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JORGE GUILLERMO CANO


POLÍTICAS PÚBLICAS Y
EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO
(CUARTA PARTE)


*Problemas, políticas públicas y educación  
*Los objetivos, en el plano declarativo
*Y no se ha pasado del discurso

Las líneas, directrices y estrategias comprendidas en las políticas públicas tienen como referente natural las prioridades del desarrollo en el ámbito de referencia; desarrollo de orden general, se entiende, por lo que las diversas acciones del poder público deben ser consistentes con los objetivos en esa dirección.
En ese orden de ideas, la educación, en tanto quehacer fundamental del Estado para la preservación y progreso del colectivo, ha de ser consistente con los requerimientos que plantea el contexto derivado de un esquema relacional emergente.

Desde la definición de diccionario, el término esquema hace referencia a una representación gráfica de algo, atendiendo a sus características más notables, y relación alude a situación entre cosas, correspondencia y nivel entre las partes que se representan en el esquema.

Así, por esquema relacional entiendo una estructura  representada y configurada de manera que deriva a formas específicas de operar nexos entre las partes, de acuerdo con una lógica que se desprende de la configuración esquemática. Y emergente porque surge de una realidad diferenciada en la cual encuentra sentido.

Por tanto, no es novedad radical el marcado énfasis en la importancia de lo educativo en su relación con el desarrollo nacional, pues siempre ha estado presente con las naturales diferencias y matices que determinan épocas y circunstancias.

UN ENFOQUE UTILITARIO

En el plano mundial, fue a principios de los años sesenta del siglo pasado que “algunos economistas empezaron a sostener que la educación era (junto con la investigación) una de las claves del crecimiento económico: a un país le interesaba invertir masivamente en ese sector” (Husén, Torsten, “Problemas contemporáneos de la educación”, en Sobre el futuro de la educación hacia el año 2000, UNESCO, Narcea, Madrid, 1990, p. 41).  

No se trataba solamente de capacitar al individuo para enfrentarse con éxito a los retos emergentes de la sociedad, sino también de proporcionar “las técnicas y las competencias adecuadas para facilitar su ubicación cuando las modificaciones estructurales de la economía necesitaban reorientaciones de carrera” (Idem).

Aunque recuperable en sentido lato, el que se refiere a la función social designada, se trata de un enfoque utilitario de la educación en el sentido de su adecuación a nuevas exigencias de las economías; la atención creciente, en un proceso que fue a más desde esos años a la fecha, pondría el acento en esa característica, primordialmente.

En la actualidad, en los debates sobre la relación educación-desarrollo nacional, se da por sentado que el desarrollo social y económico de un país depende de que logre formar profesionales competitivos, que tengan como referencia el contexto mundial y sus exigencias emergentes.

A las instituciones de educación superior se les emplaza a que rediseñen su oferta educativa, considerando la realidad global y los parámetros que impone para la competencia entre las economías, partiendo de referentes como la interdependencia y la interacción entre los países.

LAS ADECUACIONES PRAGMÁTICAS

Las exigencias de (buena) calidad y excelencia a la educación superior (y a la educación, en general) presentan un común denominador: que formen profesionales con las destrezas necesarias para poder participar en un contexto emergente, atendiendo a sus directrices y observando sus parámetros.
Un problema que presenta esa relación unidireccional es que la perspectiva que se asume como social, particularmente en los últimos tiempos de la Globalización (perspectiva que en estricto no es de carácter general), se impone sobre lo que podemos ubicar como una visión universitaria en extenso; es decir, la adecuación, de común acrítica, tiene a subsumir en su pragmática el quehacer todo de la Universidad.

En la visión universitaria, comprehensiva de su naturaleza y su quehacer designado, la función se definiría en un marco de equidad y corresponsabilidad, sobre la base del interés común, de modo que la identidad institucional sería correspondiente a los objetivos más relevantes y generales de la comunidad de referencia, aunque en puntual relación con los de orden general.

De no ser así, puede suceder que se haga de la universidad, aún sobre el reconocimiento declarativo de su esencia como espacio de la reflexión y creación de conocimiento, un elemento de logística en el entramado del capital en expansión.

