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cano*Lo público como confluencia
*Propuesta política y políticas públicas
*Fuerzas sociales y políticas públicas
Por: Jorge Guillermo CANO

La esfera de lo público alude a la gama de intereses, situaciones, necesidades y circunstancias que trascienden el ámbito de lo particular y de lo estatal; lo público supone lo recuperable para el conjunto social; es un espacio de confluencia que estaría dominado por el interés más general aun cuando, como ya se dijo, en la dimensión pública se confrontan particulares que alegan universalidad.
Podemos decir que lo político particular parte de lo público general para elaborar sus propuestas, es decir, se interpreta a lo público desde una perspectiva y se pretende reconocimiento de universalidad. Esa es la lógica de la confrontación política partidaria.
En este orden de ideas, en la confrontación política, la de orden general, lo conveniente es que las partes se diferencien efectivamente en sus ofertas políticas, en su visión de los grandes problemas del conjunto social, y en sus propuestas para enfrentarlos.
Suponemos, como se adelantó líneas arriba, que aun tratándose de visiones de parte, éstas recogen el sentido general, de manera que las diferencias entre las expresiones particulares enriquecen la visión de conjunto a la vez que permiten escoger entre alternativas diversas.
Pongamos por ejemplo el abatimiento de la pobreza en un país. Habrá expresiones políticas que pretendan superarla con las recetas neoliberales; otras, procurarán una modificación radical del sistema económico y algunas otras podrán mediar entre ambas (destaca entre estas la que propone un Estado de bienestar conceptualmente reconstruido).
Lo que importa destacar aquí es que el interés colectivo trasciende la especificidad de las expresiones de parte, pues en todos los casos el objetivo seguiría siendo abatir la pobreza. De ahí que desde la esfera de lo público sea donde se ubiquen los grandes objetivos de una sociedad dada.


Para que la esfera de lo público opere efectivamente como el espacio de confluencia de las grandes intenciones que esgrimen las partes en la sociedad, es imprescindible que haya definiciones de política general cuya observancia sea obligatoria para todas las partes.
Aquí nos referimos no a cuestiones de principios partidarios, por ejemplo, sino a la primacía del interés general de la Nación; no a las filosofías de tal o cual organización, sino a los principios generales que dan cohesión al conjunto social.
Las propuestas particulares estarían reducidas precisamente a ese ámbito, y sería su consistencia con el interés general lo que les daría el grado de universalidad en su caso. Es decir, lo público reflejado en sus propuestas, trascendiendo los ámbitos estatal y privado.
El control estatal y la obtención del gobierno, opera como un medio para la concreción de cierta visión política, y de Estado y Nación, expresada como políticas públicas (es decir, una visión de parte que se traduce en una interpretación de lo general) sin descargo de que en el Estado se expresen fuerzas diversas.
Ahora bien, las políticas públicas son parte de la propuesta política, pues en ésta se trata de compendiar el interés general. Por tanto, deben discutirse en la arena política, de manera que la decisión sobre proyectos de gobierno sea una decisión sobre probables políticas públicas; si esa discusión se procesa de forma democrática, plural e inclusiva de lo diverso, entonces se puede aspirar a la correspondencia entre el ejercicio político, en sentido lato, y las políticas públicas. En obvio, las políticas públicas parten de las visiones políticas, lato sensu.
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La cuestión es que, como se afirmaba en el Plan Nacional de Educación (PNE 2001-2006) “en cualquier sociedad plural coexisten diversos sistemas de valores, y formas variadas de percibir la realidad que comparten unos elementos y difieren en otros”.
En consecuencia, y atendiendo esa diversidad, “si se pretende que las políticas públicas alcancen un consenso amplio, sobre cuya base puedan aglutinarse los esfuerzos de la sociedad en la consecución de propósitos compartidos, es necesario un diálogo que permita identificar puntos de coincidencia, aclarar discrepancias y alcanzar acuerdos en puntos importantes, por encima de las diferencias de perspectiva, que son dignas de respeto”.
Es decir, sin descargo de las diferencias, incluso de enfoque y perspectiva, diferencias que se confrontan en el campo de lo político, finalmente debe ser el interés general el que distinga a las propuestas y estrategias que se traduzcan en acciones de la política pública, lo que no se pone en cuestión en el discurso oficial pero que suele quedar al nivel declarativo.
Ello supone la aceptación de una diversidad explicativa, interpretativa y propositiva de la realidad de referencia y, lo que es más notable en los tiempos recientes, la necesidad de conciliar, negociar, equilibrar y ponderar las expresiones políticas en dirección a un consenso que permita orientar las acciones del Estado, con estabilidad y sobre la base de acuerdos generales que sinteticen metas comunes.
En esa lógica es que la política (las formulaciones de) remite siempre a orientaciones, directrices, criterios; en sus aspectos operativos a estrategias, dinámicas, formas de procesar y todo en relación a fines, a objetivos previamente formulados en función de los cuales se procesa la propuesta política.

