canoJORGE GUILLERMO CANO

(PRIMERA PARTE)

La política, en su acepción más generalizada, es el arte de gobernar, de legislar, también de conducir a un fin determinado. Desde su raíz etimológica, la política atañe a la ciudad, la polis, como el espacio de la cosa pública, el lugar de lo social, de las relaciones entre individuos que tienen que responder a las necesidades de la vida colectiva y, en ese contexto, a las propias; la corresponsabilidad, por eso, en el destino común que define en más de un sentido el particular.

Desde sus orígenes, como arte de la convivencia y condición ineludible para la preservación del colectivo, la actividad política es necesaria, indispensable en toda comunidad; dado que implica corresponsabilidad en su ejercicio, requiere del involucramiento de todos y se integra a la cultura en tanto que componente de la civilidad en las relaciones intra comunitarias.

Participar en la política es derecho y obligación del hombre de la polis, signo de civilidad y cualidad distintiva del ser responsable y comprometido con el destino común que es, por la actoría colectiva en su definición, producto de la voluntad común en un sentido democrático.

De la etimología al sentido y uso común, y de ahí a la construcción teórica que trata de recoger la complejidad de un mundo cambiante, confuso y contradictorio, el término política es también polivalente.

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Así, la política designa a la cosa pública, los asuntos de la polis, específicamente sociales; lo que interesa, o debe interesar, a todos; aquello de lo que somos corresponsables, usufructuarios y muchas veces víctimas; la actividad consustancial a lo humano, que da cuenta de la capacidad para conducir, o guiarse, a un fin determinado; el juego del poder y el espacio de la resistencia al poder; la lucha por la preeminencia de discursos explicativos; lugar de confrontación de intersubjetividades; de la racionalidad necesaria; del bien común; es presente y prospectiva, realidad y especulación. Todo eso y más.

Pero, en todo caso, la política implica de origen una clara percepción de su ejercicio en la lógica del interés general de la comunidad de referencia, el que se representa o se quiere representar, para su preservación, en primer término, y su desarrollo y superación, con base en el universal compartido, por derivación natural.

En ese orden de ideas, la preeminencia al interior de una colectividad dada se busca enarbolando el interés general, a partir de una definición de política que recupere ese atributo. La acción política, así, se procesa en la lógica de la confrontación entre visiones del mundo, proyectos de vida colectiva, ideas de nación, códigos éticos y, en suma, todo aquello que se defiende y promueve como legítima representación del interés general.

Lo anterior, asumiendo que el ejercicio político se inscribe en la deontología original, sin las distorsiones que en la actualidad tienen presencia y han desviado a la política de sus orígenes.

La política, en sentido amplio, el ejercicio político, en particular, tiene (debe tener, para serlo) como referente el interés general, que se representa o se pretende representar, que se enarbola, en todo caso, en la confrontación entre visiones políticas.

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En el desenlace de la confrontación entre visiones políticas, al convertirse en políticas públicas, independientemente de si cuentan o no con la legitimidad requerida, se pasa a representar los propósitos colectivos, aunque puede darse el caso, y de hecho se da con bastante frecuencia en el mundo actual, que la expresión política no es más que un particular que se pretende universalizar con el ejercicio del poder, de donde se sigue una clara oposición entre la política pública y el interés general.

Desde luego, toda expresión política pretende, una vez que quienes la enarbolan acceden al poder, convertirse en política pública, pero una cosa es la conversión de lo privado a lo público, a través de un acto de poder, y otra muy distinta representar efectivamente el interés general.

Como sea, las expresiones políticas en todo momento, antes y después de acceder al poder, si es el caso, tratan de fundamentar el carácter público de sus propuestas. En efecto, desde la acción política se pretende lograr preeminencia en el entorno social y acceder al poder pero, al traducirse en política pública, no necesariamente expresa una homogenización ni se mueve en el terreno de las coincidencias plenas entre lo diverso.

Precisando: la política, en extenso, implica la propuesta de políticas públicas, desde el poder establecido, y también el combate a las instauradas y vigentes. En los proyectos de gobierno y las plataformas partidarias, el ejercicio de la política, en sentido lato, se traduce en políticas públicas; desde la visión política, de común, de un espacio de referencia, que lo es independientemente de su magnitud.

 

LA POLÍTICA COMO SISTEMA

La noción de la política como sistema alude a la diversidad de interacciones que confluyen en la determinación de las líneas, de diversa índole, que configuran a la política como un complejo dinámico donde se expresan distintas fuerzas de presencia social con capacidad de incidir en cambios, adecuaciones o, incluso, en la redirección de la intencionalidad política en estricto.

En la política, como sistema, se da por sentado que los componentes sociales poseen la capacidad de interacción y, por tanto, de ver reflejados sus intereses y propuestas derivadas en la construcción multi referenciada de la política.

