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MANUEL CARDENAS FONSECA

MANUEL CÁRDENAS FONSECA

Tal parece que se hubieran puesto de acuerdo para que el mismo día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional, por 9 votos, toda la Ley de Seguridad Interior, para que el Presidente Electo presentara su Plan de Paz y Seguridad y nos sorprendiera con el anuncio de la integración de una Guardia Nacional compuesta por policías navales, policías militares y policía federal, bajo el mando del Secretario de la Defensa Nacional.

Tanto tiempo debatiendo y rasgándonos las vestiduras por la militarización formal del país que habría con la Ley de Seguridad Interior (que ya en los hechos sucedía) y en un instante, con un anuncio que rebasó nuestra imaginación más aguda, nos quedamos sin habla y sin comprender a ciencia cierta la propuesta que se presentaba.

Quiero decir que como Senador, sugiero fui el legislador que más combatí la Ley de Seguridad Interior, porque estaba convencido (como bien lo señaló la Suprema Corte) que el Congreso no tenía facultades expresas para legislar en la materia y porque esta ley no era de seguridad interior, algo no definido en la Constitución Política y tampoco en las leyes salvo una mención en el Código militar, sino que pretendía atender bajo este concepto, tareas de seguridad pública como “una extensión” (lo que quiera eso decir) de la seguridad nacional, con la participación preponderante de las fuerzas armadas, con lo que se violaba el artículo 21 constitucional aún vigente que establece que las “instituciones de seguridad pública serán de carácter civil” (en esto también la Corte me dio la razón).

Pero sobre todo, combatí esta Ley, porque estoy convencido que no corresponde a las fuerzas armadas estar en las calles atendiendo problemas de seguridad pública, porque no es su función constitucional, no están capacitados para hacerlo, ni son entrenados con ese propósito. La presencia ilegal de las fuerzas armadas en muchas regiones del país, durante los últimos 15 años, son la mejor muestra de lo ineficaz que ha resultado involucrarlos en tareas de seguridad pública: la violencia, la delincuencia y la inseguridad han crecido exponencialmente en el país y, lo más grave, la violación a los derechos humanos de la población se ha convertido en una práctica muy frecuente. No tenemos más que mirar las múltiples recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las fuerzas armadas, por levantamientos, desapariciones forzadas y otras tantas ilegalidades ¿De quién serán tantas, miles de fosas clandestinas en el país?

Pero aún más, la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ha propiciado el desmantelamiento de las policías estatales y municipales, en muchos casos debido a la complacencia, negligencia e irresponsabilidad de los gobernantes locales, pero también a la falta de atención y recursos destinados a estas corporaciones.

Esta presencia militar en las calles, ha generado también un círculo perverso de complicidades y componendas, sólo así podemos explicarnos cómo muchos militares en retiro se convirtieron en estos años, en secretarios de seguridad pública en muchos estados del país, al mando de policías ineficientes, ineficaces y corruptas, que sólo dieron y dan resultados negativos y qué decir del sistema carcelario en los estados bajo el mando, también, de militares en “retiro”.

Sin duda, el panorama de los cuerpos de seguridad pública en el país es terrible. Las policías son insuficientes, mal capacitadas, sin armamento, muchas de ellas infiltradas e invadidas por la corrupción y desde hace años invadidas de militares.

Intentar resolver el problema de la inseguridad en México ante este escenario devastador no es tarea fácil y mucho menos si se intenta dar resultados en el corto plazo.

Puedo entender que se tengan que tomar medidas urgentes para atender un problema tan grave haciendo uso de lo que se tiene porque no se cuenta con el tiempo para construir un nuevo andamiaje institucional con cuerpos de seguridad pública civiles adecuados en todo el país. Pero las medidas urgentes, en mi opinión, siempre deben ser temporales, transitorias y llevar aparejadas estrategias de construcción de adecuadas corporaciones de seguridad pública, que vayan, poco a poco, sustituyendo a quien actúa en la emergencia. Me refiero a un proceso de transformación (y construcción por supuesto) de los cuerpos de seguridad pública, no a su sustitución por un ente distinto.

