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Ernesto alcaraz v
COLUMNA VERTEBRAL

ERNESTO ALCARAZ VIEDAS


Es lamentable que denunciar un presunto delito tan recurrente, como es el acoso sexual, pueda llegar a convertirse en una crisis constitucional. Sin duda, cualquier ciudadano acusado por el mismo delito estaría pasando una severa crisis personal y familiar, y sin duda, buscando cómo defenderse y solventar el conflicto a favor. Tendría sólo dos opciones: esperar que se haga justicia o estar dispuesto a pagar su culpa.    
El acoso sexual no es un tema que genere asombro, pero sí alerta. Abultados expedientes residen en los juzgados, pues es una conducta tan indeseada como recurrente. Sólo hay que recordar el conflicto de Bill Clinton con su becaria Mónica Lewinsky que sacudieron las estructuras políticas de Estados Unidos. Se impuso la cordura política e institucional: seguramente se enmendó el delito en especie a favor de la denunciante, y al Presidente Clinton, aunque incurrió en perjurio ante la Comisión Legislativa que investigaba el caso, se le perdonó.    
Algo similar ocurre en Sinaloa. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia confronta una investigación por acoso sexual de parte del Fiscal General. Un quebranto institucional que de inicio debió ser una querella jurídica, que no sé si por un conflicto personal o político, nada bueno aporta a la credibilidad de las instancias de  Procuración e impartición de Justicia. Y el desenlace menos deseado: Que culmine en un quebranto constitucional.
No se puede concebir que una supuesta agresión contra una funcionaria judicial escale a las más altas esferas de la gobernabilidad en el Estado. Y menos, que un ataque personal a la integridad de la mujer, sea quien sea, rompa con el equilibrio de poderes. En una actitud desesperada el Presidente del Tribunal se manifestó inocente y comprometió despojarse del fuero, cuando es la Constitución la que se lo otorga, y el Poder Legislativo el que se lo quita. Pero no renunció al cargo para iniciar una indagatoria sin influencia del poder Judicial. Extraño, viniendo de él.
¿Por qué expreso que podría llegar a un quebranto constitucional? Porque si bien hoy es un diferendo entre esas dos instancias, un posible resolutivo hará que se involucren el Poder Legislativo y el Ejecutivo del Estado. Ya el portavoz en el Congreso anunció que no entrarán en esa controversia. O sea, que lo resuelvan ellos.  Lo cierto es que por el giro del diferendo institucional es claro advertir la participación no deseada de los restantes dos poderes del Estado.  
¿A poco el Ejecutivo Estatal no está midiendo las consecuencias? Seguramente su oficio institucional, más allá de la división de poderes, tendrá relevancia en la solución del conflicto. Por lo demás, inquieta que si la Fiscalía sigue adelante con la investigación y declara procedente una demanda penal, la resolución vendría acompañada de la incertidumbre ciudadana, debido a que, sin congruencia jurídica alguna de magistrados y jueces, a través de un desplegado, le otorgaron, por anticipado, la solvencia moral y ética que se le cuestiona.   
Y se politiza el asunto cuando al Fiscal General se le acusa que violentó el “debido proceso”, porque no cuidó la secrecía del caso. Está bien. Pero ya cerraron filas y le otorgaron un “perdón anticipado”. ¿Quién resolverá si ya la estructura judicial litigó mediáticamente y exoneró al inculpado? No se trata de ser moralista a ultranza ni fiero inquisidor contra estas conductas delictivas. La querella en cuestión no es un delito menor.
Seamos claros. Que una mujer, sea quien sea, interponga una querella por acoso sexual merece atención inmediata, una investigación a fondo y una pronta y justa resolución. No importa que el demandado sea orgánicamente jefe de la demandante, porque precisamente esta condición prevalece en la comisión de estos delitos. El punto es que se llegue hasta dónde se tenga que llegar para esclarecer la verdad jurídica. Aquí lo que importa, más allá de ser un personal o político, la denuncia debe ser esclarecida con singular justicia.