JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ

JUAN ALFONSO MEJIA

KRATOS

Aurelio Nuño deja varios pendientes en la Secretaría de Educación Pública (SEP), específicamente en la implementación de la transformación educativa. El ahora ex Secretario llegó a la SEP en septiembre de 2015 en medio de un proceso de transformación. Ya se habían promulgado las reformas al artículo 3º y las leyes secundarias. Algunos de los cambios previstos estaban concretados en políticas públicas y seguían su curso, otros más se encontraban atorados y/o pendientes de ejecutarse. 

Sería un error decir que todo sigue igual, además de que carecería de objetividad el así señalarlo. Durante este tiempo se lograron avances que son importantes considerar, en particular la depuración de la nómina docente y la puesta en marcha del Modelo Educativo. 

En verano del 2017 se presentó un ejercicio de auditoría a las nóminas de docentes federalizados en los estados, la cual identificó irregularidades en 44 mil 076 plazas (24 mil 650 personas), que representaba un gasto anual de 5,034 millones de pesos. La auditoría daba seguimiento al trabajo realizado desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien entre 2009 y 2015 detectó una disminución de 84 por ciento al presupuesto desviado bajo este rubro. Para el primer trimestre de 2017 dejaron de existir los comisionados sindicales, por lo menos “en papel”, a los que se les pague con dinero etiquetado para la educación. Actualmente se está llevando a cabo el mismo ejercicio con las nóminas estatales. 

Segundo, se concretó el nuevo Modelo Educativo después de un proceso de consulta social, que involucró a más de 28 mil personas en foros (2014) y 746 participantes en mesas de análisis (2016), así como 32 mil 503 comentarios de encuestas en línea. Lo más importante de este proceso consistió en sólo impulso, pues los plazos legales ya estaban vencidos desde hacía tiempo. Aún están por verse los resultados, pero los planes pilotos ya están en marcha a lo largo del territorio nacional, para implementarse de manera general a partir del próximo mes de agosto. 

Sin embargo, si bien se reconocen los avances, los pendientes son varios. Por motivos de espacio, destaco tres. 

Primero, a esta administración no le gusta rendir cuentas. Así lo demuestra su constante deseo por evadir la implementación de las evaluaciones de desempeño docente y de evaluación al aprendizaje. Desde 2014, 752 mil 184 participantes han buscado 147 mil 165 plazas. A pesar de que se venían registrando avances, se perdió el impulso en el ciclo escolar 2016-2017; al tornar la evaluación voluntaria debido a la modificación del instrumento, no se concentraron en su debida restitución al momento de reactivarla. Durante el ciclo escolar 2015-2016, participaron 25 mil 639 maestros (evaluación voluntaria), en comparación de 106 mil 458 para el periodo 2015-2016 (evaluación obligatoria), una caída de 76 por ciento. 

De igual forma, se violentó en no pocas ocasiones por parte de la SEP el anexo técnico en el que se hacía alusión a la aplicación de la prueba PLANEA en educación básica; las fechas no fueron respetadas sin que mediara un argumento sólido de por medio. Pretender alinear un sistema educativo bajo la métrica del aprendizaje y luego negarse a tener evaluarlo es incongruente, por decir lo menos.

Segundo, la continuidad de la transformación educativa es con los maestros, a ellos debemos el acompañamiento debido. La mejor forma de hacerlo consiste, en principio, en su formación: inicial, continua y tutoría. En el primer inciso, sigue sin publicarse la estrategia de reforma a las normales que se anunció en julio 2017; los normalistas que entraron a estudiar la licenciatura en Educación Secundaria en agosto de este año, todavía lo harán con un plan de estudios de 1999. A pesar de contar con una estrategia nacional de formación docente continua (publicada en marzo de 2017), aun debe evaluarse su pertinencia. De acuerdo a las cifras manejadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), sólo 36 por ciento de los maestros de nuevo ingreso recibieron una sesión de tutoría durante el 2016.  

Tercero, la autonomía escolar que tanto se presumió durante estos meses sólo es viable si cuenta con dos piezas esenciales: el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y el Sistema de Atención Técnico Escolar (SATE); sin ambas, el Modelo Educativo corre el riesgo de naufragar en el discurso. El primer sistema no ha servido aun para la identificación de plazas vacantes o como mecanismo de comunicación directa con los directores escolares; el segundo, que debe guiar los procesos de aprendizaje profesional colectivo en las escuelas, no cuenta con suficiente personal formado para ponerlo en marcha: se necesitan alrededor de treinta mil asesores técnicos pedagógicos (ATP’s), y sólo se cuenta con poco más de siete mil; es decir, se tiene un déficit de 22 mil 771 ATP para implementarlo como fue diseñado.

La buena noticia de estos pendientes es que se confirma que la transformación educativa en México sigue su curso. El éxito o fracaso de la misma no depende de una administración en particular, ni de un personaje en concreto. El conjunto de acciones que se requiere para impulsarla o detenerla se caracteriza por su complejidad y nos compete a todos su destino. Nuño llegó en medio de un proceso y se fue igual, pero nosotros discutimos desde otra perspectiva.  

Asegurar la continuidad del proceso no dependerá de un Gobierno, de una administración, de un candidato, de un partido, ni de una elección presidencial. La educación es un proyecto social y a ello debemos abocarnos. Encuentro en la sociedad civil a ese actor capaz de marcar una diferencia para la profundidad y pertinencia de los cambios necesarios, desde el monitoreo, la evaluación, el ajuste, con miras a que la política pública este orientada en beneficio de la niñez y juventud de nuestro país.

Que así sea.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @juanmejia_mzt