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JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ

JUAN ALFONSO MEJIA

KRATOS

El de este año es un inicio de ciclo escolar peculiar. Por un lado representa la puesta en marcha de múltiples proyectos pilotos correspondientes al nuevo modelo educativo, al tiempo que hablamos del último ciclo escolar completo bajo la presente administración. Algunos se preguntan si todavía estamos a tiempo de garantizar la continuidad de la “reforma educativa”. Para mí es muy claro: la elección presidencial es secundaria y distractora del proceso de transformación educativa.

La transformación educativa que buscamos consiste en políticas públicas concretas. Algunas buscan mejorar la formación y el acompañamiento docente, otras impulsar una educación incluyente y de equidad, reorientar el gasto educativo o fomentar la participación social.

Lo que tienen en común es que todas buscan cambiar prácticas en los sistemas educativos, pero sobre todo en las escuelas y las aulas. Esta parte resulta relevante debido a que nos encontramos en la fase de implementación de la política pública. El periodo en el que debe tenerse en cuenta el contexto local para aterrizar, ejecutar, monitorear, evaluar y retroalimentar el proceso.

A continuación expongo tres precisiones que considero necesarias para no caer en falsas provocaciones que nada tienen que ver con el derecho a aprender de la niñez y la juventud en México.

  1. Lo importante es el proceso de transformación y no la elección.

Mientras la “continuidad” está atada desde el origen a un calendario administrativo y un mandato legal, la conquista de los derechos humanos se enfoca en la persona, sin restricciones de un periodo.

Al contar con la restricción del “tiempo”, la continuidad tiene prisa; en el caso de la progresividad, se trata de hacerlo cada vez más y cada vez mejor.

Para la continuidad, contar con un manual de operaciones será de gran ayuda, pero no para la progresividad, interesando en que los agentes de cambio se apropien del proceso, lo hagan suyo, lo que no sucederá porque lo dice “el librito”. La ruta de implementación es importante, pero insuficiente para un proceso que implica identificación de los agentes e irrupción de nuevas prácticas, no de rutinas ajenas al contexto y por lo tanto, carentes de sentido.

Un ejemplo nos ayudará a ilustrar la diferencia entre progresividad y continuidad. El concurso y la asignación de plazas es una de las piezas de política pública que vale la pena reconocer como avance en la implementación, y mayor asimilación por parte del sistema educativo. Sin embargo, el propósito de los concursos es contar con maestros idóneos frente a grupo para que los alumnos alcancen su máximo logro de aprendizaje, cada vez más y cada vez mejor. Es un medio para un fin, un proceso para garantizar un derecho. Limitarse a la sola continuidad impide mejorar el proceso mismo, y con ello el armado del conjunto de piezas que a su vez provoquen cambios con mayor profundidad. Una vez que la comunidad de aprendizaje los hace suyos, que las elecciones irrumpan un año u otro es lo menos importante para mantener vigente el proceso mismo.

  1. La educación es un proyecto social, no político.

Todo proyecto educativo para que trascienda, debe ser eminentemente social o de lo contrario, sólo hay proyecto en papel. Pretender limitarlo, secuestrarlo en las oficinas gubernamentales o extraviarlo en los corrillos del poder es tan equivocado como abandonarlo a la voluntad de un sólo hombre o de una clase política.

El reto del ciclo escolar en turno está en hacer nuestro el proceso de transformación. Es un reto totalmente distinto al que se nos quiere hacer suponer, como el hecho de que: “Si yo gano, no habrá reforma educativa” o su inverso, “solamente conmigo aseguran la posteridad de la transformación”.

De hecho, si de riesgos se trata, existen esfuerzos aún más perversos como la inanición en la que puede caer una entidad federativa para truncar toda la transformación educativa: el (supuesta) compromiso de varios de los gobernadores sólo en el discurso, pero hacen la política de “brazos caídos”. Afortunadamente, no son todos y si hay varios que cuentan con la disposición a favor del cambio.

Para los fines del derecho a aprender, es más importante quién gana o quién pierde en Culiacán, Sinaloa, en Cuetzalan, Puebla o en Orizaba, Veracruz que la elección presidencial del 2018.

  1. La transformación educativa es un proceso, no un hecho aislado.

Un sistema que apoya el aprendizaje, es necesariamente un sistema que aprende; y un sistema que aprende se construye sobre la transparencia, el monitoreo y el ajuste debido.

Reducir el proceso a un hecho aislado genera “miopía” sobre la integralidad de los cambios en curso, de la misma forma que existe “ceguera de taller” si todo se considera un éxito a partir de un solo ejercicio. Es falso que el proceso fracasó si las y los maestros salen a la calle y se manifiestan; o, bien, si los instrumentos de evaluación se ajustan; o aún, si la tutoría todavía no llega a 100 por ciento de los nuevos maestros. De la misma forma, tampoco es cierto que con un concurso de plazas o la publicación de nuevos planes y programas de estudio podemos comportarnos de manera  “triunfalista”.

Este discurso, lleno de fatalismos y triunfalismo simplistas, olvida que todo proceso de transformación es un proceso vivo, progresivo y evolutivo. Exige ajustes.

Diferenciar las exigencias del proceso de transformación educativa de la coyuntura político electoral y las aspiraciones personales de varios de los aspirantes forma parte del reto escolar 2017-2018. Al tiempo.

Que así sea.

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