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ARTURO LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ

Desde hace décadas en todo México ha habido fuertes movimientos de población. Tales son los casos de los acontecidos en las décadas posteriores a los cuarenta, cuando grandes masas de personas se movieron a las ciudades o a otras áreas geográficas porque en el país se implementaban políticas de modernización: cambios estructurales en la economía y cambios de mentalidades. Se buscaba, según se decía, dejar el tradicionalismo para insertarse en un mundo moderno. En tal afán, se realizaron grandes obras de infraestructura (carreteras, presas, canales de riego) y la agricultura, que era extensiva, se intensificó, provocando con ello la expulsión de miles de habitantes rurales. Si bien  la inmensa mayoría dejó por decisión propia sus lugares de origen buscando mejores condiciones de vida, otros tantos lo hicieron forzados, pues sus localidades fueron anegadas por las presas construidas o sencillamente porque ya no hubo más trabajo para ellos por el avance en el uso de la tecnología agrícola. Este proceso, que continúa hoy, cambió la geografía humana nacional.

Cuántos casos fueron de migración propiamente dicha y cuantos los Desplazamientos Internos Forzados (DIF) provocados por los cambios estructurales? Esto realmente no lo sabemos, habida cuenta que nunca se construyeron las estadísticas del caso; hoy, cuando el concepto ha adquirido carta de naturalización, ya se habla de cantidades mayúsculas de DIF: tan solo entre los años 2011 y 2015, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), fueron 281 mil 418 personas las que se vieron en tal circunstancia a nivel nacional (2016). En tal cifra, todos los estados de la República están involucrados, aunque con diferencias porcentuales entre unos y otros. Inclusive, algunas entidades no se mencionan por parte de la CMDPDH, pero hay, en cambio, otras con gran recurrencia.

Donde salta a la vista el fenómeno, debido a su magnitud, es el que se genera en los estados de México, Veracruz y Coahuila, cada uno con un 1 por ciento del total nacional; Durango y Baja California con el 3 por ciento; Chihuahua con 4 por ciento; Nuevo León 5 por ciento; Tamaulipas y Chiapas con 10 por ciento; Sinaloa 12 por ciento; Michoacán y Oaxaca con el 14 por ciento y Guerrero con el pavoroso 21 por ciento del total, según la misma CMDPDH. Y si een otros estados el hecho no es tan visible, es porque en ellos se trata de desplazamientos de individuos o, en todo caso, de familias aisladas, situación que hace que se dificulte su registro más o menos puntual.

El caso de Sinaloa es alarmante; tan es así que las cifras colocan a la entidad en el cuarto lugar del ranking nacional. En números absolutos, los desplazados en el periodo arriba mencionado (2011-2015) fueron 33 mil 770 personas, lo que equivale al 1.14 por ciento del total de la propia población sinaloense que es de 2 millones 966 mil 321 habitantes. Si ponemos mayor atención, nos percatamos que la cuestión es aún más grave, pues el desplazamiento no se realiza “homogéneamente” ni de manera proporcional en todos los municipios, sino principalmente en aquellos cuya población se ubica mayoritariamente en la sierra.

De un total de total de 19 municipios, cinco de ellos sobresalen: Chóix, Concordia, Badiraguato, Mocorito y Sinaloa municipio. Hay otros que son afectados en menor medida, y son algunos de los que cuentan la mayor parte de su población -y su cabecera- en los valles agrícolas o de turismo; éstos son Angostura, Culiacán y Mazatlán. Pero, aún en estos casos, los desplazados también son quienes originalmente habitaban las partes serranas de la geografía municipal.

¿Cuáles son las causales de los DIF en Sinaloa? La que se menciona constantemente por parte de instituciones y medios de difusión  es, en primer lugar, la violencia. Todos coinciden en que es la ejercida por las gavillas organizadas alrededor del narcotráfico, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) afirma que es también la ejercida por el Estado Mexicano a través de sus diferentes corporaciones armadas -Ejército, PGR, Marina- en su combate al narcotráfico. En cambio, para el gobierno de la entidad son dos las causales: narcotráfico y sequías en los tiempos de estiaje. Por nuestra parte, lo que sostenemos en los medios académicos, es que es la conjunción de la violencia de gavillas, la violencia de las fuerzas del Estado y, en menor medida, los fenómenos naturales. Todo en interacción, aunque la más recurrente es la violencia... cualquiera que sea su origen de fondo.

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