Se parte del supuesto de que las fuerzas sociales poseen, en efecto, capacidad de incidencia, considerando, desde luego, pesos específicos diferenciados que, en su medida, se incorporan a la definición de las líneas de política pública.

En ese orden de ideas, las fuerzas sociales estarían planteando un conjunto de necesidades que, con la mediación del poder y la autoridad, pasarían a integrarse en los objetivos de las políticas públicas.

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El problema, en este caso, se presenta de manera central cuando las determinaciones de las políticas públicas se dan en función de intereses dominantes que, aunque se trate en ellos de reflejar las exigencias del conjunto, en realidad prevalecen sobre el resto de las fuerzas sociales.

El supuesto de la interacción es válido, pero es necesario dimensionarla estableciendo la relatividad de las influencias al interior del sistema político, en razón del peso específico al que hemos aludido.

En otras palabras, un sistema (en este caso, político) puede estar debidamente estructurado, organizado de manera coherente, donde las funciones designadas a su interior, incluyendo la actividad política, son consistentes a los fines de la organización compleja pero, sin embargo, las interacciones que se dan a su interior no necesariamente implican equidad o correspondencia precisa con el tamaño y naturaleza de las responsabilidades.

Esto es porque dentro del sistema existen fuerzas dominantes que prevalecen sobre las demás, y cuyos intereses trascienden el sentido originario del interés general como pauta suprema en el pacto social que sustenta al propio sistema.

Ya que aludimos al pacto social, conviene señalar que en un esquema de dominación tiende a reducirse o a difuminarse, si acaso conservando un rango declarativo que discursivamente justifica las relaciones asimétricas en el sistema político.

Es en ese sentido que señalamos que el supuesto de la interacción es recuperable, pero que los pesos específicos la vuelven terrenal y, por lo mismo, parcelada y reducida en su rango de intervención efectiva en la determinación de las políticas públicas.

 

SOBRE SOCIEDAD CIVIL Y SISTEMA POLÍTICO

En general por sociedad civil entendemos el complejo, a la vez que punto de confluencia, conformado por las agrupaciones, organismos y espacios representativos de intereses particulares que tienen expresión dentro del conjunto social.

Los grupos que coexisten en la sociedad civil representan intereses comunes a su interior que, siendo particulares, pretenden estatuto de universalidad. La prevalencia de algún particular, y su transformación en universal, así sea formal, se dirime en el terreno de la confrontación política.

Con base en lo anterior, sucede que la prevalencia bien puede alejarse del interés general, en estricto, y no ser más que una expresión del poder; un ejercicio de poder, a través del cual el interés particular se universaliza arbitrariamente.

Como sea, ese particular universalizado, expresado como políticas públicas, impacta sin duda al conglomerado, en cuyo interior permanecen fuerzas que pueden no avalar aquel particular.

De esa manera, la confrontación política, más precisamente sus desenlaces, viene a ser factor determinante en la configuración de lo que, desde el poder instalado, pasa a operar como líneas de política pública.

La permanencia de un Estado, y del poder a su interior, depende de su capacidad para lograr que las políticas públicas sean aceptadas y acatadas por sus destinatarios, lo que se puede hacer a través de diversos mecanismos, que van desde la imposición autoritaria hasta la internalización de pautas de comportamiento en el conjunto social, que devienen en la legitimidad de las directrices del poder público.

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Así las cosas, los alcances de la sociedad civil en un sistema político dado dependen del peso específico que determinen las coincidencias y los acuerdos entre diversos segmentos sobre determinados ejes de la problemática social, todavía más, de las formas de abordarla y de las propuestas estratégicas para enfrentarla.

En obvio, si los particulares (se entiende que aquí estamos hablando de las partes representativas de segmentos sociales) se encierran en sus propias concepciones o, más domésticamente, en sus propósitos de alcanzar el poder, los organismos del sistema más capacitados y coherentes en el ejercicio del poder serán los beneficiarios de aquellas confrontaciones que aparecen como insalvables.

Por supuesto, damos por sentado que la referida negociación y acuerdo tendría como base el interés general. La aclaración es pertinente porque suele suceder que las partes se confrontan en extremo en cuestiones de forma, pero se ausentan de la discusión de fondo y se ponen de acuerdo, sin mayor dificultad, en cuestiones que les benefician como espacios del poder delegado.

De cualquier manera, los espacios de la sociedad civil, su participación en la cosa pública, son necesarios para el avance de la democratización en cualquier sistema político y, en todo caso, la cuestión estriba en el sustento que tales espacios esgriman para sus propuestas políticas.

La confrontación entre lo público (entendido aquí como lo público formal, legal, que puede ser un particular arbitrariamente universalizado) y lo privado, que se presenta naturalmente en función de los diversos intereses en juego, se expresa por la acción de los sujetos sociales y la búsqueda de predominio en los espacios de la representación general. (Continuará).

 

(El autor es Maestro en Ciencias de la Educación y Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad doctoral en Desarrollo Educativo (UAM-Xochimilco).