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ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ 

ARTURO SANTAMARIA

La política mexicana no ha necesitado del crimen organizado para tener como acompañante de alcoba a la corrupción, pero cuando empezó ese matrimonio y con un poderío endemoniado fue inevitable que esa práctica careciera de límite. Máxime en un sistema que nació con esa conducta depredadora.

No se nos olvide que las raíces más profundas del sistema político imperante, aun vigente a pesar de las modificaciones que ha sufrido desde 1997, nacieron con el régimen postrevolucionario que construyeron los abuelos del PRI en 1929. Incluso antes, la cultura política dominante, previa al sistema, también en gran medida es obra de los abuelos del tricolor. Sí, porque la frase que define esa práctica política extendida: “nadie resiste un cañonazo de 50 mil pesos”, salida de la boca de Álvaro Obregón, es anterior a la creación del PNR, instituido en 1929 por Plutarco Elías Calles, el conjunto de los militares triunfantes de la revolución más los caciques agrarios y sindicales de esa época. 

Así pues una cultura política corrupta, y también violenta, inevitablemente parió un sistema político corrupto. El que quería participar en él tenía que aceptar las reglas, por supuesto no escritas. Pocos, muy pocos se salvaban de la corrupción.

Mientras hubo un régimen de partido casi único, el PRI cabalgó solitario en el jinete de la corrupción. Al PPS y al PARM, partidos apéndices del tricolor por varias décadas y ya desaparecidos (aclaro a los jóvenes) le tocaban algunas migajas. Y el PAN, aunque participaba en el sistema no tenía ningún poder y al no existir subsidio público a los partidos no lo tentaba aun la tentación del dinero y las prácticas mal habidas. Esto vendría después.

Cuando se establecieron las diputaciones y senadurías plurinominales y el erario público empezó a financiar a los partidos, se sentaron las bases para la corrupción de los partidos y del conjunto del sistema político. Este se hizo más plural pero empezó a corromper a todos. Y una vez que los partidos opositores, PAN y PRD antes casi heroicos, empezaron a ganar gubernaturas y alcaldías, más las posiciones en el Poder Legislativo, todo, o casi todo se pudrió.

Jesús Reyes Heroles, uno de los más importantes ideólogos del PRI, tenía razón: “todo lo que resiste (dentro del régimen, matizo yo) apoya”.

Pero cuando el crimen organizado empieza a participar de lleno en la política, a partir del que sistema se hace competitivo y paralelamente los cárteles empiezan a adquirir un poder insospechado, todo esto a mediados de los 80, la espiral de la corrupción ya no tiene límite.

Ha sido tan brutalmente evidente la corrupción del sistema político, sobre todo cuando se gobierna desde el Poder Ejecutivo federal, que ya no se puede ocultar ni una rayita. Y ante tanta podredumbre los sectores más sanos de la sociedad mexicana han reaccionado contra ese mal y han exigido que haya instituciones que la vigilen y combatan. Sin embargo, aquí hay una contradicción inmanente: se le pide al mismo sistema político que cree las instituciones que ataque al lubricante que hace posible su funcionamiento.

Aun así, en la presente coyuntura, para no correr ningún riesgo, tanto a nivel nacional como en Sinaloa, observamos las maniobras de quienes ostentan el poder para que la lucha contra la corrupción se desbarranque. Lo hacen de diferentes formas, ya sea postergando lo más posible el nombramiento de sus integrantes, regateando o retrasando su financiamiento o colocando personas afines a ellos, entre otras tretas.

Perdonen el pesimismo, pero ningún sistema anticorrupción nacional o estatal va a combatir a fondo la corrupción. Lo más que haría sería administrar su práctica: sancionar, multar o encarcelar a un sujeto solo cuando sea políticamente conveniente. Cuando haya que eliminar a un actor incómodo o contrario al grupo en el poder.

La única posibilidad de enfrentar verdaderamente la corrupción en México es a través de una intensa actividad cívica ciudadana con el respaldo de tribunales internacionales, tal y como ha sucedido en Guatemala. Aquí ningún partido de oposición y mucho menos el que está en el poder lo hará a fondo.

Posdata 

Luis Enrique Ramírez: quiero decirte que defenderé tu derecho a hacer periodismo aunque no siempre esté de acuerdo con éste, tal y como alguna vez te lo manifesté en horas de apremio; pero quiero aclararte que a mí nadie en Noroeste a lo largo de treinta años me ha dicho qué decir, ni jamás me han censurado nada y mucho menos me han pedido que esté al servicio de sus dueños o de algún proyecto político. Esto lo menciono porque en una de tus columnas dices que el periódico está al servicio de los objetivos políticos de Manuel Clouthier. Debo decirte que el Maquío nunca me ha pedido que hable en su favor e incluso en estas páginas he discrepado con él. Saludos.

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