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MANUEL CÁRDENAS FONSECA

MANUEL CARDENAS FONSECA

No cabe duda que cuando se trata de justificar lo injustificable se recurre a los argumentos más inverosímiles y a las argucias retóricas más retorcidas, con tal de dar sentido al sin sentido y de validar lo que a todas luces se muestra reprobable e ilegal.

Me resisto a pensar que "alguien" le haya hablado "al oído", para que salga con esa opinión que, estoy, plenamente seguro, ni a él mismo convence.
 
Cuando se tiene que intentar explicar lo que realmente alguien quiso hacer o decir, lo único que se deja claro es que en las propuestas subyace una mala intención o al menos una intención oculta que debe preocuparnos. Siempre he pensado que la vida democrática no admite “medias tintas”; o se es transparente o se es opaco,  o se rinden cuentas plenamente  o se “maquillan” informes de resultados.

Restringir el debate público de los actos de gobierno, ya sea directamente por los ciudadanos o por los órganos competentes para hacerlo, no implica otra cosa más que un duro golpe a la vida democrática de Sinaloa, cualquier otra interpretación no es más que intentar ocultar una verdad tan grande que nos golpea en la cara.
 
Me refiero a la columna de Jacinto Pérez Gerardo “Reforma del artículo 37... Lo que el congreso quiso decir”, del pasado 8 de julio, en donde hace algunos comentarios y explicaciones sobre el contenido de la reforma aprobada por el Congreso del estado a los artículos 37 y 43 de la Constitución local en materia de fiscalización y revisión de las Cuentas Públicas del estado, municipios  y entes fiscalizables.
 
En primer,  quiero señalar que coincido con Jacinto Pérez en que el Congreso de Sinaloa, durante el pasado período ordinario, actuó con prisas, con muchos desaciertos, con mal manejo de la información y cumpliendo consignas del Ejecutivo local (triste realidad de la división de poderes), En lo que no coincido es que hayan hecho mucho, yo creo que sólo hicieron su trabajo y lo hicieron mal, actuando en contra de los intereses de la mayoría de los sinaloenses que ellos representan. La cantidad no necesariamente se refleja en la calidad de los resultados y claro que el Congreso no supo explicar mucho de lo que hizo, porque no había forma de justificarlo y de darles la cara a los ciudadanos. Encontraron en el silencio la mejor vía para no explicar a los ciudadanos sus acciones.
 
El señor Jacinto Pérez sostiene que el Congreso tuvo que satisfacer la exigencia jurídica para cumplir con los términos perentorios del sistema anticorrupción y del sistema electoral, pero también tuvo que satisfacer la exigencia planteada por la voluntad del Gobernador. Que lamentable que se reconozca que tenemos un Congreso al servicio del Ejecutivo local y ¿la autonomía del Congreso? y ¿la división de poderes? y ¿los pesos y contrapesos propios de una democracia? ¿Dónde quedaron? Quizá esto explique porque aprobaron esta reforma que condena la revisión de las cuentas públicas a la aprobación de  un ejercicio contable.
 
El señor Jacinto Pérez señala que esta reforma forma parte de un conjunto de reformas que tuvo el propósito de armonizar la Constitución local con las reformas anticorrupción federales y nos dice que el 26 de enero el Congreso aprobó el dictamen 66 y dos semanas después el dictamen 86 ambas sobre las cuentas públicas y la Auditoría Superior del estado.
 
Vuelvo a no estar de acuerdo con esta aseveración. Ciertamente los dos dictámenes citados aprobados tuvieron el propósito de armonizar la Constitución federal con las disposiciones constitucionales federales en materia anticorrupción, pero quiero señalarle (yo si conocí de estas importantes reformas) que el dictamen 66 se refiere a la transformación de la Procuraduría General de Justicia en la Fiscalía General del estado como órgano autónomo constitucional (esto en congruencia con la reforma constitucional federal de 2014 al artículo 102 apartado A, y no necesariamente con las reformas anticorrupción posteriores) y no hubo modificaciones sobre la revisión de las cuentas públicas.
 
En relación al dictamen 89 aprobado por el Congreso que entró en vigor en marzo pasado, éste si tuvo el propósito de armonizar la Constitución local con la federal en materia anticorrupción y si hizo cambios sustanciales en cuanto a la ampliación de las facultades del órgano fiscalizador y en materia de la facultad del Congreso de fiscalizar y revisar las cuentas públicas. De hecho se incorporaron muchos de los textos en la materia de la Constitución federal de manera textual.
 
