alcaraz ernesto

COLUMNA VERTEBRAL

 ERNESTO ALCARAZ VIEDAS

            Porque la desconfianza ciudadana está al límite de su tolerancia, es necesario que los actores se pronuncien por la renovación del Sistema Político. La causa es simple y sencilla: El Estado Mexicano ha perdido o cedido el control de una gran parte del territorio nacional. Es decir, estamos ante estados dominados por el narcotráfico, cuyas secuelas son la violencia y la criminalidad. El monopolio de la fuerza dejó de ser dominio de las fuerzas de seguridad pública. Hoy, el poder y el control es del crimen organizado.

            La cifra es terrífica: 25.4 millones de personas adultas fueron víctimas del delito en 2017. Y este 2018, junto con el mes de septiembre, son considerados los más violentos de la historia delincuencial en México. El Estado de Derecho está en bancarrota, y con él, la democracia constitucional. Eso es en gran medida responsabilidad del gobierno en sus tres niveles de actuación. De ahí los graves índices de irritación y temor por la desatada violencia.

            Pero este trance emocional originado por la violencia y la criminalidad tiene a las estructuras de procuración e impartición de justicia, en el extremo de la desconfianza. Fallos judiciales, por incompetencia del ministerio público y colusión de los jueces, alteran cada vez más los estados de ánimo de la ciudadanía. Es correcto entender que errar es de humanos y perdonar es divino. Igual es comprender que quien cede los espacios sirve para que otros los ocupen.

Y así sucede con las autoridades federales, estatales y municipales. Se limitan y diluyen sus estrategias ante la dominante capacidad de acción de las bandas criminales. O, la omisión e irresponsabilidad del gobierno de atender esos escenarios de conflicto.

Sepa Usted cómo se dio el paso a una de las arbitrariedades jurídicas y legales en la procuración de Justicia de que se tenga memoria: La PGR reclasificó el delito de “delincuencia organizada”, que supone 20 años de cárcel y lo declara como “asociación delictuosa” para que la pena sea apenas de 9 años de prisión y con la posibilidad de ser reducida a 2 o 3 años. Intereses en juego hicieron de la justicia, un acto de impunidad. 

Que porque se declaró culpable de la acusación que le convenía, se le redujo el castigo. Pero no resarce el daño patrimonial ni financiero, y en lo absurdo, le aplican una multa de 58 mil pesos cuando las indagatorias hacen saber de un monto de miles de  millones de pesos. Este hecho en perjuicio del erario público es para la Sociedad en general, una burla y un atropello a la legalidad.

Epicteto, filósofo griego, entre muchas otras frases expresó una que tiene vigencia y pertinencia en el tiempo y la distancia: “El infortunio pone a prueba a los amigos, y descubre a los enemigos”.  Y así ha sido la impartición de justicia en México. No es posible dejar de manifestar nuestro  repudio y la condena social a la forma como la justicia endosó en el caso de Javier Duarte toda su incompetencia jurídica y la selectividad para ejercer y emitir las resoluciones judiciales. Tasaron muy barata la justicia, pues pesó más la permisividad para robar y saber callar, que el cumplimiento del debido proceso. 

Esta deshonrosa conducta del Poder Judicial y otros hechos recientes en la presente administración justifican el por qué la confianza social se agotó. Mire Usted: En 1990, el nivel de aceptación social entre los mexicanos era de 34 por ciento. Actualmente, es de apenas 11%. Y sobre el gobierno, es de apenas 12 por ciento. No creemos en nadie, ni entre nosotros mismos. Desde Elba Esther Gordillo hasta César y Javier Duarte y otros más que por salud mental y personal no los menciono, son causa de tal descrédito al gobierno y al Estado todo. Lo peligroso de estas facetas impropias de las autoridades de procuración e impartición de justicia nos puede llevar al desbordamiento social.  

Yo por eso creo, que el “borrón y cuenta nueva” de López Obrador en favor de los sinvergüenzas de hoy y de ayer, no embona con el clamor de la sociedad. El castigo contra cualquier prevaricador debe ser la pauta jurídica a seguir. No se puede seguir permitiendo que se erosione la disminuida confianza ciudadana. Incluso, es benéfico para el nuevo gobierno porque ante la incertidumbre, ya se le cuestiona  los alcances y beneficios de sus propuestas. Que la desconfianza y el pesimismo permeen en la sociedad mexicana, no son buenos augurios.