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MANUEL CÁRDENAS FONSECA

MANUEL CARDENAS FONSECA

Al Instituto Nacional Electoral (INE) y a sus consejeros se les puede acusar de muchos pecados (y con justa razón), pero de lo que no se les puede acusar es de ser los responsables del escandaloso incremento del financiamiento que recibirán los partidos políticos el próximo año, que será de elecciones federales.

Si bien el INE tiene que aprobar el monto de los recursos que se otorgarán a los partidos políticos, lo tiene que hacer con base en una fórmula establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 41) y en la ley electoral vigente. El problema no lo originó el órgano electoral, sino el Poder Legislativo que aprobó en 2008 un nuevo mecanismo para calcular el monto de los recursos que deben recibir los partidos políticos tanto para sus gastos ordinarios, como para actividades específicas, así como para los procesos electorales.

De acuerdo a esta fórmula aún vigente, el financiamiento público para el gasto ordinario de los partidos políticos se obtiene de multiplicar el 65% del salario mínimo (ahora de la Unidad de Medida y Actualización UMA) por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, además se otorga un 3 por ciento de este monto para actividades específicas. En año de elecciones federales para Presidente de la República, Senadores y Diputados, se otorga un 50 por ciento adicional de este monto y cuando sólo se elijan diputados federales un 30 por ciento del monto adicional.

Además de ello, los partidos políticos reciben franquicias postales y telegráficas, tiempos gratuitos de radio y televisión, y recursos en las entidades federativas donde tienen registro.

Esta fórmula sólo logró reducir los recursos en el cortísimo plazo y en poco tiempo generó los mismos o más problemas de los que pretendía solucionar. Para 2018 el financiamiento aprobado para los partidos políticos alcanza los 6 mil 778 millones de pesos, que según declaraciones del INE es la mayor cifra jamás aprobada en esta materia, pero eso no es novedad, también lo fueron en su momento los recursos asignados en 2012 (5,142 millones) y en 2015 (5,199 millones), ambos años electorales como será 2018.

El verdadero problema está en la fórmula utilizada y mientras no se modifique, el financiamiento a los partidos seguirá creciendo año con año y más en años electorales. No hay que ser un sabio para darse cuenta de ello.

Hoy existen en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en los Congreso locales, un importante número de iniciativas que buscan reducir los recursos públicos que se otorgan a los partidos políticos, pero la gran mayoría de ellas (sino es que todas) parten de una visión equivocada, que es seguir estableciendo una fórmula de cálculo para el financiamiento público a partidos políticos que parte de bases variables y en constante crecimiento como la lista nominal, los votos válidos o el padrón electoral, multiplicados por un porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización. De nuevo, aunque en primera instancia se reduciría el monto de los recursos, en poco tiempo nos enfrentaríamos nuevamente al financiamiento público excesivo para los partidos políticos.

Yo he sostenido en múltiples ocasiones, que la única forma de detener el incremento permanente que se les otorgan a los partidos políticos es establecer un monto fijo del cual partir (base constante) y determinar un crecimiento porcentual anual mínimo para años electorales y para años no electorales. Sólo así tendremos claridad sobre los recursos que se otorgan, sobre cómo crecerán en el tiempo y sobre los ajustes que tendrían que hacerse en momentos determinados.

Con este propósito presenté, en enero pasado, en el Senado de la República una amplia iniciativa en materia política-electoral, que específicamente en materia de financiamiento público para los partidos políticos propone:

Primero, establecer como base de partida un monto equivalente al 50 por ciento del financiamiento aprobado para 2017, lo que implicaría un ahorro de alrededor de 2 mil millones de pesos tan sólo en el primer año de aplicación y lo llevaría a cifras similares a las que existían hasta la aplicación de la fórmula vigente, en donde además los partidos tenían que utilizar esos recursos para pagos de radio y televisión, que representaban en promedio alrededor del 60 por ciento del financiamiento que recibían.

Segundo, determinar un incremento del financiamiento del 1 por ciento en año que no haya elecciones federales y de 2 por ciento en años de elecciones federales.

Tercero, disminuir a la mitad los recursos asignados a los partidos para actividades específicas que hoy son el 3% de lo destinado a actividades permanentes y se disminuiría al 1.5%. Esto representaría un ahorro adicional.

Cuarto, eliminar el financiamiento estatal a los partidos con registro nacional en años no electorales locales.

Desafortunadamente esta iniciativa, como tantas otras de gran importancia, duerme el sueño de los justos en las comisiones del Senado.

 

En una proyección, que me tomé la libertad de hacer, sobre mi propuesta y sobre las fórmulas de cálculo del financiamiento público a partidos propuestas en otras iniciativas de reforma en la materia, del año 2018 al año 2036, se pudo demostrar que las fórmulas de cálculo que utilizan bases variables e impredecibles como el padrón electoral, el voto efectivo, el padrón electoral, la inflación, el UMA o cualquier otro de este tipo, propiciaría, inevitablemente, un crecimiento permanente del financiamiento como ha sucedido con la fórmula actual y aún en la anterior que operaba antes de 2008 y en pocos años nos encontraríamos en la misma situación que hoy enfrentamos..

Con una base fija del financiamiento público a los partidos políticos y un crecimiento planeado y transparente, pondremos un límite al crecimiento de los recursos públicos destinados a los partidos políticos y daremos certeza y certidumbre a los ciudadanos sobre el costo de nuestra democracia electoral.

En México hemos optado por hacer del financiamiento público la principal fuente de financiamiento de los partidos políticos con el objeto de blindar a los procesos electorales y a la democracia de intereses de grupos de toda índole y esto parece tener sentido ante las condiciones de nuestro país. Pero lo que no hace sentido en modo alguno, es que estos recursos para los partidos crezcan permanentemente de una manera exponencial, convirtiendo a nuestra democracia electoral en una de las más caras del mundo, y financiada con recursos públicos que son de todos los mexicanos.

Pero tal parece que sólo nos conformamos con alzar la voz y expresar críticas cada año que se aprueba el financiamiento y así lo hacen todas las fuerzas políticas, pero nadie de los que pueden se decide a tomar las acciones concretas y correctas para frenar este derroche electoral. Las propuestas están sobre la mesa (o en un cajón) mucho debate mediático pero nada de decisiones. ¿Hasta cuándo?

¡Muchas gracias y sean felices!

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www.manuelcardenasfonseca.mx

@m_cardenasf