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JUAN ALFONSO MEJIAKRATOS
JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ

Uno de los mayores errores del Gobierno de Felipe Calderón fue haber hecho de la lucha contra el crimen organizado, un trofeo de su Gobierno. Al dramatizarlo y llevarlo a la escena política, con él como el actor principal, acabó con los incentivos posibles para que el país lo asumiera como una necesidad del Estado mexicano. Esto no debe ocurrir con la transformación educativa. 

Uno de los mayores retos de la transformación educativa en México ha consistido en no reconocer su carácter plural al proceso. En más de una ocasión, el Gobierno de la República ha pretendido agenciarse la paternidad del mismo, provocando disputas entre distintos actores por razones políticas y no educativas. La falta de precisión ha abonado a la confusión, pues al hablar de la “reforma” de un gobierno pretenden sellar la suerte de la misma a la calificación de la administración. En sus intentos por descartarla, los detractores en el ámbito académico o político han insistido en bautizarla como “la reforma de Peña”, negándole su carácter social. 

La continuidad es un desafío que se ha tenido que afrontar en países considerados con procesos de transformación educativa exitosos, tales como Finlandia, Polonia, Corea del Sur, Colombia y Vietnam. En estas naciones iniciar el cambio no ha representado el mayor de los retos, tanto como lograr que los efectos no palidezcan ante los obstáculos encontrados en el camino. 

El rol que la sociedad civil ha desempeñado desde el origen y a lo largo de todo el proceso, aunado a los diversos órdenes de gobierno, las distintas fuerzas políticas, los órganos autónomos vinculados a la transparencia y el Poder Judicial en buscar la exigibilidad del derecho a la educación, nos permite afirmar que estamos ante un proceso que va mucho más allá de un gobierno o una sola administración. 

En junio de 2016, luego de los fatales acontecimientos en Nochixtlán, Oaxaca, el proceso se vio seriamente amenazado por sus detractores. La forma en que el Gobierno de la República manejó la crisis terminó por confundirse con sus acciones y responsabilidades al implementar la ley. Los partidos políticos prefirieron hacer política ante la tragedia, de la misma forma que distintos grupos opositores al cambio chantajearon a las autoridades con impedir la aplicación de la norma. Durante días la incertidumbre ganó terreno, llegando a poner en entredicho la viabilidad de todo el proceso. Pocos se preguntaron, ¿y lo niños qué? 

El 22 de agosto de 2016, mediante un desplegado y posteriormente en una conferencia de prensa, fue dado a conocer el Decálogo “La escuela que queremos”. En conjunto con 124 organizaciones de sociedad civil, se elaboró el “Manifiesto del “Cómo Sí” que a la postre se tradujo en una coalición reformadora bajo el mismo nombre. Se propusieron nuevas fórmulas para garantizar la progresividad de las políticas públicas impulsadas hasta ese momento. La propuesta sirvió para combatir, desde la sociedad civil, tanto el radicalismo de aquellos que proponían “no moverle ni una coma” a la ley, como “la cerrazón de quienes apostaban por derogarla”. 

La participación de la sociedad civil en agosto de 2016 forma parte de un “continuum”, originado años atrás, cuando ni siquiera había una reforma legal. La crítica originada desde sociedad civil la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) promovido durante el sexenio del Presidente Calderón, por ejemplo, cobró mayor peso durante la campaña presidencial del 2012. 

En conjunto con la academia, diversas organizaciones del sector social convocaron al foro cívico “10 preguntas por la educación”. El 4 de junio del 2012, más de 200 organizaciones comprometieron a los principales candidatos a la Presidencia de la República con una agenda específica en materia educativa, entre la que destaca: elevar a rango constitucional las modificaciones al Artículo 3o, garantizar la autonomía del INEE, profesionalizar la labor de las y los docentes y dotar de autonomía a las escuelas. 

Si bien es cierto que, con base en las propuestas sociales, el Ejecutivo presentó su iniciativa a inicios de su mandato en diciembre del 2012, como en todo proceso de reforma constitucional, fue aprobado no sólo por el pleno de ambas Cámaras en el Poder Legislativo, sino que requirió las dos terceras partes de los congresos locales. Posterior a ello, fue necesario armonizar las leyes estatales de educación con la Ley General. Con esto se resalta el respectivo mandato a los titulares de sus ejecutivos, los gobernadores. 

La transparencia, la información pública y la rendición de cuentas son parte de los insumos necesarios para incorporar al debate educativo a miles de familias ávidas de información y/o comunidades de aprendizaje que ameritan ser reforzadas. 

Destaco el caso del órgano autónomo de la transparencia, por el efecto particular que ha tenido sobre la rendición de cuentas. El 23 de octubre de 2014, por ejemplo, el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) resolvió, por unanimidad, en favor de Mexicanos Primero, el recurso de revisión RDA 2334/14 y ordenó a la SEP entregar la totalidad de la información del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), testando (es decir, resguardando para no difundir) únicamente los datos personales clasificados como información confidencial. La decisión del IFAI fue clara: la información es pública, porque la educación lo es.

Asimismo, por medio del litigio estratégico, los jueces han asumido un papel más activo en el proyecto educativo. Con sus sentencias, no sólo se ocuparon por la exigibilidad del derecho humano a la educación, el Poder Judicial fue determinante al momento de dejar asentado el interés superior del niño sobre cualquier otro derecho, como el laboral (30 de junio de 2015); o bien, cuando gracias a la Corte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvo que iniciar procedimientos en contra de funcionarios estatales que desviaron recursos destinados a la educación durante el 2009 y 2010 del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), por citar sólo dos casos. 

La reforma al 3o constitucional nació en la esfera pública, no en las oficinas de ninguna dependencia gubernamental, y así debe permanecer. 

Que así sea. 

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twitter: @juanmejia_mzt