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ARTURO SANTAMARIAARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ

El PRI siempre ha visto la política como una guerra. En la actual contienda electoral está dispuesto a utilizar todos los recursos a su alcance para liquidar a los que consideran sus enemigos.

En 2018 su enemigo táctico es Anaya pero el estratégico es López Obrador. Primero quiere liquidar al candidato panista para después irse sobre el morenista. Pero las armas con los que los quiere matar políticamente no son las del partido y Meade sino las del Estado.

Tienen razón los 39 académicos e intelectuales que en una carta afirman que el Gobierno está utilizando facciosamente a la Procuraduría General de la República para hacer política y deshacerse de Anaya. Si tiene las pruebas del delito del queretano debe presentarlas ya. En efecto, si quiere proceder con legalidad lo debe hacer ya; pero Peña Nieto está procediendo políticamente y, por lo tanto, todavía no lo hará o no lo hará nunca.

Mientras la acusación política y mediática siga rindiendo frutos Los Pinos seguirá administrando el caso. El seguimiento o rastreo diario en medios que hace Raymundo Rivapalacios, “tracking” dicen los que favorecen el inglés, muestra que Anaya está siendo golpeado en su imagen, y las dos primera encuestas serias del periodo más reciente, la de Bloomberg y la de Parametría (esta retomada por el New York Times), ya muestran una ligera caída de Anaya. Otras encuestadoras poco conocidas, como la de los diarios Heraldo y 24 horas, sitúan a Meade en segundo lugar, lo que no es creíble todavía.

Así, entonces, mientras la maniobra político-mediática del PRI continúe minando a Anaya se mantendrá. Sin embargo, esa táctica puede revertirse en un momento dado si no se presentan las pruebas legales del supuesto delito del candidato presidencial frentista. El panista puede pasar de ser acusado de delincuente, y “rajón” diría Meade, a mártir fortalecido si es que el Gobierno alarga demasiado la cuerda sin presentar pruebas.

Anaya, por el momento, no tiene las cosas en su favor. Una encuesta de Bloomberg apunta que el 53 por ciento cree que sí es culpable de lavado de dinero y eso se ha reflejado, como lo señalo líneas arriba, en el rastreo de su imagen y en las encuestas más recientes.

Y es que en efecto, Anaya con los viajes semanales que hacía a Atlanta para ir a ver sus hijos y esposa, el alquiler de la casa que pagaba en esa ciudad, los cuales significaban costos muy altos que superaban sus ingresos como político, y la manera en que ha hecho negocios con su familia política, la cual ha elevado considerablemente su capital, no abona a su credibilidad; y menos, cuando sus mismos compañeros de partido critican la manera en que ha pasado por encima de antiguos aliados. Las acusaciones a Anaya de que la traición es una de sus armas favoritas es muy constante. Con esos antecedentes un amplio sector de la sociedad mexicana cree que haya lavado dinero.

Sería el error político más grande de  Peña Nieto en su vida que hubiera ordenado la persecución de Anaya sin que tenga pruebas contundentes para liquidarlo. Insisto, hasta esta semana, ha logrado minarlo, pero Anaya y sus asesores tienen la suficiente inteligencia para superarlo si es que, en el momento preciso, no presentan pruebas irrefutables para procesarlo penalmente.

Numerosos intelectuales liberales están apoyando y asesorando a Anaya, entre quienes destacan Krauze y Jorge Castañeda, pero el joven político panista no las tiene todas consigo. Gente de su mismo  partido, y esto es mucho más importante, lo está abandonando. Los gobernadores del PAN no lo han arropado. ¿Qué es lo que saben o qué cálculos políticos hacen?

En Sinaloa, por ejemplo, los problemas locales del PAN están provocando el alejamiento de muchos de sus militantes.

La batalla contra Anaya hasta el momento la va ganando el PRI, a diferencia de lo que piensan intelectuales como Castañeda, pero quién sabe si la guerra. Si Peña Nieto se equivoca en sus cálculos  le va  a decir adiós a la Presidencia y pondría en peligro la existencia del tricolor como partido.

Posdata

La Secretaría de Obras Públicas en Culiacán está empecinada en mantener un proyecto vial sin aceptar la opinión de los vecinos de Playa Sur, un barrio mazatleco. Su planificador vino a Mazatlán para, según él, darnos lecciones de urbanismo. Manejó recetas típicas de otras realidades para defender la propuesta de un andador que nadie va a utilizar por ser demasiado angosto y potencialmente peligroso. Va a ser inútil y por lo mismo se va a tirar dinero público. Lo peor de todo es que en Obras Públicas primero piensan en los intereses de una constructora y después en los ciudadanos. Este es el tipo de gobiernos del que estamos hastiados.

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