NO ROBAR, NO MENTIR, NO TRAICIONAR. **** Ya está disponible la Revista Didáktica - Julio 2018 para descarga. https://bit.ly/2ACM7TQ

MANUEL CARDENAS FONSECAMANUEL CÁRDENAS FONSECA

La gran cantidad de reformas que se han realizado en materia electoral imponiendo límites, restricciones, prohibiciones y demás “chácharas”, tal parece que en lugar de dar claridad a los procesos, a la participación de los actores políticos y a los ciudadanos, han creado un montón de dudas, vacíos e imprecisiones, que sólo dan paso a interpretaciones a modo, en donde todos sacan provecho y nadie queda contento. 

No cabe duda que la sobre regulación, en cualquier campo, no contribuye en nada a la transparencia y a la precisión.

Cuando veo cómo actúan muchos políticos durante este proceso electoral, no dejan de asaltarme una gran cantidad de preguntas para las cuales no encuentro respuestas precisas en la ley y de las cuales no he escuchado hasta ahora posición por parte de las autoridades responsables como el Instituto Nacional Electoral (INE) [Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello @lorenzocordovav] la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) [ Fiscal Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños @hdiazs]  y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) [Magistrada Presidente Janine Madeline Otálora Malassis @JanineOtalora]

No dejo de cuestionarme si es apegado a derecho que legisladores participen ocupando cargos en las campañas electorales de candidatos o precandidatos a la Presidencia de la República, mientras continúan en sus tareas legislativas y si esto no sólo puede representar un conflicto de intereses sino también un delito electoral dependiendo como desarrollen ambas actividades.

Parece que no es muy claro si el ser legislador genera un estado de excepción (al menos en los hechos que no en la ley) que los convierte en un servidor público sui generis, con privilegios que no tienen otros servidores públicos en materia electoral. Habrá quienes defiendan que los legisladores representan a sus partidos y sus propuestas y por eso pueden seguir desarrollando tareas partidistas y participar en sus campañas. Pero yo me pregunto ¿qué no todos los servidores públicos electos por voto popular, llegan regularmente por la vía de los partidos y representan su plataforma y su ideología, pero cuando están en los cargos deben gobernar (o en su caso legislar) para todos? Pero yo no lo sé de cierto, sólo pregunto y espero que las autoridades competentes respondan. 

El artículo 108 constitucional señala: “…que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía,…”

Por su parte la Ley General en Materia de Delitos Electorales define como servidor público: “La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal…”

De acuerdo a lo que señala la Constitución y las leyes (y a mi entender y corríjanme si me equivoco) los legisladores son servidores públicos y están sujetos a los mismos derechos, obligaciones y restricciones que todos los demás.

Entre estas restricciones electorales están las que señala la fracción IV del artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que establece como delito y sanciona al servidor público que: “Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;”. ¿Entonces los legisladores sólo podrían legalmente prestar apoyo a los candidatos fuera de sus horarios laborales y si no fuera el caso estarían cometiendo un delito electoral? De igual forma, ¿llevar propuestas de algún candidato a los órganos de gobierno de las cámaras, cuando se ostenta un cargo en una campaña no implica un conflicto de intereses al menos? Otra vez sólo pregunto, no juzgo.

También me surgen muchas dudas sobre otorgar tiempos de radio y televisión nacionales a las precampañas (que ahora son campañas simuladas) cuando se supone que es para obtener la aprobación y el apoyo de los militantes al interior de los partidos. Yo cuando ya me “chuté” todo el  mensaje del candidato y hasta las cancioncitas pegajosas, me doy cuenta que el mensaje no era para mí y ya ni modo de apagarle o darle regresar. ¿Realmente tenemos que invertirle los mexicanos a los partidos en sus elecciones internas que como hemos visto, ya las decidieron de antemano? ¿En realidad tenemos los  ciudadanos que estar expuestos a todo este “circo” de campañas que dicen no ser campañas y que tienen un alto costo? Ahí lo dejo para la reflexión.

Y ni qué decir de la aplicación del INE para el registro de apoyos de los “candidatos independientes”, con falsificaciones, clonaciones y probables compras de credenciales. ¿Qué no es muy costosa la credencial electoral porque contiene una serie de candados que hacen prácticamente imposible que se le clone? ¿Qué no existe desde hace muchos años tecnología como códigos de barra y chips (que tienen las tarjetas de crédito) que permitirían un registro más rápido y confiable, o mejor seguimos a la antigüita revisando papel por papel? Yo no tengo las respuestas por eso pregunto.

También me pregunto por qué la Constitución establece tiempos distintos para que ciertos servidores públicos se separen del cargo cuando quieren contender para ser candidatos a la presidencia de la República (6 meses) o a legisladores federales (90 días) ¿Eso significa  que hay cargos de elección popular más importantes que otros, que el voto ciudadano no vale igual para todos? ¿Qué esto no genera inequidad en la contienda en caso que algún partido requiera sustituir candidato y puede dejar fuera a contendientes con más capacidad y preparación?

Pero además si las campañas cuando hay elecciones presidenciales duran 90 días y cuando son solamente para diputados federales 60 días. ¿Por qué los tiempos de separación del cargo de servidores públicos no se ajustan a los tiempos de campaña? Parece que la respuesta puede tener múltiples aristas pero pocas razones fundadas, todo se basa en la percepción y la desconfianza.

Como estas preguntas, para las que no encuentro respuestas, hay muchas más, que ya el espacio de este artículo no me permite seguir planteando. Como siempre hay más preguntas que respuestas y muchos oídos sordos de las instituciones que debieran atenderlas. #QueAlguienMeExplique.

¡Muchas gracias y sean felices!

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

www.manuelcardenasfonseca.mx

@m_cardenasf