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MANUEL CÁRDENAS FONSECA

MANUEL CARDENAS FONSECA

Ha quedado claro que el ya inminente proceso electoral está contaminando todas las áreas y todos los temas, y que las ambiciones personales de algunos se expresan en intentos y acciones que paralizan a las instituciones (Cámara de Diputados federal) y órganos fundamentales de la nación. Pero Ricardo Anaya ha llegado al colmo de intentar frenar las tareas de todo un poder constituido: el poder legislativo. En su afán le están acompañando otras fuerzas confundiendo la magnesia con la ensalada, la cuál que debe de tener un orden en sus ingredientes y en la forma de colocarlos.

Yo repruebo esta actitud, porque nada justifica que se usen todas las argucias políticas posibles para detener la marcha del país, la presentación del paquete económico y la cita a que obliga la ley en la representación del Secretario de Hacienda ante el pleno de la Cámara de diputados para dar curso a la toma de decisiones legislativas, por el solo capricho de un dirigente de partido que se enarbola como el garante de la democracia mexicana y como poseedor de la única verdad posible. Triste sería para nuestro país si su destino fuera rehén de las decisiones de unos pocos, que ponen sus intereses personales sobre los intereses de la nación, más cuando toman (con quienes le acompañan) de rehén lo de todos para esconderse de acusaciones que no ha querido aclarar en el ámbito patrimonial, de enriquecimiento y de tráfico de influencias.

Lo que Ricardo Anaya ha pretendido hacer es secuestrar al Congreso, impidiendo que se nombren las nuevas mesas directivas para este periodo legislativo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Afortunadamente esto no lo logró en el Senado, en donde el sentido de responsabilidad de legisladores de todas las fuerzas políticas permitió instalar la mesa directiva y nombrar como su Presidente al senador Ernesto Cordero, quien ya había presidido la mesa en el primer año de la legislatura pasada y ha dado muestras claras de conocimiento, responsabilidad, imparcialidad y capacidad negociadora.

Si esto no hubiera sido así nos habríamos enfrentado a graves problemas, porque no se habría podido instalar la Cámara de Senadores, paralizando todos sus trabajos, porque, para el caso, ni la Ley Orgánica del Congreso, ni su reglamento interior, establecen disposición alguna que le permita operar cuando no se ha elegido la Mesa Directiva. Ojalá lean esto quienes tienen el control de la Cámara de Senadores y los votos y anticipen reglamentación que de salida en caso de actualizarse lo que la inmadurez, por decir lo menos de Anaya, provoca en la colegisladora.

En la Cámara de Diputados, aunque en un primer momento los legisladores panistas frenaron el nombramiento de la nueva Mesa Directiva (a pesar de que ya había acuerdos previos), bajo la consigna de “no al pase automático del #FiscalCarnal” (qué cosa más aberrante sin sentido y engaña bobos) fue posible extender el período de la Mesa en funciones para evitar la parálisis legislativa, porque así lo contempla la Ley. Pero como atinadamente me observó el Senador Roberto Gil (PAN), esto no podría hacerse para siempre, porque el artículo 17 numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso, claramente señala que sólo puede hacerse hasta el 5 de septiembre y de no lograrse los acuerdos para elegir una nueva Mesa, no habría forma de llevar a cabo sesiones en esa Cámara, ni de recibir y analizar el paquete económico que debe ser entregado por el Ejecutivo Federal a más tardar el 8 de septiembre.

Sin duda, estos hechos sin precedente en la historia del país e indiscutiblemente desafortunados e innecesarios, nos dejan grandes enseñanzas de lo que no se debe hacer y nos comprometen a impulsar cambios en las normas que blinden al Congreso de decisiones absurdas como hemos vivido, que no sólo comprometen el trabajo legislativo, sino que también ponen en riesgo el desarrollo de la vida económica, política y social de México.

Que lamentable que se pretenda convertir al Congreso en un espacio para debatir las diferencias internas de los partidos políticos, sus trapacerías personales y para tratar de imponer decisiones mediante el chantaje y la presión.

