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JORGE GUILLERMO CANO

 

 

*Condiciones para su formulación
*El sentido de las políticas públicas
*El interés general en esas políticas

Para explicar la forma en que se diseñan las políticas públicas, existe una variedad de posturas teóricas pero, en general, se coincide en que es necesario, al menos, considerar los siguientes aspectos, para una adecuada definición de políticas públicas en función de la problemática de referencia:

  • Partir de un diagnóstico, lo más elaborado posible, de la situación de realidad de una sociedad dada, para determinar y ubicar las condiciones de base desde las que se proponen los objetivos emergentes.
  • Planeación estratégica para corregir los desfases, carencias y limitaciones advertidos en la fase inicial; diseño del plan emergente, como parte de las líneas de política pública.
  • Plantear una serie de alternativas para la implementación de soluciones probables a los problemas detectados en el diagnóstico previo.
  • Examinar escenarios probables con la puesta en práctica de unas u otras líneas de política, visualizadas como alternativas para la superación de los problemas detectados.
  • Instrumentar programas estratégicos, que se integrarían a las políticas públicas, para corregir los desfases apreciados en la fase del diagnóstico inicial.
  • El seguimiento y la evaluación sistemática de las acciones, cuyos resultados sirvan para corregir y modificar las dinámicas del proceso.
  • Nueva fase correctiva, ante condiciones de base que se han modificado.
  • Debate público, con una efectiva interlocución social en todos los niveles, para la definición de los grandes objetivos nacionales.

Por otra parte, las políticas públicas, por su naturaleza y fines, deben entenderse como dinámicas y cambiantes en sus aspectos operativos, pero sus principios básicos han de ser, en todo caso, de mediano y largo alcance sobre la base del interés general.

Ahora bien, la consistencia de las políticas públicas se pondera por su correspondencia con los fines propuestos. Esto es, la evaluación está determinada por la propia lógica de las acciones estratégicas que el Estado realiza para alcanzar sus metas. Sin embargo, bien puede suceder que esas metas no sean congruentes con las prioridades efectivas del conjunto social; que el Estado haya manejado interesadamente las prioridades del desarrollo nacional.

Así las cosas, estamos ante un elemento de suyo problemático que remite al sustento previo y a las condiciones a la hora de formular las políticas públicas. Por lo demás, incluso la congruencia entre la propuesta y la concreción de un objetivo determinado, no avalaría por sí el beneficio general de la acción de política y su pertinencia como política pública.

Esto es porque desde el poder estatal la política pública puede conservar su carácter inicial de parte, de la fase de propuesta como programa de gobierno, y por tanto no beneficiar al conjunto de la sociedad, sino al grupo de interés donde se originó, lo que pone en cuestión su naturaleza pública, en estricto, en el orden de ideas que hemos venido presentando.

 

DE LO POLÍTICO Y LO PÚBLICO

Las políticas públicas, en contraste con la política en sentido lato, cuyo ejercicio supone diversidad y particularidad (aunque en las expresiones particulares, que designan especificidades diversas, es dable hablar de “políticas institucionales”, “de la empresa” o “editorial”, por ejemplo, así se trate de espacios de lo público, pero que no tienen el alcance de aquellas políticas que se definen como “públicas”) implican el interés general, en un sentido social amplio, como el componente sustantivo de su formulación.

Esto es porque van dirigidas al conjunto de los integrantes de una comunidad nacional, cuyos intereses particulares se suponen inscritos en la esfera de lo público, de manera que lo particular se subordina a lo general y éste presupone positividad para el particular (desde luego, la política pública atañe también a los ámbitos estatal y municipal).

En términos generales, el estudio de las políticas públicas se inscribe en la ciencia política y se refiere a las acciones del ámbito de lo público en todo aquello que tiene que ver con la comunidad en su conjunto, en tanto que destinataria de tales acciones.

De común son asunto de las políticas públicas la planeación estatal, el papel del Estado en la rectoría económica, la administración pública, leyes, presupuestos, tratados, acuerdos, convenios y demás responsabilidades que se contraigan en el ámbito interno y externo a la nación.

Las políticas públicas, desde su definición, se orientan a garantizar el orden interno, la estabilidad y el acuerdo en torno a un determinado pacto social que, formalmente, representa el interés general.

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Para los griegos “el bien del individuo es de la misma naturaleza que el bien de la ciudad” y el bien de la ciudad, es decir de lo público y social, es más valioso “dado que concebían al individuo en función de la ciudad y no la ciudad en función del individuo” (Reale, Giovanni y Antiseri, Darío, Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, Barcelona, 1991, p. 188).

De ahí la definición de Aristóteles del hombre como “animal político”, esto es el animal que no puede existir sino en sociedad, en la polis, pues si se bastase a sí mismo y pudiera prescindir de los demás, entonces sería simplemente animal o Dios.

