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JESÚS ROJAS RIVERA

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Desayunaba yo con buenos amigos, abogados, economistas y politólogos a los que con cariño el Dr. César Velázquez se refiere como “los teóricos de las super-estructuras”. La pregunta fue directa: ¿Debió o no acudir el Fiscal General a comparecer ante el Congreso? De inmediato comenzó la discusión.

El primer punto fue poner la mira más allá del asunto para el cual fue requerido por el Congreso local, todos estábamos de acuerdo que el asesinato de mi amigo periodista Javier Valdez es un hecho indignante que la autoridad está obligada a resolver cuanto antes. Pero ese no era el punto en discusión, el planteamiento era sobre la autonomía de la nueva Fiscalía General del Estado, si esta era plena, semiplena o relativa en términos del derecho y la política.

Definido pues el punto central de discusión, cada uno argumentó al respecto. En principio sobre la naturaleza de la independencia de la Fiscalía sobre los otros poderes. Al respecto el abogado más respetado de la mesa opinó: “Se trata de un acto de autonomía plena, que debe guardar distancia entre los asuntos políticos que en el Congreso se llevan. El Fiscal hizo bien en no atender el llamado porque el Congreso no tiene facultades para citarlo a comparecer cuando se le venga en gana. Como organismo autónomo no se puede supeditar a los caprichos de otro poder”. 

Cuestioné, ¿entonces la plena autonomía exenta al Fiscal de rendir cuentas al Poder Legislativo? La respuesta de otro comensal me pareció interesante: “De ninguna manera, pero como todo en la vida democrática lleva formas, el Fiscal por supuesto que tiene que rendirle cuentas al Congreso pero en un informe, no para casos particulares por capricho de uno o varios diputados, si el Fiscal hubiera asistido a comparecer hubiera sido un pésimo mensaje, para eso hemos luchado muchos pero poco logran entender: autonomía”.

Volví a preguntar ¿Y la división de poderes? Fue justo cuando hablaron sobre jurisprudencias, sobre sentencias en uno y otro sentido, dijeron que precisamente ese es el camino en el nuevo entendimiento de la división de poderes, que de ninguna manera se rompen los equilibrios en la decisión de no asistir, porque el principal deber del Fiscal es mantenerse autónomo, sin vínculo alguno respecto al poder legislativo o ejecutivo.

Les dije que en mi opinión, estaban en concurso dos principios parlamentarios, el de orden y el de control. El primero porque es claro que entre los poderes del Estado no existe subordinación, sino medidas de control para la prevalencia de los contrapesos del poder público, esas medidas de control no restan autonomía porque las instituciones como las nuevas Fiscalías nacen con ellas, es decir, tienen su esencia natural en la independencia. Dije también que el principio parlamentario del control no se vulnera y en efecto, los Fiscales deben rendir cuentas ante los diputados y ante la sociedad de múltiples formas.

La acalorada discusión terminó aceptando la no comparecencia del Dr. Ríos Estavillo como válida, eso que algunos columnistas sin mucho fundamento teórico mencionaron como “desdén” o “desacato”, era en realidad una postura jurídicamente válida que podría sostenerse en los tribunales, si es que a algún o alguna diputada le da por seguir curso legal de esto que se llevó, como siempre, en “dimes y diretes” mediáticos.

Lo cierto es que en Sinaloa nos falta trabajar en leyes secundarias, en poner claridad en nuestro marco legal reglamentario sobre el tipo de relación que guardará la Fiscalía con el resto de los poderes, si será autonomía plena, semiplena o relativa, para tener absoluta claridad de cuándo sí y cuándo no el titular deberá comparecer o deberá ser removido, entre otras tantos vacíos. Y esto no es un asunto de litigio en la Suprema Corte, eso es un asunto de legislación local, de trabajo en las comisiones, de escuchar y poner a debatir a expertos. En pocas palabras, un asunto de tallar el lápiz, cosa que pocos quieren hacer porque siempre será más atractivo el escándalo que la construcción de instituciones. Luego le seguimos...

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