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JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ 

JUAN ALFONSO MEJIA

KRATOS

Para Ernest Gellner, la salud democrática de un país se mide por la vitalidad de su sociedad civil. En su estudio, Condiciones sobre la libertad (1994), el estudioso británico de origen checo demuestra que la diferencia básica entre el comunismo de antaño en los países de Europa del Este y las democracias liberales de Occidente radica en las posibilidades de progreso o estancamiento generado desde el interior de sus sociedades. 

Ilustrar esta afirmación es factible a partir de la experiencia mexicana.  Contrario a lo que suele defenderse, los últimos 30 años han sido favorables para México en el balance general. Luego de la debacle económica de 1994, no hemos vuelto a vivir una experiencia de semejantes dimensiones; a partir de 1988, hemos gozado de un pluralismo a lo largo y ancho del territorio del País; nunca se había extendido tanto la clase media en tan poco tiempo. Este devenir histórico, ¿tiene algo que ver con el fortalecimiento de la sociedad civil en México?

Hablar de una correlación directa entre la consolidación de este sector y los avances en México resulta aventurado en este espacio. Sin embargo, nadie puede negar su franco crecimiento, así como su diversidad y alcances.  

La forma en que se les contabiliza habla de su evolución y pluralidad: mientras el Indesol tiene registradas en México más de 27 mil actores sociales inscritos con denominación “Cluny”, el SAT estima la presencia de 9 mil 137 “donatarias” al mes de julio; el INEGI utiliza su propia forma de medición. 

La variedad en número corresponde a la multiplicidad de sus vocaciones. Mientras algunas organizaciones dedican sus esfuerzos a la filantropía, llegando donde el Gobierno no alcanza; otros más colaboran en la gestión pública, en una suerte de consultoría; y, algunas otras, centran sus esfuerzos en calificar la demanda, generando metodologías, diagnósticos y propuestas accesibles a la ciudadanía. 

Dependiendo de su enfoque, las organizaciones civiles han ganado experiencia en la construcción de incidencia e interlocución, guardando los equilibrios necesarios de independencia y objetividad en el proceso. Con esto subrayo, no todas las organizaciones se dedican a la asistencia social ni amplían la oferta gubernamental. Sin embargo, no por considerar lo público como parte de su responsabilidad, por activarse a favor de una causa y creer en la libre determinación de los individuos de asociarse con motivo de una acción colectiva, están en contra de todo lo que huela a Gobierno. Eso es falso. Les anima edificar un Estado democrático, con espacios para el diálogo y con capacidad de incorporar la participación social. 

La indiferencia o el desconocimiento de esta realidad por parte del Gobierno de la República - y de los ciudadanos mismos - puede hacer caer hasta el observador más minucioso en un error de cálculo de proporciones poco valoradas hasta este momento. Impulsar una sobrerregulación de las organizaciones a través del SAT, argumentando la necesidad de mayor transparencia, implica un desconocimiento del sector, de su pluralidad, de la vocación de las mismas, así como de su funcionamiento cotidiano, cuando no de una injerencia en su forma de organización. Sobre el artículo 82 y su fracción V de la ley de ISR habrá tiempo de profundizar.  

La invitación es a entender esta parte de México, por desconocido o confuso que resulte para nuestras autoridades y parte de la ciudadanía. Tratar de desmontar esta realidad mexicana sería ir contra el desarrollo democrático vigente, entendido por los contrapesos que “otra voces” generan, a menos que su independencia incomode y por eso se les quiera acallar. 

“Lo bueno también cuenta” dice “el nuevo PRI”, en la que estoy seguro confía una parte de este País. Hagámosla contar. 

Que así sea.

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Twitter: @juanmejia_mzt