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Sergio Ramírez Rivera 

Para hablar de criminalidad en Sinaloa, antes habría que revisar algunos aspectos que entre otros, resultan fundamentales para intentar explicar la problemática de la violencia criminal y la inseguridad ciudadana, lo mismo que la alta impunidad que le aventaja y le supera. En ese cometido, es que se alcanza a distinguir de entre la “cosa pública”, las prácticas de CORRUPCIÓN que en sus diversas modalidades, vienen impactando gravemente la estructura institucional del estado. Situación que por sí misma, bien puede llegar a interpretarse como la matriz más representativa y producente de condiciones favorables a la generación de ambientes de ingobernabilidad y que durante la última década, han venido agudizándose con mayor énfasis, en el pasado (des)gobierno de Mario López Valdez. Ingobernabilidad que por cierto, ha llegado a trascender la temporalidad de los gobiernos, en tanto los acontecimientos diversos que continúan impactando la realidad cotidiana de las diferentes regiones del  estado.

Prueba y testimonio de ello, son las serias contradicciones que a través del conflicto social, se vienen registrando en todas y cada una de las regiones de la entidad, teniendo de sobra, innumerables ejemplos, producto de su ocurrencia frecuente. De entre los que se mencionan, el aumento de las violaciones al estado de derecho y la alta impunidad criminal; el incremento de la violencia intrafamiliar y los delitos de carácter sexual, con énfasis en la victimización femenina. Los homicidios dolosos y los feminicidios; las desapariciones forzadas (levantones) y los desplazamientos forzados. Particularmente de estos últimos, en la región serrana, consecuencia de los vacíos de autoridad que en esa región prevalecen y a la profunda desatención con visos de marginación y exclusión social. Situación que les mantiene en la  indolente marginación de los beneficios de la inversión pública, a diferencia de las ciudades y comunidades ubicadas en los valles y las costas de la entidad.

En esta misma región y en tratándose de la protección social y la seguridad de la población, resulta por demás innegable reconocer las condiciones de franco estado de indefensión social en que se encuentran las familias de estas Comunidades, frente a los grupos de criminales que de facto asientan sus reales por encima de estos pueblos, a base de hostigamientos, desapariciones forzadas, crímenes, saqueos y “cobros de piso”, lo que en consecuencia, con periodicidad provoca el abandono de comunidades, y el cierre de empresas (mineras) asentadas en estas regiones.

Así entonces, entre prácticas de corrupción, simulaciones, omisiones y negligencias, lo mismo que entre insuficiencias y deficiencias de la pasada y la presente administración estatal, sigue observándose la continuidad criminal en todo el estado, con la prolongación de unos delitos (homicidios dolosos, robos de vehículos con violencia, etc.) y el aumento de otros (los feminicidios y las lesiones dolosas; los delitos patrimoniales y los robos bancarios; el robo a negocios; los relacionados a la libertad y la seguridad sexual, las violaciones; y la violencia intrafamiliar).

Si bien, es justo reconocer que las condiciones que favorecen el ambiente criminal, fueron heredadas del régimen de MALOVA, la impunidad criminal que desde entonces se agudizara y se heredara a la actual administración, también es justo decir que no sólo no se ha reducido sino que se mantiene en su continuidad.

Y es que para los colectivos ciudadanos, la constante que se tiene del crecimiento de los crímenes del orden común como de alto impacto, lo mismo que los delitos de “cuello blanco”, es porque no han sido debidamente atendidos y encauzados por las autoridades estatales. Ejemplos hay muchos y de variada índole; basta con mencionar que de entre los que se han destacado más últimamente –además de los homicidios dolosos-, son los delitos de “cuello blanco”, dado su impacto social y trascendencia, el alcance en su extensión temporal, y el grado de afectación al erario público y a la dimensión de su impacto en la sociedad gobernada.

Por ello, es importante traer a colación las prácticas de corrupción y los actos de delitos que se cometieran dentro del sector salud y que por lo publicado posteriormente, predominaron durante el pasado régimen de gobierno de Mario López Valdez. De ello, da constancia el propio ex-titular del sector Salud en Sinaloa, quien por cierto, recientemente admitiera su culpabilidad en hechos de delito, y en los que igual se acusara e implicara a otros, que fueran sus subordinados. Si bien, ya se han determinado algunas resoluciones sobre el caso, para la ciudadanía éstas no han sido las mejores; particularmente en el caso del ex-secretario de salud; en tanto, el clamor popular de que, más allá de llegar a ejercer castigo penal sobre los responsables, también se debieran recuperar las sumas millonarias y devueltas al sector salud, las mismas que fueran detectadas y registradas por la Auditoría Superior del Estado como producto de estos ilícitos.

Ahora bien, cabe mencionar que en el seguimiento que la ciudadanía lleva de este proceso, viene observando que en tales hechos no han sido adecuadamente investigados ni tampoco han sido debidamente calificados en cuanto a la definición de los tipos delictivos en que se supone, estos actos se enmarcan; ya que con base a la información publicada en los medios de comunicación, el contexto y la frecuencia en que fueran ejecutados dichos eventos bien podría haberse llegado a configurar la delincuencia organizada, de lo que luego procedería su vinculación a proceso. Sin embargo y por lo que se vio, para la fiscalía General las evidencias encontradas en este caso criminal, no fueron suficientes para configurar dicho delito. Lo que finalmente, deja entrever para la vox populi, que la actuación de la fiscalía, más bien fue consecuente a la prevalencia del entramado de intereses propios de los grupos de Poder.

Por otra parte, y en tratándose de los significantes de prácticas de corrupción, la corrupción de los principios del buen gobierno y la incongruencia de la gobernación reflejada en la disociación que se viene generando por el propio titular del Poder Ejecutivo Estatal desde el inicio de su administración, la ciudadanía “a ojos vistas”, ha llegado a calificar de “ligereza” la forma en que la autoridad estatal, toma las decisiones y hace uso de sus atribuciones para ejercer el gasto de los recursos públicos. En cuanto a que, la opinión pública ha venido criticando que dicho gasto, no se corresponda a la debida utilidad pública y más aún, a la prioridad social que le debe justificar.

De lo anterior, existen variados ejemplos donde el actual régimen estatal, ha venido siendo pródigo, dada la frecuencia con que éste incurre en el gasto de este tipo, pudiendo hacer énfasis en el sur del estado –léase Mazatlán-, hasta el extremo del mismo despilfarro. Y todo ello, frente a la sospechosa permisividad de un Congreso local cuasi cooptado en su totalidad por el mismo Poder Ejecutivo (que vale decirlo -¡al fin!!- está por concluir); sin importar, dicho sea de paso, las ingentes necesidades y prioridades sociales de una población que se muestra cada vez  más, con una mayor desconfianza hacia las mismas autoridades, que llega a percibir, no hacen nada por aliviar la incertidumbre y los riesgos de victimización no sólo delincuencial, sino oficial, producto de someterse a los riesgos de padecer los excesos y abusos de las propias autoridades. Condición que por otro lado, viene reproduciendo y en su caso, agudizando los ambientes de constante tensión e inconformidad social.

Continúa…

Colegio Profesional de Criminólogos, Victimólogos, Criminalistas y Forenses de Sinaloa, A.C.

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