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ARTURO SANTAMARIA

ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ

Andrés Manuel López Obrador ha convertido la sencilla frase de un ciudadano tijuanense en su tesis política estratégica: separar el poder económico del político, que podría decirse también de otra manera: separar el poder del gran capital del poder del Estado.

Tal planteamiento no quiere decir, interpreto, que el gobierno presidido por AMLO pretenda ignorar en sus políticas a los grandes magnates, pero sí querrá decir que no los va a privilegiar, como ha sucedido desde Miguel de la Madrid y más acentuadamente con Enrique Peña Nieto.

El objetivo del hijo predilecto de Macuspana no será nada fácil de cumplir porque nunca en la historia mexicana, ni la de muchos países del mundo, los capitales oligárquicos, extranjeros y nacionales, han sido tan poderosos. Y lo son, en gran medida, porque el Estado, en nuestro suelo, ha sido puesto a su servicio a lo largo de cuatro sexenios priistas (De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo y Peña Nieto) y dos panistas (Fox y Calderón). Lo peor es que, con frecuencia, lo han hecho con sus cuates y compadres.

Los grandes capitales no están nada contentos con la primera gran decisión en política económica del inminente Presidente Constitucional. La cancelación del NAIM ha provocado la iracundia de la inmensa mayoría de los empresarios más grandes de México y la preocupación de numerosos organismos financieros internacionales. Pero algunos empresarios de la construcción, como ICA y Grupo Hermes, ya se están acomodando con los futuros gobernantes. Es decir, en última instancia, no hay posición monolítica de los capitanes de empresa del país. Y de paso, AMLO demuestra con este acercamiento que no es anti empresarial, sino que busca la autonomía del Estado para responder más equilibradamente a las necesidades del conjunto de la población mexicana. 

El trotskismo, una de las ramas del marxismo del Siglo 20, decía que intentar la autonomía del Estado frente al conjunto de las clases sociales, y sobre todo ante las dueñas de capital, es algo parecido a una ilusión; sin embargo, hay evidencias históricas, incluso recientes, particularmente en América Latina, donde el Estado logra reducir los privilegios de los grandes capitales beneficiados por gobiernos neoliberales; por ejemplo, durante los mandatos de Lula, en Brasil; Néstor Kirchner, en Argentina; Mújica, en Uruguay; y Evo Morales, en Bolivia; donde se tuvieron tasas de crecimiento superiores a los gobiernos neoliberales y, además, redujeron sustancialmente la pobreza.

En México, AMLO sigue contando con tan amplio respaldo político popular que demuestra que puede contener a los que se sentían dueños de México. Sin embargo, ese apoyo político mayoritario que posee se puede desgastar rápidamente. La consulta por el tema del aeropuerto, por ejemplo, fue desaseada, aunque políticamente importante. AMLO sin recurrir a marchas, paros laborales u otra medida de movilización popular clásica, demostró que las masas están con él. Pero ese desaseo no se puede repetir en ninguna circunstancia y a ningún nivel. Morena no debe ni puede, si quiere construir algo distinto, reeditar las viejas prácticas priistas y que también adoptaron el PAN y el PRD.

Una de ellas, la que puede desatar una corrupción imparable, es que en los diferentes niveles de gobiernos de Morena cunda el familismo amoral y el influyentismo. El familismo amoral, es una suerte de capital social negativo, dice Edward Banfield, donde familiares y amigos aprovechan cargos o lugares estratégicos para ayudarse mutuamente y beneficiarse por encima de los mecanismos legales y éticos establecidos.

En los corrillos sinaloenses suenan las alarmas de que en varios de los municipios donde va a gobernar Morena, alcaldes y funcionarios federales del mismo partido, han colocado o van a colocar a familiares suyos en otros municipios o dependencias a cambio de que otros alcaldes y funcionarios federales coloquen a sus familiares en los gobiernos amigos. Es decir, para que no los acusen de nepotistas van cambalachear o “catapixear”, diría el clásico Chabelo, puesto por otro puesto con sus amigochos de Morena.

Esto lo han hecho priistas, panistas y perredistas cuando han gozado del poder, y se dice mucho, que lo va a hacer Morena en algunos municipios de Sinaloa. Incluso, según escribió Ernesto Hernández en Noroeste, ya lo hizo como Diputada local la ahora legisladora federal Merary Villegas.

Si esto es cierto, además de ser una burla a la ética que propone AMLO, van a traicionar la lucha y las intenciones de varias generaciones de mexicanos que aspiran a un México republicano, cívica, política y éticamente democráticos. De confirmarse este rumor desde un inicio, al menos en Sinaloa, se estarían minando los cimientos de una cultura política diferente y tirando por la borda la posibilidad de que Morena continúe en el poder.

 

Posdata

Estoy con los ambientalistas: haber construido el aeropuerto en Texcoco hubiese producido, a corto plazo, es decir, en 5 o 10 años, una crisis ambiental permanente en el Valle de México que habría generado, a su vez, una enorme crisis económica y social con repercusiones nacionales. Santa Lucía y Toluca conllevan complejos problemas logísticos y de comunicación, pero, finalmente, eran las opciones menos perjudiciales vistas las cosas a futuro. Por si fuera poco, dejó claro quién manda en México.

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