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J. SERGIO RAMÍREZ RIVERA


Se militarizan las instituciones de seguridad pública, se concentra y monopoliza el estado de fuerza policial de los tres órdenes de gobierno y se intensifica la capacitación en destrezas y habilidades para la actuación punitiva de las fuerzas de control social, llámense fuerzas castrenses, Ejército y Marina,  o policiales. Se adquieren instrumentos de tecnología de punta, drones, videocámaras y un buen número de vehículos equipados para el patrullaje de vigilancia y demás funciones de la seguridad pública. Se otorga a las Corporaciones policiales estatales y municipales, un mayor equipamiento, armamento y municiones para el debido cumplimiento de sus responsabilidades. Buscando con ello, fortalecer las capacidades de los elementos policiales, al aumentar su poder de reacción, frente a la “delincuencia organizada”. Situaciones que se presume, deberán de enfrentar  junto con las fuerzas militares y navales aposentadas en el estado. Se extiende e intensifica la criminalización social y se acentúa el MIEDO al percibir la agudización del ambiente social y con ello, el aumento de los riesgos de victimización. Lo que claramente se ve reflejado en la alza del índice de percepción social de la inseguridad.

No obstante, que como se puede observar, se vienen reforzando e intensificando los mecanismos de control social del estado y se exacerba el MIEDO de entre los propios componentes de los colectivos, las violencias y la criminalidad continúan manteniéndose hasta nuestros días, al igual que la perpetuante IMPUNIDAD. (Ver el último informe del CESP-semáforo delictivo y su comparativo con los últimos tres años).

Lo mismo se puede decir del estadio de incertidumbre y sobresalto en el que las últimas dos décadas, suelen encontrarse la gran mayoría de las familias sinaloenses. Cualquier persona sin importar, edad, condición social, profesión o “linaje social” está exento de ser víctima de violencia o acto criminal, así sea de manera directa e indirecta, y así fuera en su persona o en su familia, como en su propio patrimonio. Y en estos tiempos y hechos desgraciadamente, el agravio puede venir desde la delincuencia como de aquéllos que son responsables de respetar la ley. Y vale decirlo, pues esta es una problemática real y presente en nuestros días, ya que producto de la intervención de las fuerzas castrenses en la entidad, en el espacio urbano y las calles de las ciudades como en las comunidades rurales, la experiencia que se tiene sobre las consecuencias de la generación de facto de “estados de excepción”, no resulta nada tranquilizante para nadie, dado el registro de victimización de personas como de colectivos, resultantes de los excesos y abusos de las fuerzas castrenses (privación ilegal de la libertad, allanamiento de morada, torturas, lesiones, etc., que se pueden confirmar en las hemerotecas locales).

Lo que por otra parte, puede llegar a explicar cómo es que la población no pueda alcanzar a percibir la diferencia de “entre los unos y los otros”; en tanto que por sus respectivas actuaciones y los agravios sufridos, tanto a “los unos como a los otros” les percibe por igual. Más aun, en un contexto donde se exacerban los miedos y la desconfianza hacia los otros; se propician ambientes de tensión social y se acrecientan los riesgos de violencia en todo ámbito de socialización.

Más allá de la incidencia de los eventos criminales atribuibles a la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico y al sicariato, la dinámica manifiesta de violencias diversas y de actos criminales señalados en el fuero común, viene reflejando una tendencia constante a su crecimiento. Afirmación que puede llegar a verificarse no sólo en la estadística oficial, sino además en el aumento en el índice victimización y de percepción de la inseguridad, lo mismo que en la cifra negra (más del 90% de los delitos que se consuman en Sinaloa, no son denunciados por las víctimas), cuya utilidad permite llegar a conocer la proporción aproximada del alto número de actos criminales no denunciados, sea por la ascendente desconfianza de las instituciones del estado y en consecuencia, de su propio debilitamiento; o fuese por razones de temor a represalias y de seguridad personal de las víctimas.

La continuidad en su prevalencia, de eventos como desapariciones forzadas, levantones (en su gran mayoría de jóvenes); robo (despojo) con violencia de vehículos en tránsito, el robo de vehículos en su domicilio, la ejecución cada vez más frecuente de personas en centros de reunión, sin importar hora y lugar; los hallazgos continuos de cuerpos de personas presuntamente asesinadas y el incremento de las violencias en el ambiente familiar, son retratos hablados de la realidad que prevalece en la cotidianidad de la población sinaloense.

A 16 meses del inicio de la actual administración estatal, no se vislumbra aun, la existencia de un plan rector dirigido a la prevención social del delito y el fortalecimiento de la cohesión ciudadana; lo mismo que del mejoramiento de la investigación criminal, que redunde en mejores ambientes de seguridad pública y por ende, de recuperación de seguridad y tranquilidad ciudadana. Ello, importaría un enfoque estratégico que en lo particular, se dirija a profesionalizar la práctica de investigación criminal, que resulten favorables para responder al pronto y objetivo esclarecimiento de los crímenes que más dolor contraen para la ciudadanía: las desapariciones forzadas –levantones- y los homicidios dolosos, que desde el régimen del desgobierno de MALOVA hasta el mes de marzo/18, vienen a acumular un registro próximo a los 10 mil asesinatos. De los que en su gran mayoría, por no decir TODOS, se encuentran aún sin aclarar las razones y mucho menos las autorías, no se diga la debida administración de justicia. Seguridad y justicia ausentes por el privilegio de la creciente impunidad vigente.

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Colegio de Criminólogos, Victimólogos, Criminalistas y Forenses de Sinaloa, A.C.