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Es la política, en consecuencia, teleológica, y axiológica; propositiva, teórica y operativa, metodológica y sus criterios de operación se basan en formulaciones de ambos tipos.
Por otra parte, el hecho es que, como ya se ha adelantado, aún en las formas particulares de concebir la conducción y el ordenamiento social, que es un ámbito del ejercicio político, toda política tiene, por naturaleza, una intencionalidad de orden general, público. Sin descargo de la especificidad de las políticas particulares, según el ámbito de referencia.
En efecto, el ejercicio de la política, en su sentido amplio, implica confrontación de ideas en la búsqueda de preeminencia de discursos explicativos de lo social. En ese orden de ideas, la política tiende a expresarse como política pública. Es decir, tiende a hacer de la política, desde el campo de la discusión y la búsqueda de preeminencia, lineamientos de orden público que emanan del poder que se dirime en la confrontación política.
Las políticas públicas son también el contexto dentro del cual se coloca en perspectiva a la propuesta política. Lo que implica la política en acción, por así decirlo, sus resultados observables, derivaciones e imprevistos, constituye especificidades analíticas que son susceptibles de diversos enfoques, de perspectivas teórico-metodológicas diferenciadas y abordajes que van de lo disciplinar a lo complejo interdisciplinar.
Tanto en el ámbito de lo político, como de la política pública, se presentan problemas derivados de la confrontación entre lo enunciativo y lo concreto observable, lo que es más notable en el caso de lo público, por el carácter de su impacto y el grado de su influencia en las colectividades.
De las políticas particulares, en este caso las de partido, se derivan los programas de gobierno en cuyo contenido se propone al espacio de referencia, nacional, estatal, municipal, lo que habrá de realizarse una vez que se alcance el poder, es decir, que la propuesta sea aceptada por la ciudadanía.
Se trata también, desde luego, de un compromiso que la parte asume frente al todo superando el carácter inicial de parte en la propuesta.
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En las políticas públicas, en términos formales, se integrarían las corrientes de influencia de las fuerzas sociales, en general, en tanto que requerimientos y demandas sociales que, por su naturaleza, debieran formar parte de ellas. Ello, independientemente del sentido de parte que tales propuestas revisten en la etapa de su formulación y propuesta.
Del ejercicio político, en extenso, el Estado recogería aquellas iniciativas que, en razón de su naturaleza y fines, sean susceptibles de integración para ser regresadas al conjunto social.
Si la traducción de esas necesidades recoge el sentido universal y genérico de las necesidades planteadas desde el terreno político en sentido amplio, entonces se establecería la congruencia necesaria entre políticas públicas y expresiones de lo político.
La diversidad estaría sirviendo a una suerte de depuración de las intencionalidades que, filtradas por el aparato del poder, pasarían a sintetizar los grandes propósitos del conjunto social.
Pero la inclusión de las propuestas formuladas por las fuerzas sociales no debería depender de la simple voluntad de los actores del Estado o, menos, del gobierno como tal, sino de la pertinencia de las formulaciones en términos de su congruencia con el interés general que, en la formalidad democrática, debe representar el Estado.
Lo que suele pasar es que, ciertamente, las fuerzas sociales formulan propuestas y enarbolándolas se confrontan con el poder establecido (hablamos aquí de las formaciones políticas que no están en el poder) pero, si son derrotadas, no inciden en la determinación de las grandes líneas de política nacional.


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Aquí se presenta una cuestión importante: de común, el Estado, en tanto que poder establecido (como sucede en el entorno mexicano), ve a las propuestas alternativas como formulaciones “enemigas” y hace de su exclusión parte integrante de su política en general, lo que trae como consecuencia que propuestas recuperables caigan en el vacío.
Eso fue lo que sucedió en México cuando el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, negociaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (TLCAN). Organismos críticos advirtieron las asimetrías que se daban, y se siguen dando, entre las economías signatarias del Tratado (Estados Unidos, Canadá y México) y proponían la implementación de programas compensatorios como se hizo en la Unión Europea.
La historia reciente ha demostrado que las advertencias eran del todo válidas, pero el gobierno mexicano las desoyó, en gran medida porque venían de los críticos, es decir, de los “enemigos del sistema” (o porque el grupo gobernante vio ventajas particulares que le favorecían sin alterar los términos inequitativos en lo general) desperdiciándose, o cancelándose a sabiendas, oportunidades factibles de lograr trato preferencial en varios rubros del Tratado.
Ahora, cuando el TLC está siendo “revisado” al tenor de las exigencia del gobierno de Estados Unidos, aquellas advertencias cobran mayor sentido.
La cuestión es ilustrativa y sirve para reforzar la idea de que en un estado democrático las fuerzas sociales debieran mantener ciertos acuerdos de orden general, atender a determinadas prioridades nacionales, sobre las cuales cada quien puede tener sus propuestas particulares, pero no verse simplemente como expresiones de la confrontación y menos ser tratadas como tales.
En consecuencia, la relación entre fuerzas sociales y políticas públicas tiene que ser replanteada en función del pacto social que ya hemos referido, poniendo énfasis en la trascendencia del interés general sobre las expresiones de parte. (Continuará).
(El autor es Maestro en Ciencias de la Educación (UAS) y Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad doctoral en Desarrollo Educativo (UAM-Xochimilco).