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JESÚS ROJAS RIVERA

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Desde agosto del año pasado la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros anunciaba que Sinaloa era el primer lugar en México en aumento de robo de vehículos asegurados. El Semáforo Delictivo marcó focos rojos desde octubre de 2016 cuando se dispararon las cifras de esta modalidad delictiva, 495 vehículos robados en aquel mes y desde entonces la cifra superó las 500 unidades mensuales y no bajó de ahí.

Un 52 por ciento es el incremento del delito de robo a vehículo de 2016 a 2017: Culiacán es el municipio donde se comete el 63 por ciento de estos delitos. ¿A dónde van los autos robados? ¿Qué pasó con los más de 6 mil 500 vehículos despojados en 2017?

De acuerdo con las reformas al Sistema de Justicia Penal, las Procuradurías estatales sufrieron modificaciones en sus estructuras institucionales y sus facultades. Pasaron a un esquema de independencia plena que garantizaría en teoría, en un modelo más eficiente de combate a la delincuencia. En marzo de 2017, el Doctor Juan José Ríos Estavillo fue nombrado Fiscal General del Estado de Sinaloa.

Los cambios comenzaron poco a poco, las inercias institucionales son difíciles de cambiar en prácticamente todas las áreas de la administración pública, imagínese usted, amable lector, lo que representa tratar de recomponer un modelo arcaico en uno de los mayores nidos de corrupción y podredumbre institucional que representan cada una de las áreas de la antigua Procuraduría. Vista de la lógica de la ciencia política y la administración pública, eso es una tarea verdaderamente complicada.

Cuando el Fiscal General de Sinaloa nombró a su vicefiscal y habló de la creación de unidades especializadas, no todos dieron por buenos los cambios. Hubo críticas dentro y fuera de la institución, incluso algunos comenzaron a exigir resultados inmediatos. Mientras el Fiscal acomodaba las piezas de sus áreas, Sinaloa recibía un baño de plomo y los delitos de alto impacto se incrementaron de manera alarmante.

En esta primera semana del año, una declaración conmocionó a propios y extraños cuando el titular de la Unidad Especializada en Robo a Vehículos, y uno de los ex contendientes al cargo de Fiscal General, Julio Cesar Romanillo, aseguró que una red de corrupción al interior del Gobierno del Estado permitía el emplacamiento de autos aun con reporte de robo. En palabras llanas, exhibió una red de corrupción al interior del gobierno de Quirino que desnudaba lo que por años se dijo entre pasillos. En Sinaloa, los coyotes de la USE lo pueden todo.

La independencia de la nueva Fiscalía sobre el Ejecutivo, quedó de manifiesto en esta declaración de inicio de año. Notas nacionales dieron cuenta de una declaración sin precedentes, que confronta ahora a dos poderes distintos al Legislativo y el Ejecutivo, por primera vez en Sinaloa, es el Poder Judicial el que llama corrupto a una de las áreas del Gobernador. La respuesta tibia del Ejecutivo demuestra que está muy lejos de entender la gran dimensión del tema.

Corresponderá a la Fiscal y sus funcionarios no dejar en declaraciones el asunto, en ir más allá y dar cuenta pública de una investigación clara, objetiva y contundente que demuestre que las acusaciones tienen sustento y fundamento.

Si el Fiscal desmantela la red que denunció Romanillo, será de un mérito tremendo, ganando en ello, mucha de la credibilidad institucional que se perdió desde hace varios años.

Si por el contrario, este asunto queda solamente en señalamientos, discursos y notas en medios de comunicación, la credibilidad de la institución, de su nuevo modelo de unidades especializadas y de sus titulares, corre grandes riesgos.

No sé si Romanillo consultó al Fiscal, pero el paso que dieron, juntos o distantes, los pone en el foco de atención más importante de inicio de año. Para algunos, los sueños de autonomía comienzan a materializarse, para otros, algo pasa en el reajuste institucional que puede complicar la operación del área más importante para el acceso a la justicia en Sinaloa.

Deseándoles un 2018 de éxito y salud, luego le seguimos…

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