Sin embargo, ni en las iniciativas presentadas en la materia, ni en el dictamen referido, se cuestionaron las facultades del Congreso para llevar a cabo estas tareas, sino por el contrario, en las exposiciones de motivos se expresaron ampliamente sobre la necesidad de contar con mayores herramientas para realizar esta tarea. Baste sólo un breve ejemplo de lo señalado en la exposición de motivos de dos de las iniciativas presentadas y que reproduce el dictamen referido:
 
“Debemos tener en cuenta que para los ciudadanos es muy importante conocer, qué es lo que hacen sus autoridades, cómo lo hacen y qué efectos tienen sus acciones.” (Gomer Monárrez Lara)
 
“Si partimos de que la revisión de la Cuenta Pública constituye un acto político, por ser el Congreso quien lo realiza, y éste es un órgano de control presupuestal, la determinación debe ser una medida de contrapeso y de respecto a la legalidad.” (PAS)
 
Resulta curioso que entonces que se hizo la gran reforma en la materia, no consideraran limitar al Congreso a la simple aprobación de un dictamen técnico. Parece que sus argumentos se les olvidaron en muy pocos meses y ahora consideran que el análisis de ingresos y egresos es suficiente para evaluar el ejercicio de la cuenta pública por parte de los gobiernos.
 
Por supuesto que esta última reforma propuesta no es parte de las reformas para armonizar la Constitución local a la federal en materia anticorrupción, sino producto de una mente, al menos maliciosa, que busca frenar los cuestionamientos sobre como ejercen el gasto público los gobiernos en Sinaloa. Por supuesto que ningún legislador ha querido salir a explicar esta reforma, porque saben lo que aprobaron y saben que es indefendible.
 
El señor Jacinto Pérez pretende hacernos creer que nada ha pasado, que no ha cambiado nada, que a fin de cuentas la ASE seguirá elaborando los informes como lo había venido haciendo y los presentará a la Comisión de Fiscalización y luego el dictamen al Pleno del Congreso.

Remata: “Lo que hizo el Congreso fue establecer un nuevo sistema de revisión de cuentas públicas en el que la ASE tendrá un papel protagónico en el aspecto técnico-contable, pero no definitorio desde el enfoque político.” Nada más y nada menos: se transfirió una facultad que es un poder constituido: el Congreso del estado, a un órgano técnico auxiliar que depende del propio Congreso. También se limitó la facultad del Congreso de revisar las cuentas públicas a la simple aprobación de un dictamen de un informe técnico. El Congreso sólo estará facultado para aprobar un dictamen sobre las Cuentas Públicas, no las Cuentas Públicas en estricto sentido.
 
Pero no habrá opacidad ni falta de transparencia, las cuentas se revisarán por técnicos especialistas con base en documentos contables, se dictaminará en la Comisión de Fiscalización y se publicará para todos aquellos que quieran entenderle a los números. Mientras las cifras cuadren no habrá  problemas mientras la realidad nos muestre cosas distintas. Vaya con la rendición de cuentas.
 
Me parece que el señor Jacinto Pérez no puede o no quiere entender que la facultad de fiscalizar y revisar las cuentas públicas, es del Congreso tanto a nivel local como federal (la Cámara de Diputados) y que esto forma parte de la división de poderes y de los pesos y contrapesos que se establecen entre ellos; por lo tanto es una facultad que no puede ser transferida a un órgano técnico que es coordinado y supervisado por el propio Congreso. Tampoco parece querer comprender que la revisión de la Cuenta Pública no implica un simple ejercicio contable, sino que está íntimamente vinculado con la rendición de cuentas de los gobiernos a los ciudadanos que se realiza a través de sus representantes en el Congreso y que implica la evaluación no sólo de los números sino del cumplimiento de los objetivos, como lo establece la propia Constitución. El informe del órgano fiscalizador  es sólo una de las herramientas con las que cuenta el Congreso para concluir con la revisión de las Cuentas Públicas y así está consignado en el texto constitucional.
 
El señor Jacinto Pérez concluye que el problema es que el Congreso no ha sabido informar sobre la reforma y señala “No solo hay que saber poner el huevo, sino también cacarearlo”. No estoy seguro de ello, si algo saben hacer los legisladores es hasta cacarear los huevos ajenos cuando existe rentabilidad, pero también saben esconder la mano cuando tiran la piedra, para no hacerse responsables de los daños causados. Es por eso que esta inconstitucional y antidemocrática reforma se ha quedado huérfana.

Pero a pesar de estás tan extrañas opiniones propias de los peores tiempos de la LX Legislatura de Sinaloa, hay que ser felices.
 
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