El Congreso es, de manera natural, el ámbito del debate, de las discusiones respetuosas sobre diferentes propuestas y en donde prevalece la decisión de la mayoría. En ningún caso puede el Congreso ser un lugar que ceda al chantaje y en donde se impongan decisiones por la fuerza, sin razones ni jurídicas ni éticas.

Ahora resulta que el Presidente el PAN y sus legisladores desconocen lo que aprobaron en 2014 para que el Procurador en funciones ocupara la Fiscalía General por 9 años cuando se declare su autonomía, igual actitud de membretes sin fin y de corifeos en los medios: Señores, déjense de patrañas, le obsequiaron eso al gobierno plenamente conscientes y estando de procurador el más vivo reflejo de un PRI que nuca debe de volver a existir (Jesús Murillo Karam). También resulta que aunque en el Senado hayan aprobado (en esta administración) a tres Procuradores y a todos ellos los hayan considerado adecuados para el cargo, a ninguno lo han considerado suficientemente bueno para ser el Fiscal General, aunque sus actividades serán básicamente las mismas.

El andamiaje legal y los espacios competenciales de la Institución no se salvarán con sus propuestas a modo señores del chantaje desde ONG’s y corifeos, o bien desde partidos que ante la debacle que les representa sus propia dirigencia tratan de esconder sus pecados capitales trasladando el costo a la sociedad.

Pero lo más grave es que han puesto en jaque al Congreso bajo un falso supuesto, diciéndoles a los mexicanos que se pretende nombrar al Procurador General en funciones como nuevo Fiscal General, dándole pase automático. Pero esto no es así, ni tan simple como lo plantean: para que se nombre al Fiscal General ya sea como lo establece la Constitución en el artículo décimo sexto transitorio de la reforma de 2014 en la materia (que además fue aprobada por la mayoría de los congresos de las entidades federativas al igual que por el PAN), o por cualquier otra vía, se requiere previamente aprobar la Ley de la Fiscalía General de la República y que el Congreso haga la declaratoria formal de la autonomía constitucional de la Fiscalía General. Ninguna de las dos cosas se ha hecho.

Tanto para la aprobación de la Ley de la Fiscalía como para emitir la declaratoria de la autonomía constitucional, se requiere de seguir el procedimiento legislativo en ambas cámaras y es ahí, en el caso de que esto sucediera, donde se deben plantear las inconformidades y los descontentos, y aprobar o no aprobar lo que se ponga a discusión de todas las fuerzas políticas. Por eso insisto que enarbolar la bandera de oposición al pase automático del nombramiento del Fiscal General es tan sólo una excusa, que pretende ocultar los verdaderos propósitos de esta acción, que no son otros más que los intereses político-electorales de individuos y de grupos.

Mientras tanto la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tuvo que declarar un receso a la sesión del día 5 de septiembre hasta el día de hoy que se publica este artículo, con el propósito de dar tiempo a que se alcancen los acuerdos necesarios, y no paralizar los trabajos de la Cámara.

Confío en que finalmente se imponga la razón y el interés de México,  que los diputados decidan elegir a la nueva Mesa Directiva de la Cámara y que dejen para el debate legislativo la aprobación de leyes y nombramientos, que hoy solamente son un supuesto, un hecho incierto, que quizá ni siquiera les toque abordar en esta legislatura.

Vaya surrealismo, qué chabacanería, cuánta miseria desde cualquier ángulo, qué manera de gritar “allá va el ratero” cuando el que está en esa actitud es el que grita, qué manera de ser victimarios y presentarse cómo víctimas.

Que irónico resulta que el Presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya (híbrido de AMLO y RMP), hoy actúe de la misma manera que en el pasado ha criticado en otras personas y haya  decidido  mandar al diablo a las instituciones y declarar traidores a quienes no satisfacen sus aberrantes deseos. Lecciones de la vida, salvo la mejor opinión del lector.

Me sigo preguntando ¿cuándo realmente daremos el paso hacia un país de instituciones y no de intereses y de hombres, para que vivamos con orden, respeto y bajo el imperio de la ley?

¡Muchas gracias y sean felices!
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