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SERGIO RAMÍREZ RIVERA

Uno de los eventos que en razón de vida, resulta igual o más angustiante para toda persona, es ser consciente de la inminencia de la muerte física, en tratándose de la propia o de algún Ser querido. Lo mismo que acusar la ausencia o ignorar el paradero y destino de quien se ama o más grave, llegar a sufrir la desaparición forzada de uno mismo o de algún familiar.

En Sinaloa, hablar de desapariciones forzadas es hablar de “levantones”; y viceversa, hablar de “levantones”, es hablar por igual de desapariciones forzadas.

La desaparición forzada acaso, se ha venido significando por ser uno de los actos criminales que a la par del secuestro, tiende a redimensionarse con mayor agudeza en la psique personal y social, no sólo en tratándose de víctimas directas e indirectas, sino del resto de la misma colectividad, provocando ambientes de incertidumbre y tensión social, lo mismo el aumento en la percepción de los riesgos de victimización social.

Sin embargo, más allá del estado de psicosis social que este mismo hecho pudiera contraer, son los familiares los que por igual, llegan a padecer el vía crucis que significa el desgastante y largo proceso de revictimización que con frecuencia les es infringido por las mismas autoridades, no sólo durante el tiempo de búsqueda y localización de la víctima, sino de exigencia de información, investigación y obtención de justicia.

Además de los eventos criminales como los asesinatos en pleno espacio público, las desapariciones forzadas han venido a ser una práctica criminal demasiado socorrida en Sinaloa, producto de la grave impunidad que a esta le precede. Lo mismo unas veces, ejecutado por miembros de la delincuencia organizada; y otras, por sujetos contratados exprofeso; y que en tratándose de la autoría intelectual, lo mismo se ha llegado a referir a miembros de la delincuencia organizada, que a algunos otros actores políticos del estado, quienes producto de la corrupción y del abuso de Poder, llegan a ordenar y en su caso, a ejecutar dicho acto criminal. Lo cierto es que, cada vez se hace más invisible la línea divisoria que pudiera delimitar la responsabilidad entre unos y otros, en tratándose de esta práctica criminal.

Por otra parte, resulta por demás oportuno señalar que de esta práctica se destaca el hecho de que no existe exclusividad alguna, para la victimización; ya que sin importar edad, religión, status social y económico, se registran actualmente hombres y mujeres, de indistinta profesión u ocupación, sea de carácter público o privado. E igual su ejecución puede llevarse a cabo en cualesquier espacio de socialización, tiempo o ámbito público o privado. De tal suerte, que de entre las víctimas puede advertirse a Activistas sociales, periodistas y profesionales de diversas Especialidades y Artes. A Escritores, Analistas políticos y Críticos de los gobiernos en turno. Estudiantes, jóvenes –hombres y mujeres-, Empresarios de cualesquier actividad económica y miembros de las Corporaciones policiales, de diferentes grados en la cadena de mando. Es decir, hoy en día, en Sinaloa, no existe miembro alguno de la sociedad civil, que pueda encontrarse exento de sufrir un atentado como la desaparición forzada.

Es la Desaparición forzada un hecho delictuoso que no obstante y consecuencia de su grave y persistente impunidad, se encuentra a la alza en nuestros días. Impunidad que hay que subrayar, se viene acumulando dado el creciente número de víctimas, producto de la “casi nula” por no decir “nula” investigación criminal en que las autoridades de la fiscalía General del estado incurren con frecuencia, al adjudicar tal hecho a la “delincuencia organizada”, o a los cárteles criminales. Hecho que se da por visto, les resulta suficiente para justificarse y no continuar con la investigación de desaparición forzada, que no obstante por ley, están obligados a hacerlo. En consecuencia, oficialmente se apuesta al olvido social, esperando a que tanto los familiares como la misma ciudadanía, terminen por ignorar las causas y los responsables intelectuales y materiales de la ejecución de tan protervial crimen.

Así las cosas, y sin otro ánimo más que el puntualizar y acentuar sobre las íes, la percepción social que de menor a mayor grado se logra, al vivir prácticamente en un estado de indefensión social en los diferentes contextos de violencia, criminalidad e impunidad en Sinaloa.

Finalmente, resulta oportuno recordar que en tratándose del ejercicio de gobierno, toda política pública sin presupuesto suficiente, resulta por sí misma pura demagogia.

En este caso, habrá ser no sólo el Poder ejecutivo en Sinaloa, sino también el mismo Poder legislativo, quienes deberán de proveer el presupuesto que con suficiencia merece la entidad oficial responsable de la investigación de los casos de desapariciones forzadas y en su caso, de las investigaciones forenses que lleven a la plena identificación de las víctimas; lo mismo que, se determinen recursos para proveer los apoyos que prioritariamente requieren los grupos de buscadoras que infatigablemente luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos.

**Intervención de MC Sergio Ramírez Rivera, Presidente del Colegio Profesional de Criminólogos, Victimólogos, Criminalistas y Forenses de Sinaloa, A.C, en la inauguración del FORO de Participación y Seguridad Ciudadana, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

 

30, 08, 18

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