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manuel cardenas fonsecaMANUEL CÁRDENAS FONSECA
SINALOA

Lo que realmente espero es que el gobierno de Sinaloa muestre que está del lado de la ley y no es rehén de los intereses de pseudo líderes transportistas que han llegado al gobierno estatal, y hasta heredado gobernantes bajo el más lucroso e ilegal chantaje. Sí espero que el gobernador demuestre de qué está hecho y que no participe de complicidades y realmente respete y haga respetar la ley. Al gobierno de Sinaloa le exijo que se cumpla la ley y no sea rehén, que no caiga en alianzas mafiosas y chantajistas, que afectan el desarrollo económico del estado y el bienestar de los sinaloenses.

Qué caso tiene que desde la Tribuna del Congreso y desde la oficina del Gobernador se impulsen leyes, se pongan en marcha programas y se comprometan a aplicar y cumplir la ley, cuando en los hechos, se continúa con las viejas prácticas del amiguismo, el compadrazgo y la justicia selectiva (corrupción e impunidad), que no propicia un desarrollo empresarial integral, sino que sólo favorece los abusos y la prevalencia de los intereses de unos pocos.

Tal parece que los gobiernos de Sinaloa no se han conformado, con hacerse de “la vista gorda”, ante la operación de bandas de la delincuencia organizada ante el crecimiento de la violencia y la delincuencia, y ante la falta de rendición de cuentas a la sociedad; aquí se vive también una serie de complicidades, de compadrazgos y de protecciones a organismos empresariales que abusan de productores y comerciantes de varios sectores y afectan el desarrollo económico de Sinaloa.

En Sinaloa es más una regla que una excepción, el que sepamos todos los días de ilegalidades de líderes de diferentes sectores y de sus organizaciones, que son solapadas y hasta impulsadas por las autoridades tanto estatales como municipales, con un cinismo que raya en burla social. 

Recientemente conocí del caso de la empresa Agro Servicios a Productores del Valle, S.A. de C.V., que ha sido en diversas ocasiones bloqueada por asociaciones de transportistas para impedirle que pueda mover sus productos sin usar estas empresas transportistas, que han hecho de la presión y el chantaje una forma de operar, con el apoyo de las autoridades estatales.

Agro Servicios ha señalado que una de sus principales funciones es la de exportar a través de Topolobampo y que las tres opciones para enviar sus productos desde sus bodegas es a través de la Alianza de Transporte que le cuesta un millón 700 mil pesos, por tren que les cuesta un millón de pesos, o en carro propio que les cuesta 200 mil pesos.

Es claro que la mejor opción para las empresas es utilizar carros propios para transportar sus mercancías, pero la ilegalidad, el monopolio y control que ejercen las empresas de transporte, con la complicidad y la protección de autoridades, hace prácticamente imposible hacerlo por esta vía.

Como lo señala esta empresa, si intentan utilizar transporte propio, las alianzas de transporte bloquean las bodegas y les impiden sacar sus productos. Con chantaje y presión obligan a las empresas a utilizar los servicios de los transportistas, aunque cuenten con carros propios, porque tener detenida la mercancía tiene un costo muy alto.

Esta historia no es de una sola empresa, es una historia que viven día a día muchos productores y exportadores que están sujetos a las presiones de las alianzas de transporte, ante la mirada ausente de una autoridad omisa, que no cumple con sus responsabilidades, ni aplica la ley. 

Las mafias movidas desde “prominentes” políticos “sindicales”, que dicen poner a los gobernadores de Sinaloa, siguen vigentes en perjuicio de la competitividad de la actividad empresarial. Esto es sólo un ejemplo de la impunidad que se vive en nuestro estado, pero muestras, hay muchas más.

Yo me pregunto: ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando en Sinaloa (me refiero a los ciudadanos, porque las autoridades parecen estar contentas con estas prácticas), que muchos empresarios -porque son empresarios aunque sean alianzas de trasporte- operen violando la ley sin ninguna restricción, y afectando los intereses de muchos productores de la entidad?

¿Nos vamos a conformar con seguir siendo una entidad de empresarios sin ley, que además canibalizan a otros empresarios, en donde el chantaje y el derecho de piso prevalecen; con organizaciones empresariales que encubren prácticas de corrupción y de acoso, con autoridades de vialidad y de transporte que favorecen a unos en perjuicio de otros y no aplican la ley? Yo no me conformo.

En este caso de la empresa Agra, como en otros, aún sigo esperando escuchar las voces de las organizaciones empresariales que defiendan la aplicación de la ley y frenen las prácticas gansteriles de sus agremiados; ingenuamente, también sigo esperando que las autoridades responsables en la materia sancionen estas prácticas monopólicas y de abuso, y sigo esperando que el gobierno de Sinaloa aplique la ley.

Hago un llamado a detener estas prácticas que ya constituyen un círculo vicioso en Sinaloa, y a actuar con responsabilidad y congruencia. Como siempre, trato de ser positivo ante una realidad que me muestra una cara negativa.

¡Muchas gracias y sean felices!

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