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JUAN ALFONSO MEJIAKRATOS
JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ

Ante la firma del “Acuerdo para la defensa de los derechos laborales de los maestros y para la transformación de la educación” entre Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia y Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del SNTE en los tiempos de la presidencia vitalicia de la maestra Elba Esther Gordillo y hoy representante de Redes Sociales Progresistas Magisteriales, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, el pasado 10 febrero, vale la pena destacar:

A menos que se autonombre Emperador, lo que tampoco hay que descartar, AMLO ya no cancelará de “golpe y porrazo” la Reforma Educativa; así lo dice el Acuerdo: “Dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente (LGSPD) [...]
Entonces, ya no se trata de su mero “voluntarismo”, “de si yo llego todo se cae”, de “porque lo digo yo”, sino que se reduce a enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, que todavía tendría que ser votada. Precisión (una iniciativa de ley) y limitación (sólo le incomoda la LGSPD), dos características que fortalecen nuestras instituciones, al tiempo que le dan realismo y sustancia al debate. Sin pretender ser ingenuos, no nos va, y con el historial que antecede al personaje, no encuentro en los demás candidatos una alternativa ante la ambigüedad de sus propuestas. “Nadar de muertito” no es lo que impulsará el derecho a aprender de las niñas, los niños y jóvenes en México. Dicho así, ya sabemos en lo que estamos de acuerdo y en lo que NO.

En la firma del Acuerdo en Zacatecas, apuntala su deseo de “[...] garantizar los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, que dé certidumbre al empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión [...]” Me apena que sus asesores no le informen bien. A estas alturas y, siempre teniendo en mente su reconocimiento a que sus amenazas de cancelación se limitan a una iniciativa de ley y que todavía debe pasar por el Legislativo, alguien debería hacerle saber que la educación de calidad en México es un derecho humano, así se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del cual México es parte. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido jurisprudencia sobre el interés superior de la niñez. El máximo tribunal estableció (en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J.34/2015) lo siguiente: “La educación es un derecho humano de gran importancia, tutelado en el artículo 3º constitucional, y que se refuerza con el principio del interés superior de la niñez, de tal manera que bajo su interpretación, este derecho no sólo se traduce en el acceso a escuelas, sino en las condiciones en que se otorga, y que deben permitir garantizar las mejores herramientas a la niñez para un proyecto de vida exitoso”.. En pocas palabras, no hay acuerdo cupular con el sindicato que se anteponga al derecho de los niños a contar con sus mejores garantes en la defensa de su derecho a la educación que contar con los mejores maestros y que éstos estén debidamente acompañados para cumplir con su vocación. No es una cuestión de clientelismo, sino de un derecho humano; lo importante no es la cúpula  sindical, ni los votos, sino los niños.

La mejor manera de garantizar el derecho a aprender de la niñez y la juventud en México, siempre será defendiendo el derecho que tienen los maestros a ejercer su vocación en libertad. Las plazas no son un botín, como tampoco lo son las y los maestros en México. La evaluación de los maestros debe ser sólo una parte del ciclo de la política pública, en la que la información arrojada constituye material valioso para reforzar su formación inicial y continua, como una herramienta más que les permita confrontar y vencer las adversidades de su contexto. Garantizar este derecho es responsabilidad del Estado mexicano; es MENTIRA que nuestros maestros le temen a ser evaluados, lo han sido toda su vida. Lo que les indigna es que no haya una correspondencia entre sus resultados y sus posibilidades profesionales de desarrollo, porque “un (des) acuerdo” con un líder sindical se las puede arrebatar. Discutamos entonces el instrumento de evaluación, si es o no pertinente y resolvamos sobre el mismo; por ejemplo, los maestros se sienten cómodos siendo observados en el aula, cosa que hoy no sucede. ¿Qué nos lo impide? Desde la sociedad civil velaremos porque se cumpla a plenitud, sin que por ello la solución sea regresar al pasado.

Si el tema educativo forma parte del debate electoral, lo menos que debemos hacer es dotarlo de contenido. La ambigüedad no debe dar lugar al oportunismo electorero de nadie, asumiendo un supuesto interés de quienes nos remiten a la etapa más oscura del derecho a aprender de los niños en México. La firma del acuerdo de AMLO con las llamadas Redes Sociales Progresistas Magisteriales involucra a personajes cercanos a Elba Esther Gordillo, como su yerno, Fernando González y Rafael Ochoa. Si se trata de congruencia y lo que se busca es lo mejor para los maestros de a pie, éste es sin duda un pésimo mensaje.

Como lo cita el Acuerdo referido: “No existe mejor inversión que la educación”; es verdad, pero bien vale la precisión: no cualquier educación. Sólo la educación de calidad cambia a México. De otra forma, la pregunta queda en el aire: López Obrador, ¿miente?

Que así sea.

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Twitter: @juanmejia_mzt