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ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ

ARTURO SANTAMARIA

Cada paso que da el Gobierno de Enrique Peña Nieto, días tras día, confirma que prepara la Operación Electoral de Estado más grande y costosa de la historia mexicana para 2018.

No nos referimos, por supuesto, a los 13 mil millones de pesos que entre el INE y los partidos políticos gastarán en el próximo proceso electoral. Los cuales son de suyo una fortuna. Será una cantidad gigantesca para una contienda electoral, una de las más caras del mundo en cifras absolutas y, sin duda, la más cara si calculamos el costo por cada ciudadano que va a las urnas. No, al margen de lo anterior, aquí se habla del dinero que ilegal y subrepticiamente gastarán Peña Nieto y el conjunto de las estructuras de Gobierno priistas, más lo que aporten sindicatos, empresarios y capos del crimen organizado afines al PRI.

Así ha sido desde que el sistema político pasó a ser competitivo. A mayor competencia electoral más recurrió el PRI a recursos extralegales. Claro está que el tricolor no es el único partido que recurre a dineros electorales al margen de la ley. Lo hacen todos, incluyendo Morena, de reciente creación y quien critica de dientes para afuera esas prácticas. Sin embargo, el PRI ha demostrado con creces que es el campeón de la categoría. Y es así porque hay una inversión financiera ilegal proporcionalmente directa a la caída electoral de los hijos de Plutarco Elías Calles. Mientras más se hunde políticamente el PRI más recurren a maniobras ilegales. Y como la caída de Peña Nieto no tiene parangón en la historia nacional, su inversión y operación electoral de Estado será proporcional a ella.

En Coahuila y el Estado de México ya vimos dos claros ejemplos. Sobre todo en la tierra natal del Presidente Peña. Como bien sabemos ahí se volcaron todas las secretarías de Estado y diferentes gobiernos estatales para hacer ganar a Alfredo del Mazo III.

Héctor Aguilar, influyente intelectual que ha asesorado a diferentes gobiernos priistas, entre ellos a Carlos Salinas de Gortari, reveló en uno de sus artículos en la revista Nexos, que él dirige, que un ex gobernante tricolor le confió que en cada elección estatal un Gobernador, y esto hace cuatro cinco años, le mete de las arcas públicas por lo menos 700 millones de pesos, sin contar lo que aportan empresarios legales e ilegales.

Pues ese costo, juren ustedes, va a ser mucho mayor en cada estado para 2018 porque la desventaja priista, hasta el momento, ante Morena y el PAN es grande.

¿Por qué la conjetura de que Peña Nieto va a exprimir las arcas públicas para apoyar electoralmente al PRI el próximo año?

Los ejemplos más inmediatos que respaldan esta suposición ya los vimos en Coahuila y el Estado de México; pero cuando vemos que al hijo predilecto de Atlacomulco se le cae todos los días la popularidad, lo cual se refleja automáticamente en el rechazo a su partido, y no parece importarle nada, no podemos sino concluir que la promoción del voto de su partido en 2018 no será en base a sus hechos de Gobierno sino al abundante dinero y la operación política de las estructuras de Estado.

Si Peña Nieto sostiene a Emilio Lozoya Austin y a Ruiz Esparza a un costo altísimo para su administración y el PRI es porque, primero, ellos fueron operadores financieros fundamentales para el triunfo político del esposo de La Gaviota en 2012 y, segundo, porque a estas alturas lo que le importa al Presidente no es su popularidad sino como asegura la Operación Electoral de Estado en 2018.

Alguien podría pensar que más bien Peña Nieto es testarudo y soberbio, y que por eso sostiene al responsable del socavón de Cuernavaca y al amigo de Odebrecht; pero, sin descartar que tal sicología explique sus decisiones, lo más posible, y objetivo, es que sus funcionarios son dos leales y eficaces operadores financieros y políticos subterráneos, los cuales son claves para la Madre de todas las Batallas peñistas: dejar en Los Pinos a un político que él haya destapado.

Para el PRI las elecciones siempre fueron un asunto de Estado porque se concebía como la encarnación de él. El PRI no era más que el brazo electoral del Estado, pero cuando este se empieza a deconstruir con la acción de los movimientos sociales, el aumento de la fuerza de los partidos de oposición, el surgimiento de los organismos electorales que ya no dependían directamente de él y el arribo del PAN a la Presidencia de la República y del mismo blanquiazul y del PRD a los poderes estatales, la utilización de las estructurales estatales se hizo cada vez más difícil y entonces se vio obligado a recurrir a las fuentes ilegales de financiamiento, incluyendo las del crimen organizado.

El retorno del PRI a Los Pinos con Peña Nieto trajo también de regreso las viejas prácticas políticas, incluyendo en primer lugar las operaciones electorales de Estado. A esto le apuesta el atlacomulquense para evitar que su partido deje el poder. Y todo indica que la de 2018 será monstruosa, como nunca antes vista.

Posdata

Si Fernando Pucheta, Presidente Municipal de Mazatlán, ha gastado 10 millones de pesos en la promoción de su figura para el 2018, imagínense lo que van a gastar el Gobierno Federal, gobernadores y alcaldes priistas para impulsar a su candidato presidencial.

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