"¡Estamos contigo México!".

JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ

JUAN ALFONSO MEJIA

KRATOS

Confundido, estoy confundido. Tampoco es nada nuevo. Escribo para compartir dudas, no siempre certezas. Llego a ellas haciéndome preguntas, interrogantes sobre “verdades” que ya se suponían preestablecidas.

La duda en la política no es buena, quizás por ello entre tantas otras razones los políticos no escriben, porque no se cuestionan. Un político que se cuestiona se asume vulnerable; un político cuestionado se percibe débil. En ese mundo la única salida es abrazar “la única línea que conocen en el escrito”, aferrarse a ella y no soltar. ¿Se imaginan?, dicen que discuten, que parlamentan, pero todos llegan con una decisión tomada imposible de intercambiar. En pocas palabras, tienen “confeti en el pelo, pero ellas y ellos jamás fueron a la fiesta”.

La política mexicana tiene la gran cualidad de refundarse con gran celeridad. Cuando uno cree haber escuchado lo peor en voz del Presidente de la República, siempre aparece el Gobernador, el Senador, el Diputado, el Alcalde para “seguir escarbando a pesar de estar en el hoyo”. Su creatividad es interminable.

De las últimas novedades se encuentra la de los políticos sinaloenses, quienes preocupados por el chantaje de los opositores en turno, prefieren quitarse atribuciones para que su lugar lo ocupe la Auditoría Superior del Estado (ASE), en compañía de la Comisión de Fiscalización (en lugar de 40 diputados, intervienen sólo 7).

Así como lo lee, en Sinaloa existen políticos a los que: 1) les preocupa el chantaje en un asunto tan serio como el bien público de los sinaloenses; y, 2) prefieren renunciar a sus atribuciones y cederlas a un órgano “autónomo” y sin intereses políticos. ¡¿A poco no es una belleza?!

El chantaje no sólo existe en las democracias más avanzadas, sino es legítimamente reconocido. Para Giovanni Sartori, la mejor forma de contar un sistema de partidos es a partir de su capacidad de chantaje. Para Edmund Burke, padre del liberalismo británico, el parlamento se distingue por institucionalizar el chantaje. Es decir, no sólo se vale, es necesario; en el fondo, la cuestión no está en el qué, sino en el para qué, con qué fin lo hacen.

Platiqué recientemente con el doctor Rigoberto Ocampo, catedrático de la Universidad de Sinaloa y observador acucioso de la vida político electoral del estado. Me hizo una observación a raíz de mi entrega la semana pasada en este mismo espacio, titulada “Confusión y cinismo: la expresión del miedo en la clase política sinaloense”. Para el doctor Ocampo, pensar en la controversia constitucional para revertir la decisión del Congreso al modificar los artículos 37 y 43 es ocioso, por decir lo menos. Por una simple razón: los tiempos see agotaron.

Como el doctor Ocampo sostiene, el Decreto 96 donde el Congreso sinaloense abdica a sus facultades se votó el 7 de febrero; de hecho, se presentó el 23 de enero en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Esto es, para marzo el Poder Legislativo ya no contaba con atribuciones en la aprobación de cuentas públicas y nadie dijo nada. Dejemos de lado a los medios de comunicación, a los observadores de la vida pública, a los académicos, pero ¿también a la oposición?

La oposición no dijo nada sobre la modificación a los artículos primero, cuarto, sexto y noveno desde el mes de enero. Cuando el debate se instaló el pasado mes de julio, su posibilidad de “debatir”, de chantajear ya no existía.

¿Qué pasó entre los partidos que la aprobaron, entre los que “la rechazaron”, entre el Ejecutivo y su bancada, entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Estamos hablando de que “alguien” resultó “chamaqueado” o, más bien alguien no cumplió y los de enfrente se enojaron?; ¿o más bien, a alguien se les olvidó modificar párrafos adicionales y hasta entonces se dieron cuenta los brillantes diputados contrarios a la reforma?

¿Usted, amable lector, qué opina? ¿Con que ojos ve a la clase política de todos los partidos representados en el Congreso? ¿Cómo los calificaría, en el Ejecutivo como en el Legislativo: ingenuos o perversos?

En todo, le ayudo con un recordatorio a fin de que responda a sus interrogantes:

  1. Es mentira que la modificación a los artículos 37 y 43 no le quita atribuciones al Congreso del Estado, que se trata sólo de un tema de formato. Representa en toda su extensión un atentado al equilibrio republicano de poderes.
  1. Es mentira que los cambios están acordes al Sistema Nacional Anticorrupción. Por principio de cuentas, el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) calificó la ley sinaloense como “regular”. Estamos hablando de una franca regresión en términos de transparencia y rendición de cuentas.

Por último, la historia reciente de la política sinaloense no ayuda a la clase política involucrada en este penoso episodio, sin importar el partido político al que pertenezca. El malovismo representó la ambigüedad, no de una persona, sino de toda una elite política, sin rubor a entregarse a intereses contrarios a los del instituto político al que pertenecían, a lo cual siempre se prestaron. De este punto, como de los dos anteriores, le comparto mis certezas.

Que así sea.

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