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ARTURO SANTAMARIA

ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ

 

El pasado miércoles, ante académicos mexicanos, la próxima directora de Conacyt, el Rector de la UNAM y Carlos Slim, uno de los grandes beneficiarios de la política económica que se adoptó desde el sexenio de Miguel de la Madrid, Andrés Manuel López Obrador dijo que es necesario escuchar a los científicos porque “está terminando un modelo que se aplicó por más de 30 años y que, como es evidente, no ha funcionado; es una política económica fracasada”. Y agregó: el neoliberalismo ha dejado cifras poco alentadoras en lo económico, en lo social, en la seguridad y en lo científico.

En América Latina, el modelo económico neoliberal, que tiene como una de sus máximas reducir y, si es posible, eliminar la intervención del Estado en la vida económica de las sociedades, promoviendo que exclusivamente “la mano invisible del mercado” marque su rumbo, tuvo sus momentos de auge, es decir, de alto crecimiento económico, aunque nunca impidiendo la concentración de la riqueza en la cúspide de sus elites, en Chile, Perú o Panamá, para mencionar tres países, pero en México su desempeño fue muy por debajo del modelo nacional desarrollista de las dos décadas anteriores. En realidad, en México esa propuesta económica ha sido uno de las más mediocres de la región. Mientras que Chile logró en una de sus mejores etapas un promedio de crecimiento superior al 7 por ciento México, de 1988 a 2017 escasamente superaría el 2 por ciento.

Si sumamos el sexenio de Miguel de la Madrid a los posteriores, incluyendo los de Fox y Calderón más el de Peña Nieto, se van a cumplir 36 años de una gris conducción económica en el País.

Ahora, López Obrador se propone enmendar la plana. Ha calculado, y prometido, que México, al término de su sexenio, habrá crecido económicamente por lo menos 4 por ciento. Plantea elevar los ingresos de la mayoría de los asalariados, sobre todo de los más pobres, reducir el desempleo, aumentar la inversión pública y privada, nacional y extranjera, elevar la productividad, mantener la estabilidad cambiaria, etc.

AMLO plantea regresarle protagonismo económico al Estado para tales propósitos. Primero, evitando y combatiendo la corrupción, destinando los recursos públicos, que antes se iban a los bolsillos de los funcionarios, a proyectos sociales amplios e incluyentes. Segundo, mediante el ahorro y la austeridad en las instituciones públicas, reorientando  los gastos del Estado. Tercero, recuperando la propiedad pública de Pemex, saneándola y haciéndola productiva. Cuarto, invirtiendo en ciencia y tecnología mexicanas, entre otras metas.

Por supuesto que lo anterior no bastaría para lograr un mejor desempeño económico pero lo que se quiere destacar es que el Estado, sobre todo a nivel federal, tiene que jugar un papel más activo, austero y honesto, comprometido con los diferentes sectores de la sociedad. ¿Pero qué sucede a nivel de los estados y los municipios?

Es muy cierto que la Federación tiene  un enorme peso en la recaudación y distribución de los ingresos públicos y, por lo tanto, en la definición de la política económica nacional, pero si en el segundo y tercer nivel de la estructura del Estado mexicano no hay una conducción que siga de cerca las líneas que marca el gobierno central, muchas de las metas que se propone AMLO no se podrán concretar.

Tan sólo contemplando los gobiernos estatales y municipales donde ganó Morena ¿qué tanto se cumplirá la austeridad, la honestidad, la eficiencia y la inversión pública acertada?

López Obrador, en su intervención durante el más reciente Congreso de su partido, pidió que no se imiten “las lacras” de la vieja política, como el influyentismo, el amiguismo, la corrupción, etc. Pero, ya varias voces, dentro y fuera de Morena, no ven que en varios de los principales municipios de Sinaloa, sobre todo en la capital, para hablar de un caso, se cumplan las indicaciones de su líder nacional en la constitución de los equipos de trabajo.

Y si lo anterior puede convertirse en un problema para Morena, también lo puede ser la relación con los gobernadores que no son del mismo signo. Los priistas, por ejemplo, tienen la costumbre de subordinar a los alcaldes, prácticamente como si fueran sus empleados y no hubiese autonomía jurídica y política. Algunos gobernadores recurren a la seducción y otros a la imposición en su relación con los presidentes municipales y, cuando esto sucede, lo que prevalecen son las decisiones y los planes de los inquilinos del Tercer Piso.

Los alcaldes de Morena van a tener que luchar con inteligencia y dignidad, y sobre todo con la Constitución de Sinaloa en la mano, para que Quirino Ordaz les respete su autonomía. Mencionemos el caso de Mazatlán: aquí el Alcalde electo, Guillermo Benítez Torres, ha exigido, al igual que una asociación de ingenieros, que se socialicen los planes de una obra que impulsa el Gobernador en el puerto, pero ambos fueron ignorados, al menos públicamente, porque los trabajados ya se echaron a andar. Con justa razón, el edil mazatleco ha exigido que se le tome en cuenta porque la obra la va a recibir él. 

Ni Quirino Ordaz, ni ningún otro Gobernador, pueden ignorar ya la opinión y las atribuciones de los Ayuntamientos, cuando se toman decisiones que afectan la vida de los municipios. Se tiene que establecer una  nueva relación si es que se quiere concretar la Cuarta República. Pero esta, lo más seguro, no nacerá porque la quieran los gobernadores tradicionales sino porque la exijan un nuevo tipo de alcaldes. Aunque, quizá, ya en funciones, se vean obligados a pedir apoyo político de Palacio Nacional.

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