La Guardia Nacional que se anuncia será la encargada de las tareas de seguridad pública prácticamente en todo el país y estará integrada por los elementos de la policía federal más 36 mil elementos de la policía militar y 10 mil de la policía naval, para alcanzar un total de entre 120 mil y 150 mil que operarán en 266 coordinaciones territoriales en todo el país. Todos ellos, estarán bajo el mando del Secretario de la Defensa, un militar.

Se nos dice que no se está militarizando la seguridad pública, porque los policías navales y militares no son realmente soldados, sino que cumplen otras tareas. Yo no tengo dudas, son militares formados para la fuerza letal y forman parte integral de la Marina y de la Defensa, forman parte de sus instituciones y cumplen funciones dentro de sus instituciones y por lo tanto, no están capacitados para tareas de seguridad pública.

El que el Secretario de la Defensa sea el encargado de la Guardia Nacional y que sea un militar, le da un carácter muy particular a esta institución, su organización y mando será castrense sin duda. Otra cosa sería, como lo he planteado muchas veces, que el Secretario de la Defensa sea un civil como sucede en muchos países del mundo.

También se señala que guardias similares como la Guardia Civil española y la Gendarmería en Francia. Pero allá son guardias civiles sí, bajo el mando de la defensa para cuestiones de organización interna, pero también bajo el mando del ministerio del interior en su operación. Estas agrupaciones sí participan en la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otras más, porque en la Unión Europea estos temas están catalogados como de seguridad interior, no de seguridad pública como en México.

En realidad, lo que está haciendo la propuesta es utilizar una figura constitucional vieja con un contenido nuevo. La Guardia Nacional está contemplada en la Constitución desde 1857 y tiene antecedentes previos. Si bien nunca ha sido regulada, siempre se ha tenido claro que es una agrupación integrada por civiles, que tiene como propósito apoyar en las tareas de seguridad nacional y de seguridad interior (no en seguridad pública). Su carácter es temporal y complementa la labor de las fuerzas armadas en estas materias.

El martes pasado, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas a la Constitución sobre seguridad interior y ahí queda clara la orientación que se dará a este cuerpo. Se reforman 15 artículos de la Constitución entre ellos el 21, para eliminar la disposición de que la seguridad pública debe estar a cargo de civiles, para sustituirla por la disposición de que la guardia nacional será el órgano encargado de la seguridad pública.

Se elimina de la fracción XV del artículo 73 constitucional la posibilidad de que las entidades federativas tengan guardias estatales y algo preocupante es que en la fracción VII del artículo 89 se faculta al Presidente de la República para disponer de las policías auxiliares que operen fuera de sus entidades. Asimismo, se elimina del texto constitucional las disposiciones relativas a la obligación de los ciudadanos de integrarse a la guardia nacional. Estas modificaciones le quitan el carácter ciudadano, civil, a la Guardia Nacional, para convertirla en una corporación de seguridad pública con formación militar, con mando militar y con operación nacional.

Preocupa también que en la propuesta del gobierno electo no se hace referencia alguna a la necesidad de fortalecer las agrupaciones policiales de los estados y municipios.

Yo sigo pensando que la labor de las fuerzas armadas en las calles no ha sido efectiva y que no están preparados para realizarla. Imagino que a Cienfuegos le costó lo que haya sido, vivir en la contradicción y la historia juzgará su incongruencia al tener que reconocer en su propia voz que ni sirven para eso ni están preparados formalmente e instruidos académicamente para el caso.

Sigo pensando que debemos tener una estrategia alterna para fortalecer los cuerpos policiales civiles en todo el país para el inmediato, mediano y largo plazos, pero no advierto nada en las políticas públicas, programas y presupuesto de las entidades federativas para cumplir la obligación que les impone la ley y, eso, de parte de los involucrados (órdenes federal y estatal de gobierno) es corrupción. Quiero darle a esta propuesta el beneficio de la duda, si esto se refleja en mayor seguridad en el país y si no se violan los derechos fundamentales de las personas, pero nuevamente la arquitectura jurídica da mucho que desear. La incontinencia legislativa sigue, los costes los seguiremos pagando con vidas, dinero, incertidumbre, miedo, salud. El tiempo dirá.

¡Muchas gracias y sean felices!

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