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ERNESTO ALCARAZ VIEDAS

Ernesto alcaraz v

COLUMNA VERTEBRAL

Hay que entender que una Democracia sin partidos, nomás no se da. Y que la buena política llegará cuando los partidos políticos mejoren su desempeño, superen el descrédito ciudadano y que sus candidatos sean sinceros y honestos…y acepten los resultados de votación. Acéptese o no, son sufragios ejercidos por los ciudadanos en las urnas, más allá de circunstancias que se hayan ofrecido en su entorno, que legalmente la autoridad electoral acreditará. El Valor del Voto, legitima, la acción de la autoridad, legaliza: son premisas democráticas a vencer.

En las monarquías, en las dictaduras, en regímenes parlamentarios y en naciones democráticas, el eje central son los partidos políticos. Y la ciudadanía, ilustrada o no, lo sabe y lo entiende por lo que no debería haber motivos para exigir su exclusión y exterminio, como lo demandan voces antisistémicas y razonamientos atrofiados. Y es claro, que nuestra democracia se vuelve frágil cuando se transita hacia una competencia electoral de la que se desconfía y cuyas normas se transgreden.  Los partidos y candidatos, igual que se regocijan con la victoria, hacen de la derrota símbolo de usurpación democrática.

El problema no sólo reside en la estructura representativa ni que en los partidos se finque la representación popular. El punto toral de la confrontación está en la forma como se desenvuelven y en la manera inescrupulosa en que utilizan el dinero público. Pero sobre todo,  por el escaso interés de lo que piensa y siente el ciudadano. Se les olvida que son Entidades de Interés Público.

La autoridad electoral, a la que se le acusa de omisa y no hacer respetar los principios rectores de los procesos, insiste en que actúa en apego a la legalidad, tal y como se legisló por parte de los grupos parlamentarios que representan a los partidos. Pero éstos aunados a la percepción ciudadana opinan lo contrario.

No quiero regresar al melodrama mediático sobre la renuncia de los partidos al financiamiento público y satisface no sea ya tema periodístico de primera plana y de ocho columnas. Pero hay que decirlo: Encarar adecuadamente el problema haría menos caras las campañas y tendría control real sobre el uso y destino del recurso público y privado. Lo que es iguala Rendir Cuentas.

Porque en la pretensión de eliminar el subsidio para reducir la ofuscación ciudadana, es tanto ceñir la democracia al mejor postor y abrir las puertas de par en par a la deshonestidad electoral. Así entonces, acceder al poder sería privilegio de los pudientes o del que acumule mayores aportaciones, que va en contra de los principios básicos de la pluralidad democrática: Condiciones y recursos equitativos y espacios para todos.

Hurgando información encontré que sólo 3 países no tienen financiamiento público. Es privado: Estados Unidos, Venezuela y Bolivia. En Estados Unidos es mínimo y puede ser renunciable. Pero si en México se elimina el financiamiento público a los partidos, de entrada, podría suceder lo siguiente:

En cuanto a la eliminación de la Representación Proporcional el primer impacto sería mermar el ya de por sí inestable pluralismo y ceder los espacios a elecciones sólo por Mayoría Relativa. Y México, con un sistema electoral híbrido, mal que bien, ha mantenido la pluralidad política. Mire Usted si no sería un contrasentido histórico a la pluralidad política nacional: En 1964 se creó la figura “diputados de partido”, para dar cauce a la disidencia nacional generada por diversos grupos sociales y radicales, opositores al Régimen.

Y así se configuró la oposición en la Cámara Baja: PAN, 20 diputados federales; PPS, 9 curules; PARM, 5 legisladores. Total, 34 diputados de oposición al PRI. Luego en 1997, la Representación  Proporcional se instaló con 100 diputados, por 300 de Mayoría Relativa, y en 1986, aumentó a 200 plurinominales. Como existe a la fecha. Los 200 pluris se eligen a través de cinco listas regionales que representan la pluralidad del País.  

            En 1988, el PRI fue trabado por la oposición en el Congreso y perdió su capacidad para reformar la Constitución. Y fue tan drástica su caída que en 1997 perdió la mayoría congresional.  Desde entonces la pluralidad política ha imperado en las Cámaras del Congreso de la Unión, y ha sido, insisto, por la perspicaz disposición ciudadana de distinguir ceder su confianza a los gobernantes (Poder Ejecutivo) y diferenciarlo del voto que ofrece a sus representantes (Poder Legislativo). Esos votos, además de terciados, han impuesto el equilibrio legislativo interno – en donde hoy suenan tambores de guerra - y un frente al Ejecutivo. A partir de ahí, ningún gobernante ha tenido mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras legislativas.

Y porque me han sacudido algunas reflexiones de expertos constitucionalistas, lo expongo aquí. Dicen que no se ha tenido la debida observancia política - jurídica sobre lo que significa la representación plurinominal que mandata la Constitución. Aducen que “los senadores representan a los estados, y los “pluris” la pluralidad nacional”. Pues sí.

Pero en los estados se eligen a sus dos senadores en fórmula (64) por Mayoría Relativa,  y al partido que obtiene la segunda mejor votación se le asigna uno de primera minoría, que es el primero de la fórmula (32 más). Y finalmente se integra una lista nacional para elegir otros 32 senadores por el Sistema de Representación Proporcional. Si tienen razón los jurisconsultos, pues se tiene que abordar y debatir legislativamente.  Y me pregunto: ¿Por qué después de 21 años sale a relucir la inconstitucionalidad de los senadores plurinominales?