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ERNESTO ALCARAZ VIEDAS

alcaraz ernesto

COLUMNA VERTEBRAL

            Dijo Abraham Lincoln, por allá en los años 18161-1865 de su gobierno: “Si pudiéramos saber primero en dónde estamos y a dónde nos dirigimos, podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo”. Eran los tiempos de la “Guerra de Secesión”, la más violenta y sangrienta y de mayor crisis moral en la historia de Estados Unidos. A pesar de ello preservó la Unión, abatió la esclavitud,  fortaleció el Gobierno Federal y modernizó la economía. Igualdad de Derechos, Libertad y Democracia eran los principios rectores de su postulado político. Y a pesar del poco aprecio que nos pudieran merecer, no desmerece considerar experiencias ajenas.

 

Una reflexión válida cuando los mexicanos estamos desunidos cavilando en el Quién será, y no en Qué hará y menos Cómo logrará resolver las secuelas del pasado y conflictos de nuevo cuño que nos impide tener claridad sobre la visión de País que debemos construir. El discurso político no basta cuando se alejan de los intereses nacionales. Alejandra Barrales expresa que el “Frente Ciudadano” no es una coalición electoral y pone énfasis en que se conformó para transformar el País. Pues sí, es una coalición electoral, y así deberá ser registrada ante la autoridad electoral. Y esperar que ella y Ricardo Anaya comprometan si habrá gobierno de coalición, si serán diferentes ante la actual forma gobernar y si la nueva composición legislativa modificarán las formas de resolver los conflictos parlamentarios. Los escenarios electorales deben dar para ello y deben ser propuestas precisas ante la complicada realidad nacional.

Deben diferenciarse de las demás opciones por la incompatibilidad ideológica y visiones programáticas contrarias a los principios y doctrinas que como partidos representan. Lo que les ha sido complicado. Igual, certificar que son una real opción hacia la verdadera transición democrática y capaz de instrumentar el andamiaje para un nuevo modelo de gobierno. Porque aún no son tiempos de propuestas electorales. Pero no aclaran si van a mantener e impulsar las reformas estructurales, como sí lo ha advertido Andrés Manuel López Obrador, que de llegar al poder, les daría marcha atrás. Les valdría mucho garantizar índices de gobernabilidad aceptable y permisible para la convivencia social y el compromiso de desterrar la nociva inercia política y administrativa del pasado para  tener dirección de llegada al futuro. Son exigencias sociales que seguramente serán puestas a consideración de los electores del País y no sólo ante la ciudadanía de la Ciudad de México. Son temas sensibles, que igual como le están afectando al PRI podrían perturbar a las alianzas y candidaturas independientes llegado el momento de formular sus estrategias y programas de cómo impulsar el crecimiento económico y abatir el rezago social, combatir la corrupción e impunidad  y la inseguridad pública. Son asuntos de gran trascendencia en la búsqueda del voto.

Conflictos tan complejos que obstruyen la gobernabilidad, que sólo será restaurada si la Democracia Social se impone a la democracia electoral. Pero vista la confrontación política y el apetito por el poder el entendimiento se nubla y las propuestas de fácil solución se circunscriben en la expresión de autoritarismos dogmáticos y de caudillos antisistémicos. Ya algunos independientes trazan ese discurso en boga. Pero no se olvide que la inconformidad social tiene como destinatario a la autoridad, sin distingo de niveles de gobierno y a la Clase Política en general a quienes se les hace responsables directos de la inestabilidad política y social del País. Hoy la preocupación no está en quién tenga más adeptos y seguidores fieles, sino que una elección tan compleja y competida y con una ciudadanía confrontada y desconfiada se estén  creando escenarios poco propicios para que las elecciones se conduzcan dentro de la normalidad democrática. A esta intranquilidad se suma el Congreso de la Unión.

Al respecto, agregaba el expresidente Norteamericano: “La gente somos los amos legítimos del Congreso y los Tribunales, no para derrocar la Constitución, sino para derrocar a los hombres que pervierten la Constitución”.  La importancia histórica de nuestra Constitución no tiene discusión. Pero nuestra Norma Suprema está dando señales de inobservancia e indebidamente los partidos políticos insisten en tenerla como rehén para fines electorales a través de los grupos parlamentarios integrados en el Congreso de la Unión. Lo lamentable es que las trifulcas parlamentarias sean provocadas por los propios legisladores cuya encomienda es preservarla y hacerla respetar. Se advierte escasa intención y corta visión de miras para interactuar en la búsqueda de consensos y acuerdos parlamentarios ajustados a lo que la constitución les exige. Lejos de ello, ofrecen una pésima y desdeñosa actitud legislativa de lo que debe ser la división de poderes. Porque si bien deben actuar con independencia y autonomía,  son corresponsables de la armonía legislativa y del respeto irrestricto a la Constitución.

Al parecer las fuerzas políticas del País, representadas por sus grupos parlamentarios,  le apuestan más a revisiones electorales que a escrutinios legislativos. Así nos atraen algunas dudas: ¿Los renovados poderes del Estado – con evidentes diferencias ideológicas y programáticas - transitarán hacia un mismo proyecto de Nación, acorde con la realidad nacional?  ¿Será el Congreso de la Unión respetuoso contrapeso del Ejecutivo Federal o se mantendrá la confrontación abierta y el desafío entre ambos poderes? Son interrogantes que nos hacemos ante la actitud asumida por los legisladores en las últimas semanas, substituyendo su obligado compromiso con la sociedad a proyectos electorales. Que se haya extraviado la cordura legislativa  y desatendido su responsabilidad constitucional, es un lamentable despropósito.

Primero fue el cuestionado proceso legislativo para integrar la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, motivado por la supuesta imposición del Dr. Raúl Cervantes Andrade como Fiscal General. Ahora en la de Senadores, con el asunto de la ratificación o revocación de la separación del Fiscal Especial contra Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo. Quebranto legislativo que se apacigua por el desistimiento del ex fiscal Electoral de seguir al frente de la FEPADE. Lo que se desprende de esta controversia legislativa es que la aplicación de la justicia no debe estar supeditada a la politización de sus asuntos. Que la remoción fue inoportuna, desde luego. Qué fue un asunto político, tiene sentido. Escabroso asunto que el tiempo aclarará su trascendencia. Ahora a buscar un nuevo Fiscal Electoral. Y se advierte que esta actitud  belicosa y electoralmente interesada tendrá la réplica ciudadana porque fomenta la violencia electoral y profundiza la desconfianza ciudadana. Lo urgente es salir de este peligroso quebranto constitucional.