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J. SERGIO RAMÍREZ RIVERA

“…NOSOTROS NO PEDIMOS UNA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, PEDIMOS UN MARCO JURÍDICO”. SALVADOR CIENFUEGOS

(parte 1)


“(…)Nosotros no pedimos una ley de seguridad interior,
pedimos un marco jurídico. El que quieran, pero que nos lo den.  
De otra manera, cómo podemos ayudar? (… )Es decir, nos impiden ayudar”.
General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos (1)


En demasía le asiste la razón el General Secretario Cienfuegos. Lo que el Ejército y la Armada requieren es un marco jurídico donde con toda claridad se alcance a precisar, la delimitación de responsabilidades en todos y cada uno de los elementos castrenses que participen en tareas de seguridad pública y en las acciones que igual, sean dirigidas contra la delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico. Es decir, lo que puntualmente demanda el General Cienfuegos, es sólo certidumbre jurídica.

Y ciertamente, no sólo ahora sino de siempre, ha sido apremiante llegar a contar con una regulación jurídica de ese tipo. Ya que por demás se ha soslayado cumplir con ello y determinarse a legislar no sólo para regular sino para reglamentar la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en tiempos de paz. Contar con un texto jurídico bajo el que se rija la toma de decisiones y la actuación de todos aquéllos que intervienen en la cadena de mando militar, observable antes, durante y después de todas y cada una de sus intervenciones. Desde el cuerpo de Generales, pasando por los demás rangos de oficiales, hasta los elementos de tropa. De ser así, todos los miembros de las fuerzas armadas tendrían una mayor conciencia de las posibles consecuencias jurídicas y penales que pudieran derivarse de sus intervenciones. Más todavía, ello supondría por otra parte, una gran contribución social para la población, pues se estaría en la posibilidad de conocer de las atribuciones, pero también de las restricciones que las fuerzas armadas deben de observar en sus diferentes actuaciones. Tal condición, vendría a significarse en un gran amparo social para todos y cada uno de los miembros de los diferentes colectivos sociales.

De tal suerte, que dicho conocimiento se convertiría en una herramienta de defensa social en manos de la ciudadanía, pero también de las mismas autoridades civiles, ya que si por consecuencia de una indebida actuación de las fuerzas castrenses se encontrara en riesgo la seguridad personal, familiar o comunitaria, la ciudadanía entonces contaría con respaldo legal y estaría en una posición más cierta y segura para exigir a mandos militares como a la tropa misma, sujetarse y remitirse a la debida e irrestricta observancia del marco jurídico en mención; e igual sería para las autoridades civiles. Estarían en capacidad de exhortar a las fuerzas armadas a conducirse con pleno respeto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Derechos que a todas  las personas sin excepción, les son inherentes. Ya que de no ser así, deberán ser apercibidos de las consecuencias jurídicas y penales que ello les contraería.

Esto último se desprende de la histórica necesidad que han padecido y se continúa padeciendo en todas aquéllas regiones, ciudades y comunidades que de una manera u otra, han experimentado las intervenciones castrenses. Es decir, llegar a sufrir prácticamente una “ocupación” militar y la experiencia de vivir de facto en un estado de excepción; ya que como la memoria histórica ilustra: donde las fuerzas militares intervienen, de inmediato la sociedad toda y en más de las veces, las mismas autoridades civiles, quedan sujetos a un estado de excepción de facto.  Situación que frecuentemente propicia el abuso y los excesos castrenses, acusando siempre la victimización individual y colectiva de la población que –paradójicamente- debiese estar bajo su institucional resguardo.

Por otra parte, si resulta obligado conocer de los procedimientos y protocolos de actuación que deben observar las fuerzas armadas en tal y/o cual circunstancia, condición o situación u operativo militar, igualmente comprometida y obligada es la responsabilidad de conocer la temporalidad y los límites de la circunscripción territorial donde se lleven a cabo dichas intervenciones, además de dar a conocer específicamente, los fines que se persiguen en la ejecución de sus expediciones punitivas. La dimensión de su logística, el cuerpo de oficiales de mando y el personal de tropa, el equipamiento e  instrumentos tecnológicos. Así mismo, el nivel y tipo de armamento del que deberán de hacer uso durante sus actuaciones. Y por último, pero no menos importante, tal vez el más importante, en la cadena de mando bajo qué autoridad civil deberán quedar sujetos los oficiales de mayor rango y en consecuencia, el demás personal de tropa. O como con  frecuencia en el pasado y todavía en nuestros días, los mandos de las fuerzas armadas quedan a su libre albedrio y decisión.

Finalmente, el controvertido documento conocido como “ley de seguridad interior”, NO alcanza a puntualizar ni precisar y mucho menos aportar la certidumbre jurídica que el General Secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, legítimamente demanda para todos los miembros de las fuerzas armadas. Más bien habría que acusar la pretensión real de la clase política en el Poder, de encubrir detrás del caos, el endurecimiento de los instrumentos y mecanismos de control social y con ello, propiciar la agudización de la política criminal de estado.

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Colegio de Criminólogos, Victimólogos, Criminalistas y Forenses de Sinaloa, A.C.


Referencias

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    •    “No pedimos una ley de seguridad interior”, afirma Salvador Cienfuegos. Manrique Gandaria. El Sol de México. Miércoles 28 de marzo del 2018. Encontrado el 4 de abril del 2018 en la pág. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/no-pedimos-una-ley-de-seguridad-interior-afirma-salvador-cienfuegos-1572481.html