.

La ley no es de uso discrecional, y menos que esté sujeta a la libre aceptación de los hombres del gobierno y de la ciudadanía. Si hay abusos de autoridad, actuar, y si de ahí se derivan delitos, someterlos a juicio respetando el debido proceso. Y que la falta sea proporcional a la pena. Una sociedad civilizada merece eso.

La Cuarta Transformación puede seguir el trazo político de la innovación, de la corrección y/o cambio de régimen, pero sin pensarlo dos veces, deberá transitar por la ruta de la legalidad. De ser facultativa del poder para unos y de observancia plena para otros, es tanto como inducir a la corrupción.

No es del agrado social mayoritario que alguien que haya incurrido en delito no reciba una sanción, o se ponga a consideración de un plebiscito para que se autorice al Ejecutivo Federal promueva su sanción. Es obligación del ministerio público someterlo a una investigación institucional y solicitar la acción penal, en caso de resultar culpable. Es lo que se hace normalmente con las personas involucradas en estos casos. ¿Por qué la diferenciación? Y peor, ¿por qué se promueve desde el Poder Público?  

El discurso del Presidente confunde: que “no voy a ejercer ninguna cacería de brujas”. O que “la venganza no es mi fuerte” Desde luego que no, y se entiende. Esto sería abuso de poder. Pero aplicar la ley a los culpables, no es signo de venganza. Es, llanamente, Justicia legal. Si ya acusó en la plaza pública y narra hasta el modus operandi de los pícaros, ¿qué lo detiene para que la PRG, hasta hoy institución de la estructura orgánica del Ejecutivo Federal, inicie las averiguaciones? ¿Decidirá de nuevo por una consulta popular?

Ya sabe que una consulta a modo, le va a decir unánimemente que lo haga. Y lo va a ejecutar, porque del mandato popular procede. Sí, pero 29 veces más de ciudadanos votaron por él y le confiaron ejercer y sanear el Poder Ejecutivo. Va a quedar mal una vez más con la opinión pública y las críticas y división ciudadana se repetirán.

Deseamos que detenga la corrupción. Es una reclamación de siempre. Pero con la seriedad que en todo proceso institucional procede. Sin distinción jerárquica alguna, condición socioeconómica o compromisos políticos. Es su oportunidad para certificar que la balanza de la Justicia llegó con la verdadera intención de igualdad ante la ley y sin preferencias políticas.

Lo repito. López Obrador, en su protesta como Presidente, juramentó cumplir y hacer cumplir la ley, y se comprometió velar por la prosperidad de la Nación. Y, así como ha dicho que la Corrupción es el peor daño para el progreso de México, pues que actúe en consecuencia. Está comprometido con ello. Debe poner el ejemplo de rendir sus cuentas propias, y comprometerse que las ajenas, seguirán el mismo procedimiento y serán igualmente sancionados quienes los hayan cometido.      

Para la Justicia no hay letras chiquitas, sino grandes motivos de confabulación y complicidad para la corrupción. No le demos curso, atajémosla con ley en la mano. Cero Tolerancia a la Corrupción y a la Impunidad. Esa letra chiquita sólo se entiende, cuando se procede a la consulta popular. Un motivo que nadie lo ve, y sólo unos pocos lo entienden. Ahí se asienta la exclusión ciudadana y la inconformidad social.

Más allá de los términos constitucionales y principios legales, ya muy analizados, asentar que la consulta será la constante en la operación del gobierno, pervierte la Justicia y debilita la Democracia directa. Ante ello, el Ejecutivo federal sufre severas críticas y empeora, sin necesidad, la polarización social.

El Presidente ya dimensionó, con acierto, el agravio social por la corrupción. Cuenta con autoridad moral para encabezar esa causa para su erradicación. Para ello se requieren cambios constitucionales, institucionales y cimbrar en la cultura mexicana nuevas formas de convencimiento, vivir en el orden y la legalidad: ¡Vivir en el orden y la Civilidad!