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ARTURO SANTAMARIA

 

ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ

 

¿Estamos atestiguando el fin del presidencialismo omnímodo y con ello el fin del eje rector de la cultura política priista que se extendió al conjunto del sistema político mexicano?

La pregunta surge al escuchar el discurso de Andrés Manuel López Obrador después de recibir la constancia de Presidente electo. El político de Macuspana dijo: “el Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes. Cada quién (en referencia al Congreso y al Poder Judicial) actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República. El estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad”.

De concretarse esta declaración estaríamos ante un hecho de gran relevancia para la historia del País.

Antes de dar una opinión sobre este tema, habrá que recordar que lo que el tabasqueño propone eliminar se refiere a la tradición metaconstitucional del presidencialismo mexicano en la cual el titular del Ejecutivo controlaba las principales decisiones de los poderes Legislativo y Judicial, anulando en la práctica la división constitucional de los tres poderes. De lograr tal propósito estaríamos dando un paso más en la consolidación democrática de la República, la cual no debe ni puede limitarse a la celebración de elecciones competidas y al respeto a la decisión mayoritaria.

Sin embargo, no habrá que confundirnos y pensar que desaparecería el presidencialismo constitucional porque este continúa.

Dentro de las facultades constitucionales del titular del Poder Ejecutivo federal, nos dice Jorge Carpizo, está la de “ser el jefe de la administración pública y gobierno como Poder Ejecutivo y personalizar la estructura orgánica del Estado como jefe de éste. Desde esta perspectiva tiene la facultad para nombrar y remover libremente a los miembros de su gabinete, así como a los funcionarios importantes; es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas; puede celebrar tratados y negociaciones diplomáticas; propone, promulga y ejecuta las leyes que expida el Congreso de la Unión; convoca al Congreso a sesiones extraordinarias; habilita toda clase de puertos y establece aduanas marítimas y fronterizas; presenta a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia, etc.”.

Las atribuciones constitucionales que en México se le conceden al Poder Ejecutivo son muchas pero las metaconstitucionales han sido, en realidad, políticamente más importantes; así que, si efectivamente estas desaparecen, se estará construyendo una real Federación, una República democrática verdadera.

El Presidente de origen priista era el jefe de su partido, el elector de los candidatos de su partido a Gobernador; el principal legislador en las dos cámaras, la autoridad real del Poder Judicial, y hasta el año 1994 eligió al Presidente que lo relevaba. Esas eran atribuciones que estaban fuera de los marcos legales.

Estas características se reprodujeron en cada estado de la República, donde los gobernadores priistas elegían a los candidatos a la Cámara de Diputados y solo obedecían las indicaciones del Ejecutivo estatal. Los gobernadores también decidían quienes eran los candidatos a alcaldes, y en los tiempos más autoritarios del PRI sus candidatos, al ser “destapados”, eran automáticamente los próximos legisladores y presidentes municipales. El voto no contaba.

En la actualidad, esperemos que en los estertores de esta cultura política autoritaria, los gobernadores priistas, como lo podemos constatar en Sinaloa, a pesar de todo continúan haciendo lo mismo.

Esta manera de hacer política la aceptaron por largas décadas la gran mayoría de los mexicanos porque estaba prácticamente naturalizada. Veían como “normal” que el Presidente y los gobernadores, e incluso los alcaldes, decidieran arbitrariamente sobre los legisladores federales y estatales y los regidores. No había división real de poderes, ni autonomía de los partidos para tomar sus decisiones. Los titulares de los ejecutivos, en sus respectivos niveles, eran los mandamases. 

En 1988 las mayorías mexicanas decidieron ponerle un alto a esa política autoritaria concediendo la mayoría de los votos a Cuauhtémoc Cárdenas pero un golpe de Estado electoral decidido por Miguel de la Madrid y ejecutado por Manuel Bartlett, hoy absuelto por López Obrador, frustraron el intento. En 1997, con la mayoría legislativa en manos de la oposición al gobierno de Ernesto Zedillo se cuarteó una de las atribuciones metaconstitucionales del presidencialismo priista.

En 2000, con el triunfo de Fox se abría una gran oportunidad para borrar el corporativismo y el autoritarismo priista pero el gobierno del señor de las botas no quiso hacerlo. Y Felipe Calderón menos, porque imitó a los presidentes priistas al maniatar a su partido y controlar a sus legisladores.

¿Será esta la hora de los funerales del presidencialismo metaconstitucional, como lo promete AMLO?

El contexto histórico actual, con una ciudadanía más crítica, activa y autónoma, ofrece mejores condiciones para así lograrlo. Pero, para que se dé el primer paso firme, MORENA, para empezar, con sus militantes, legisladores, gobernadores y alcaldes debe demostrar juicio y decisión propios ante López Obrador a partir del 1 de septiembre y sobre todo desde el 1 de diciembre. Y el Presidente habrá de demostrar con hechos concretos el respeto a los otros poderes, a los gobernadores morenistas y a su partido. Actuemos para que sea así.

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