Esta cuestión es fundamental para explicar la naturaleza del bien común, del interés general, en su sentido comprehensivo de lo particular como expresión de lo general, y ayuda a comprender la síntesis de lo particular y lo general en la expresión del interés común, que estaría representado en las políticas públicas.

No está por demás aclarar que una cosa es que el destinatario de la política sea el conglomerado, el ámbito de lo público, y otra el carácter público de la política en el sentido de representar el interés general del conglomerado.

En este orden de ideas, lo público de las políticas (o la política pública) entonces, estaría dado por características como:

  • Sus propuestas tienen como base el interés general de la comunidad de referencia; de común para esta tipificación, la colectividad nacional (al menos en su formulación, en una suerte de seguimiento de la propuesta política, de una plataforma electoral, por ejemplo, a la propuesta estratégica en un plan de desarrollo).      
  • El interés individual está supeditado al general o común, la polis sobre el individuo y no al revés (es en este punto donde la búsqueda de equilibrio en un sistema democrático impone los ajustes a la propuesta de parte, en principio).
  • Los destinatarios de la política son corresponsables de su ejercicio, a nivel formal y factual.
  • Es indispensable la actoría ciudadana en la determinación de la política, lo que le da su carácter público.
  • La participación democrática es condición sine qua non, distinguiendo entre la democracia formal y la factual.

El grado de correspondencia de las políticas oficiales con esas características define, en estricto, su carácter público (en el sentido de representativo del universal), o su alejamiento del interés público, es decir de orden general.

Desde luego, cada una de esas características, en estricto situadas desde el deber ser, presenta dificultades para su traducción en condición de realidad, sobre todo dadas las dinámicas a que ha derivado la política en la actualidad.

 

DE LO PARTICULAR A LO UNIVERSAL

De común, todo Estado pretende que sus políticas representan el interés general de sus poblaciones; desde el discurso oficial se rechaza la idea de que las propuestas de la política, en todos los ámbitos, incluido desde luego el educativo, sean particulares arbitrariamente universalizados.

Los mecanismos de transferencia de significados, la educación, el principal, operan en dirección a legitimar los valores del sistema vigente, pues el poder político requiere de sustento, de una justificación de orden cultural (al respecto: Cano, Jorge Guillermo, “Cultura, cultura política y educación en tiempos de lo global”, en Educación y Cultura Global, UAS, México, 2002, pp. 82-83).

Y como dice Heller: “un poder político es tanto más firme cuanto más consiga hacer que sea reconocida la pretensión de obligatoriedad para sus propias ideas y ordenaciones normativas y para las reglas de la costumbre, moral y derecho por él aceptadas y que son, al mismo tiempo, su fundamento” (Heller, Hermann, Teoría del Estado, México, FCE, 1990, p. 225).

En mi opinión todavía es la educación formal el principal mecanismo de transferencia de significados socialmente relevantes, necesarios para la conservación del estatus y su desarrollo, aunque en los tiempos que corren hay factores y elementos que muchos sitúan en niveles cada vez mayores de influencia, lo que sería el caso de los medios electrónicos, la comunicación en tiempo real, la Internet y otros.

En sentido lato, incluso el interés general puede ser, y es en más de un sentido, procesado a través de los mecanismos de transferencia de significados; la conformación se convierte en un objetivo estratégico del poder político, el que está en capacidad de formular políticas públicas, para lograr el reconocimiento de “la pretensión de obligatoriedad” que menciona Heller.

En efecto, el Estado tiene clara conciencia de que “su prestigio crece si se logra que el tipo de cultura representado políticamente por él sea adoptado como modelo para la formación de la vida” (Heller), lo que tiene evidentes implicaciones en las formas de presentar y de justificar el procesamiento previo de las políticas públicas.

No es coincidental que prácticamente todos los gobiernos mexicanos, tiempo ha, recurran a las “consultas populares”, “foros” y recientemente a mecanismos más sofisticados de llamado a la participación con el claro propósito de legitimar sus políticas. En realidad se trata de estrategias simplemente declarativas, pero igual se enarbolan en la justificación de sus objetivos.

La aceptación del modelo estatal, además, significa estabilidad y ésta es de suyo valorada en los tiempos que corren, de ahí que en el discurso oficial en todo momento se reivindique el carácter general de las definiciones políticas, aunque de común quede al nivel de la declaración y no se traduzca en hechos evaluables.

Como sea, el Estado nunca renunciará a la idea, misma que trata de internalizar por todos los medios a su alcance, de que sus políticas públicas tienen como base el interés general de la población, lo que se pone en cuestión desde la perspectiva del grado de concreción del particular en universal.

(Continuará).

(El autor es licenciado en educación, Maestro en Ciencias de la Educación (UAS) y Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad doctoral en Desarrollo Educativo (UAM-Xochimilco).