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SERGIO RAMÍREZ RIVERA

  • Es por demás, impostergable el cambio hacia una política criminal integral con cambio de paradigma y con énfasis en la prevención social de delito.

La perversión de los principios en la gobernación del Poder y las prácticas de corrupción que de menor a mayor grado, en sus modalidades diversas, continúan siendo producentes del debilitamiento institucional y el actual quebrantamiento en las estructuras del estado. En particular, de las instituciones que se integran al entramado del sistema estatal de seguridad pública y de justicia, lo mismo que del sistema penitenciario.

Son aspectos que entre otros, resultan útiles para llegar a explicar la pérdida de credibilidad y legitimidad de las instituciones; pero también para intentar responderse, porqué se ha venido generando de manera constante y progresiva, una profusa reproducción de ambientes de amplia incertidumbre y por ende, de un innegable aumento en la percepción de los riesgos de victimización social. Condición que por sí misma, llega a advertirse como un franco estado de indefensión social, donde la impunidad prevalece y retroalimenta los visos de ingobernabilidad.

Sinaloa, es un estado donde prevalecen los escenarios donde el MIEDO social y la incertidumbre ciudadana permea los ambientes colectivos de las ciudades y las comunidades rurales, lo mismo que en los asentamientos ubicados en la agreste serranía como en las localidades asentadas en la región del valle y las costas de la entidad.

Ejemplo de ello, se encuentran de inmediato en la continuidad de unos y el aumento de otros más de los delitos, que por su frecuencia vienen afectando el orden social. Así es como se tiene la continuidad de los homicidios dolosos y el aumento de los homicidios culposos; los asaltos bancarios; los robos con violencia de vehículos y de negocios; los robos con violencia a personas; el aumento progresivo de feminicidios y de violencias intrafamiliares, lo mismo que el incremento de la incidencia de lesiones dolosas; los robos a casa habitación y lo más reciente, réplica periódica de desplazamientos forzados grupos de familias de comunidades asentadas en la región serrana.

Ante una realidad que no sólo hiere y lacera la dignidad de la sociedad, no se puede negar que, más allá de todo aquello inherente a la violencia social y criminalidad, que paulatina y progresivamente aniquila y cercena a los más caros miembros de numerosas familias sinaloenses, los extremos a que ha llegado la impunidad criminal en el estado, claramente dejan entrever el fracaso que para el interés del orden social, ha representado lo que por un lado, puede definirse como de política criminal; y por otro, la cuasi total decepción que ha causado el equívoco de la presencia del personal militar que actualmente se encuentra a cargo de las instituciones civiles de seguridad pública, en tanto estatal como de los 18 municipios del estado.

Hoy en día, es común observar en las autoridades que más que preocuparse y ocuparse de la problemática de la violencia social y el crimen, se vienen ocupando más de cómo emitir nuevas justificantes, con las que habitualmente, se pretende excusar y paliar las ineptitudes concurrentes, como las insuficiencias y deficiencias de quienes actualmente se encuentran encargados del entramado institucional con que por cierto, se integra el sistema estatal de seguridad y justicia, lo mismo que el sistema penitenciario en Sinaloa.

Situación que refiere puntualmente la ausencia de políticas de prevención social del delito, ampliada, en todas sus acepciones y significantes. Lo que por otro lado, invita a pensar en la falta de voluntad por romper esquemas por demás rebasados e incongruentes a la realidad del contexto de violencia social que nos apremia.

Producto vale decirlo, de una determinada omisión por parte del Poder Ejecutivo Estatal, al imponer la “mano dura”, de cuyo reflejo fiel es la intervención castrense en la entidad, en contracorriente de la tendencia internacional, donde otros países vienen implementando nuevos y diferentes paradigmas de prevención social y de seguridad ciudadana, al priorizar políticas económicas y sociales promoventes de la inclusión social y dirigidas a fortalecer la cohesión social entre los diferentes colectivos.

En mientras, la agudización de las violencias y el aumento de la frecuencia delictiva como la intensidad con que se producen, se replica y se continúa, provocando el aumento de la percepción de victimización social entre los diferentes colectivos.

El incremento de la violencia criminal al igual que los robos a casa habitación y el asalto bancario; los robos con violencia a comercios y la continuidad de las ejecuciones y asesinatos de personas en los espacios públicos, son sólo algunos datos que dan prueba inefable de la inutilidad referida a los gastos millonarios que la actual administración ha realizado, lo mismo que a la ociosidad en que estas han llegado a incurrir, tal y como recientemente lo admitieran respecto al desuso y desaprovechamiento del “dron” cuyo coste fuera de más de tres y medio millones dólares.

Por otra parte, actualmente se carece de políticas públicas de carácter económico cuya aplicación resulte útil para generar nuevas y mejores opciones productivas que a su vez, sean replicables y promoventes de más y mejores empleos, con mejores ingresos; pero también, igual se carece de políticas sociales, que más allá de las políticas asistencialistas tradicionales, se generen estrategias y mecanismos diferentes de intervención para promover la acción solidaria de importantes segmentos sociales que incidan en la formación social de las presentes y nuevas generaciones.

Propuestas

  1. Vigencia plena de la autonomía municipal y el fortalecimiento de la policía preventiva municipal. Salida del personal militar de las Corporaciones policiales.
  2. NO al mando único policial; y SI, a la democratización de la Seguridad ciudadana a través de la descentralización del estado de fuerza policial para la prevención social del delito y la seguridad ciudadana.
  3. Generar políticas públicas dirigidas a fortalecer la cohesión social promovente de nuevas políticas de prevención social del delito en su acepción más ampliada.
  4. legislar para definir de manera puntual, la función de las fuerzas castrenses en tiempos de paz, como COADYUVANTES Y AUXILIARES de las autoridades civiles, cuando estas así lo requieran, especialmente para la realización de operativos especiales en la región serrana y para el combate de grupos criminales, en tiempo y territorio previamente determinado.
  5. Ubicación estratégica de cuarteles militares en distintos puntos de la región serrana, como estrategia disuasiva de la violencia criminal.
  6. Generar políticas públicas dirigidas a promover la formación social de los jóvenes y la participación solidaria en el desarrollo comunitario.

**MC Soc. y Criminólogo, Presidente del Colegio Profesional de Criminólogos, Victimólogos, Criminalistas y Forenses de Sinaloa, A.C. FORO DE PARTICIPACIÓN y SEGURIDAD CIUDADANA. Jueves 30 de agosto del 2018