LUGAR DE LA EDUCACIÓN EN LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE MÉXICO

La educación, en todos sus niveles, y la educación superior en particular, con diferencias de matiz e intensidad (por ejemplo, las directrices y exigencias para la educación superior hasta los años sesentas eran diferentes a las que se presentan en tiempos de lo global) así como de estrategias puntuales, siempre han ocupado un lugar de primera importancia en el discurso oficial del Estado mexicano.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 del gobierno mexicano, se precisa que “las políticas públicas que impulsará se distinguirán por una franca decisión de promover la innovación en todos los ámbitos siempre bajo el imperativo de acrecentar el desarrollo humano”, expresando “la convicción de que la educación es uno de los factores privilegiados para el acceso al conocimiento y, en consecuencia, para lograr el bienestar y el desarrollo de las personas” (Programa Nacional de Educación 2001-2006, p. 216).

UNA CUESTIÓN RETÓRICA, NADA MÁS

Al evidente carácter declarativo, enunciativo de propósitos cuyas formas de concreción no se puntualizan, se suma lo reiterativo, lo que ha sido una constante del discurso educativo oficial en el gobierno mexicano.

En 1989, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, expresaba en su Plan nacional de Desarrollo que “se buscará una educación primaria universal, más firme y más útil para la vida; una educación secundaria y media superior mejor definidas y más flexibles en las opciones que abre; una educación superior de excelencia e innovaciones, donde el mayor financiamiento respalde la mejor organización, y una educación abierta que restituya y abra un futuro de oportunidades a los más necesitados...” (Salinas de Gortari, Carlos, Discurso de presentación del Programa para la Modernización Educativa, en PME 1989-1994, Poder Ejecutivo Federal, 1989, México).

Desde el punto de vista de la productividad, entendida como la contribución evaluable en la lógica del crecimiento económico, desde el gobierno de Salinas a la educación se le vio más como un insumo, un “componente de la producción”,  por lo que se precisa “asegurar la calidad de sus productos, incrementar su productividad, abatir sus costos, racionalizar el uso de sus recursos físicos, financieros y humanos”.  Todo ello, “por encima de otros valores educativos que no son tan relevantes o que ya han quedado en la obsolescencia” (Idem).

EL ANTES COMO EL DESPUÉS

En el Plan Nacional de Educación 2001-2006, se enfatiza que: La educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías; y para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento. También es un factor para impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia social, la consolidación de la democracia y de la identidad nacional basada en nuestra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la población.

En ese orden de ideas, “Un sistema de educación superior de buena calidad es aquél que está orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país; es promotor de innovaciones y se encuentra abierto al cambio en entornos institucionales caracterizados por la argumentación racional rigurosa, la responsabilidad, la tolerancia, la creatividad y la libertad; cuenta con una cobertura suficiente y una oferta amplia y diversificada que atiende a la demanda educativa con equidad, con solidez académica, y eficiencia en la organización y utilización de sus recursos” (PNE, p. 183).

LA IMPORTANCIA ES INDISCUTIBLE

La importancia de la función educativa en las estrategias y prioridades del desarrollo siempre ha estado presente en el discurso oficial y únicamente ha tenido variantes, en el énfasis que determinada visión particular del equipo gobernante le confiere a ciertas exigencias del entorno nacional e internacional.

El tratamiento de lo educativo como "la esperanza de la nación" es una constante (entonces y ahora). El objetivo principal, se dice en el subprograma respectivo de aquel PNE, “es impulsar el desarrollo con equidad de un sistema de educación superior de buena calidad que responda con oportunidad a las demandas sociales y económicas del país, y obtenga mejores niveles de certidumbre, confianza y satisfacción con sus resultados”.

La imprecisión sobre los modos específicos de hacer realidad los altos objetivos, destaca igualmente en prácticamente todos los programas educativos. Es así porque un rasgo que distingue a las políticas públicas en nuestro país, particularmente las del sector educativo, consiste en que la responsabilidad es asumida en el discurso, pero al contrastar propuestas y resultados el balance es de común desfavorable a los segundos. Incluso desde la enunciación de los grandes objetivos, el lenguaje revela resistencias al compromiso definido.

PERO NO SE PASA DEL DISCURSO

Es en ese contexto que el lugar social del quehacer educativo reviste la mayor importancia en el discurso político y se ubica como factor central en el discurso sectorial.

Pero si la educación es objeto de la política, incluso factor primordial en las propuestas desarrollistas de los gobiernos, la politización de la academia no es bien vista, antes al contrario es objeto de rechazo y hasta de condena. Si acaso se habla de una cierta “preparación política”, que oculta la intención de lograr aceptaciones acríticas del status, mas no la actoría política y menos en el ámbito de la política real, la que se ejerce desde el Estado y sus componentes. (Continuará).

(El autor es licenciado en educación (UPN), Maestro en Ciencias de la Educación (UAS) y Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad doctoral en Desarrollo Educativo (UAM-Xochimilco).