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ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ

ARTURO SANTAMARIA

Las diferentes expresiones del crimen organizado no son anomias dentro del Estado mexicano sino, en realidad, parte de él. Sin embargo esa relación simbiótica, que en otras realidades es una bizarría, empeora dependiendo de la hegemonía partidaria. Es decir, a todas luces el matrimonio crimen organizado-PRI, cuando este gobierna, es más funcional el crimen que cuando lo hacen otros partidos. Los cuales, por cierto, no están exentos de esa relación pecaminosa, tal y como lo demuestran múltiples pruebas a lo largo y ancho del territorio nacional (recientemente el PAN en Chihuahua y el PRD en Guerrero), pero al menos estadísticamente hay menos pruebas que los incriminen.

El narco no es el único actor del crimen organizado pero sí el más capaz y con más poder para ser el articulador del sistema criminal. “Quien dirige el narcotráfico -escribe Norberto Emmerich en su obra Una Teoría Política para el Narcotráfico- tiende a dirigir todas las actividades delictivas”. E incluso se convierte en poder judicial de facto cuando prohíbe, sanciona o castiga a otros sectores del crimen.

En Sinaloa, y más particularmente en Culiacán, vimos al finalizar el año e iniciar 2018 dos hechos que demuestran, una vez más, el enorme poder y control del crimen organizado sobre la sociedad y en las estructuras del Estado.

El estruendoso traqueteo con armas de grueso calibre para recibir el Año Nuevo que se oyó en gran parte de la capital del estado, sin que la policía federal, estatal o municipal haya hecho algo para impedirlo, demuestra quien tiene el poder en la ciudad y la hegemonía costumbrista sobre la población.

Y algo peor que lo anterior son las revelaciones de Julio César Romanillo Montoya, titular de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía, de que las unidades de servicios estatales otorgan placas a vehículos robados. Si, por otro lado, sabemos que la magnitud de esos autos en Sinaloa es de las más altas del País, entonces es muy fácil concluir que el negocio es cuantioso y, por supuesto organizado, en el que necesariamente participan funcionarios, altos, medios o bajos, de Gobierno.

Aquí encontramos otro caso de acción conjunta de actores de las estructuras del Estado y delincuentes. El negocio no se podría concretar sin la participación de uno y otro. Forman una unidad indivisible.

Y lo mismo sucede con los Huachicoleros, los cuales no pueden hacer su negocio sin la complicidad de funcionarios de Pemex. Y el contrabando de mercancías tampoco se lleva a cabo sin la complicidad de Hacienda y más específicamente de Aduanas. Y el tráfico de personas es posible debido a la sociedad de funcionarios de la Secretaría de Gobernación con bandas organizadas. Y el contrabando de especies en peligro de extinción solo es viable por las fechorías de funcionarios de la Semarnat y los traficantes de animales. Y el lavado de dinero… y así hasta el infinito.

El Estado mexicano al tolerar y convivir sistémicamente con el crimen organizado se ha convertido en un Estado anómico permanente. Incluso, para algunos es, en los hechos, un Estado delincuente, al que, además, bajo la conducción de Peña Nieto, habrá que agregarle el uso ilegal de recursos financieros y humanos para favorecer a su partido.

Para nuestra tragedia regional, en Culiacán, al ser la capital mundial del narco y dirigirse desde ahí una industria y un holding, el Cártel de Sinaloa, que ha penetrado decenas de países en los cinco continentes, vemos en toda su dimensión el poder económico, político y cultural, y por supuesto el de fuego, que ostenta el crimen organizado en su territorio histórico.

Como no hay ninguna revolución social a la vista que se proponga y pueda destruir al crimen organizado mexicano, la única posibilidad de debilitar su fuerza, aunque no de extinguirlo, es un proceso muy lento de reconstrucción legal del Estado mexicano. Quien diga que lo va a acabar en poco tiempo es un ignorante o no sabe lo que dice. El primer paso es el arribo a la titularidad del Estado de una fuerza política no comprometida con el crimen. Mientras gobiernen partidos políticos que hayan establecido acuerdos con las diferentes versiones del crimen organizado no hay posibilidad de que se inicie una transformación.

Incluso, si llega a gobernar un partido que no sea cómplice de las mafias no va a ser nada fácil iniciar un proceso de saneamiento. No le alcanzarían ni seis años para hacerlo. Las estructuras del Estado están tan penetradas por el crimen que su profilaxis y cirugía llevaría una larga etapa histórica.

La legalización de la producción, comercialización y consumo de drogas es la única estrategia posible para extinguir el narco, pero como eso no va a suceder en México ni siquiera a mediano plazo, la tarea de la sociedad civil y la clase política no gangrenada es ir paulatinamente saneando al Estado, obra ya en sí monumentalmente difícil.

No hay que esperar, perdonen el pesimismo, que con las elecciones de 2018 cambie mucho la escenografía del poder criminal en México. Si triunfa el PRI las cosas continuarán siendo las mismas. Si ganan el PAN-PRD-MC las relaciones con el crimen organizado quizá cambien un poco, aunque en Sinaloa eso no parece que vaya a suceder. Si triunfan Morena-PT-PES, a pesar de que, nos dicen, López Obrador ha cuidado mucho que no se cuelen como candidatos personeros del crimen organizado, no habrá que pensar que en tres años, como dice el Peje, se terminará con la violencia del narco. La realidad es mucho más complicada de lo que piensa el tabasqueño. 

Así que, el que quiera conocer el México de hoy tiene que conocer Culiacán. Por favor, díganselo a los candidatos.

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